Aquí
La Paz (Bolivia), nueva etapa, 11 de diciembre de 2010 Año I No. 7
Afiliado a la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap
Editores: Remberto Cárdenas Morales y Yuri Aguilar Dávalos
Índice
Editorial
Aportemos desde Bolivia para enfriar la tierra
De sábado a sábado (132)
Se atienden y se violan derechos humanos en Bolivia
Remberto Cárdenas Morales
Coyuntura 05.10
Balance político 2010
Pedro Mariobo Moreno
de nuestra tierra
Evo pide evitar un “ecocidio y genocidio” del planeta
Diario Cambio
La amnesia petrolera en Bolivia
Refrescando la memoria del vertido
Por Marc Gavaldà
Desastre ecológico en territorio boliviano
Rosa Rojas
lucha de nuestros pueblos
El deber y la epidemia en Haití
Fidel Castro Ruz
En el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Derecho al delirio
Eduardo Galeano, escritor e historiador uruguayo
La verdad siempre vencerá
Por Julian Assange (The Australian)
El Gobierno en ridículo: Aborta en Chile un montaje de la CIA contra paquistaní
Hernán Uribe
desde la inmigración
Ante el asesinato de 4 personas, entre ellas, 2 bolivianos en Buenos Aires:
Declaraciones racistas contra bolivianos, paraguayos y peruanos
La Protesta
Volante de Izquierda Socialista:
Macri y Cristina sonlos responsables
Macri y los peligros de la xenofobia
Por Werner Pertot
Diario Página 12, Buenos aires.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158449-2010-12-10.html
Acechanzas de derecha
Por Mario Wainfeld
libros, cine
Días amargos de Vaca Guzmán:
Una novela olvidada del romanticismo en Bolivia
Ricardo Aguilar Agramont
Una lectura sobre Loco Afán:
Crónicas de Sidario de Pedro Lemebel
Ricardo Aguilar Agramont
lecturas
Las ejecuciones extralegales continúan
Miembros del CNPZ y Jorge Lonsdale fueron asesinados en 1990
Yuri Aguilar Dávalos
Declaración Universal de los Derechos humanos
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948
Redactores:
La Paz: María Elsa Crispín Quiñones, Constancio Mamani Aruni, Wilfredo Pomier Miranda, María Isabel Pomier Yujra y María Luisa Quezada Portugal. Cochabamba: Alonso Contreras Baspineiro, Fernando Méndez Terrazas y Claudia Zegarra Rivero. Santa Cruz: Alejandro Dausá. Oruro: Héctor A. Hinojosa Rodríguez. Sucre: Roberto Valdiviezo Luna. Potosí: Rosa Laime Muñoz. Trinidad: Emil Balcázar Lara. Madrid (España): Carlos M. Caravantes García.
Sobre el Comandante de Nuestra América: www.chebolivia.org
De la Redacción:
Las notas firmadas expresan los criterios de los autores.
Editorial
Aportemos desde Bolivia para enfriar la tierra
Lo esencial del planeamiento del presidente boliviano, Evo Morales, para defender la tierra, para enfriarla dice él, es compartido en Bolivia y en países del llamado Tercer Mundo, a lo que suman otros de distintas regiones del globo. Ese discurso presidencial, mejor recibido en México que en abril de este año en Bolivia, sin embargo, debe aplicarse sin más dilaciones en nuestro país, decimos desde esta nota editorial, así como reclaman cada vez más otros compatriotas.
Esa frase bíblica: la caridad debe empezar por casa, vale para hacer una lectura conjunta de aquélla con el Presidente, pero sobre todo para hacer en Bolivia lo que ahora se aconseja para que otros realicen en tantas otras latitudes del mundo.
El capitalismo (y el imperialismo, agregamos) es el principal responsable del calentamiento global de la tierra, por lo que la forma capitalista de producir es la que se tiene que cambiar. Además, deben alterar su comportamiento las empresas transnacionales, que mandan por encima de los gobiernos locales, y comprometerse a tomar las medidas que aseguren la disminución del calentamiento de la tierra, en un porcentaje mayor al 5 por ciento, como propone el Protocolo de Kyoto.
Esa verdad tiene que llevar al gobierno boliviano a dejar a un lado la consigna de que prefiere socios y no patrones, lo que ahora sirve para asegurar la vida y el desarrollo del aún capitalismo dependiente y todavía atrasado imperante de Bolivia. El Presidente sería coherente con su discurso (cuando dice que la responsabilidad principal del calentamiento de la tierra es del capitalismo) si en la práctica su gobierno da pasos, para lo que tiene que calzar botas de siete leguas, y articula las bases materiales (económico-sociales) para construir el socialismo comunitario (sin importar el apellido) y sin más dilaciones. Por tanto, en vez de sugerir que esa forma socialista de producir y de distribuir, está en el horizonte boliviano, tiene que convertirla en tarea política práctica que debiera emprenderse rápido.
De inmediato, aquí en el país, tiene que hacerse todo lo que aporte a mermar el calentamiento de la tierra. Esas consecuencias ya las padecemos y las enfrentamos sin la diligencia y sin los recursos materiales ni humanos que hacen falta.
Hablamos de los deshielos en los andes, las sequías especialmente en el chaco, las lluvias desparejas en regiones como el altiplano, el calor en aumento en todo el país, la deforestación que provoca pérdida de recursos genéticos (biodiversidad), la amenaza real de que las actuales tierras fértiles se conviertan en arenales que nada produzcan, la erosión de suelos o el empobrecimiento de estos últimos debido a cultivos esquilmadores en extremo de la tierra, la contaminación con humo de vehículos a diesel…son algunas de las secuelas del calentamiento global en tierras bolivianas.
Decimos que la caridad debe empezar por casa, para decirlo en lenguaje prestado del cristianismo: específicamente y para que haya correspondencia entre lo que dice el Presidente en reuniones como la que acabó ayer en Cancún (México) y lo que aquí se hace, es urgente que se abandonen los propósitos de instalar empresas hidroeléctricas en Cachuela Esperanza (Beni), en el río internacional Madera (Pando) y en El Bala (La Paz).
Estudios realizados por expertos, por encargo de instancias vinculadas al gobierno, establecen que esas empresas hidroeléctricas provocarían inundaciones incontrolables, enfermedades difíciles de tratar, mortandad de peces que recorren río arriba pero que serán detenidos porque aquella industria detiene o desvía las aguas, destrucción de los ecosistemas y de la biodiversidad; en pocas palabras: destrucción de la vida en la tierra.
Rondonia (Brasil) es el lamentable ejemplo de las consecuencias negativas de una política que propone que para conseguir el desarrollo de nuestros países y pueblos hay que sacrificar la naturaleza si es necesario, frente a la otra que propone la industrialización y preservar bosques y biodiversidad en todo aquello que sí es posible.
Los campesinos e indígenas de Pando, que en cada ocasión que se les presenta reclaman porque allí el ritmo de la deforestación sigue como antes o que transcurre en mayor escala aún, ante la propuesta de la instalación de empresas hidroeléctricas en el río Madera han respondido, porque lo tienen muy claro, que aquella energía, que sería cara, servirá sobre todo para la exportación y que será un millonario negocio para las empresas transnacionales; en cambio, nuestros pueblos serían los últimos en beneficiarse, pero con migajas.
Esa población, postergada durante siglos, cree que se deben defenderse bosques (los pulmones verdes) y los recursos genéticos de aquellos lugares. Para ello y en vez de empresas hidroeléctricas, según ellos, se deben instalar paneles solares que generen energía eléctrica o para conseguir esa energía se debe utilizar biomasa. Nada de esto descarta la instalación de generadores de electricidad, como sucede en poblaciones menores. Añadimos: se deben instalar aerogeneradores (hélices movidas por el viento) los que también generan energía.
Aquellas propuestas que parecen muestra de nuestro atraso, son de veras proteccionistas de la naturaleza, lo que tenemos que festejar.
Lo que no debemos celebrar es que en Bolivia no se haga lo que se sugiere a otros gobiernos y países. Es cierto que Estados Unidos, China, Japón, imponen un ritmo de crecimiento económico sin importar el sacrificio de la naturaleza y del calentamiento de la tierra, son los que en primer lugar deben aportar para conseguir el “enfriamiento” de madre tierra. Sin embargo, aquí en suelo boliviano no se hace lo que aconseja el presidente Morales a otros países y gobiernos. La ejecución de esas propuestas, aquí, deben iniciarla, especialmente, los gobernantes.
Las conclusiones de la reunión de Cancún anuncian más dificultades en la próxima reunión a realizarse en Sudáfrica, como el abandono del Protocolo de Kyoto por países como Japón, así como antes EE.UU. se negó a firmarlo.
La campaña presidencial desde Bolivia: declaratoria de los derechos de la madre tierra por la ONU, referéndum mundial para defender los derechos de la tierra, tribunales internacionales para procesar a los infractores de esos derechos, los llamados a evitar el “ecocidio” y/o el “genocidio”, las campañas a escala internacional y otras iniciativas, deben emprenderse sistemáticamente.
En correspondencia, en Bolivia, cuando se propone plantar 10 millones de árboles para igualar el número de habitantes del país, es un dato que renueva la esperanza de que desde aquí debemos aportar al enfriamiento de la madre tierra, para lo que se tiene que contrarrestar la deforestación.
De sábado a sábado (132)
Se atienden y se violan derechos humanos en Bolivia
Remberto Cárdenas Morales*
Mientras en Bolivia funcionen los organismos de dominación del viejo Estado (Ejército, Policía y burocracia) y entre tanto el gobierno actual no sea antiimperialista y revolucionario, sensiblemente se violan derechos humanos, como ocurrió en el curso de 2010, aunque es cierto que aquí y ahora hay mejores condiciones materiales, y disposición ideológica y política como para atender otros derechos, varios de los que se ejercen, lo que esperamos sea pleno. Y en un nuevo Estado serán menores o desaparecerán las violaciones de tales derechos.
Aquí ofrecemos un inventario incompleto de aquellas violaciones, sin perder de vista los derechos que fueron atendidos, los que citaremos a manera de ejemplo. En ocasión de los 62 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reproducimos en esta edición de Aquí 7, es imprescindible un recuento de aquellas violaciones, sobre todo porque en las condiciones de un gobierno como el actual aquéllas no debieron ocurrir:
—Se violó el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad, a la educación, al trabajo, a la libre expresión, los primeros días de mayo de este año en Caranavi. Allí, policías de acuerdo a testimonios, segaron la vida de dos estudiantes: Mario Fidel Hernani Jiménez y David Calisaya Mamani, así como hirieron a más de dos decenas de personas, varias de ellas ajenas al conflicto. Entonces se registraron agravantes que cabe señalar: un discapacitado sigue preso en el Penal de San Pedro de La Paz sin que hasta este momento se le haya devuelto su libertad o se le dé el tratamiento médico que necesita. Además, el ministro de Gobierno en funciones mintió y miente cuando afirma que en Caranavi operaba un movimiento político armado, que contra los dos jóvenes dispararon “infiltrados” y que ante la inminencia de un enfrentamiento entre bloqueadores del camino La Paz-Caranavi, con trabajadores de centros auríferos como Guanay, se ordenó el desbloqueo. Recordemos que aquel conflicto se debió a que pobladores de Caranavi exigieron con aquella medida de fuerza que una planta procesadora de cítricos se instale en aquella capital de provincia y no en Alto Beni. Como salida al conflicto ambas localidades contarán cada una con una industria que procese cítricos.
—En el norte de Potosí, tierra sin autoridad y sin ley, dicen, tuvo y tiene lugar el tráfico de mercancías procedentes de Chile, sobre todo de vehículos. Allí fueron “linchados” cuatro suboficiales y un oficial de la Policía Boliviana, a los que lugareños los culparon de extorsión (cobros ilegales para internar mercadería de contrabando por esa zona). La investigación que está en curso no logró todavía esclarecer esos hechos luctuosos. Los familiares de los policías muertos aseguran que hubo negligencia de autoridades del gobierno y de la Policía, así como pobladores de la región informan de que efectivos policiales violaron (en el curso de este año y antes) derechos humanos, como el de libre tránsito, el de seguridad, la libertad…
—En cuarteles, oficiales que presentan como ejercicios de entrenamiento para una eventual guerra internacional, torturaron a conscriptos. Varios de éstos han resultado lesionados de gravedad, otros antes murieron como consecuencia de vejámenes similares. Sin que hayan desparecido, los ejercicios excesivos en tiempo e intensidad, las “chocolateada” en los cuarteles, han sido remplazados por el también llamado “submarino”: introducción de la cabeza de una persona en un recipiente lleno de agua o en un río lo que, ciertamente, es una aproximación a la asfixia o al ahogamiento. Esta forma de la tortura tuvo lugar, especialmente, en las prisiones de la dictadura de Banzer, una práctica asimilada en la Escuela de las Américas yanqui impartida a los oficiales y los jefes militares concurrentes (ahora heredada y ejecutada en nuestro país).
—Miembros de la Policía Boliviana, por negligencia, han facilitado linchamientos (ejecución de presuntos delincuentes sin proceso debido y sin que los delitos sean infraganti), lo que nada tiene que ver con la justicia comunitaria. Los malos tratos dentro de un recinto penitenciario son conocidos y hasta tolerados por los reclusos y/o éstos son devueltos a la calle para que ejecuten robos, cuyo producto comparten uniformados de la Policía. Lo que constituye violación del derecho a la vida, delito sin atenuantes, es la tortura hasta provocar la muerte de un presunto delincuente, como ocurrió en un puesto policial de El Alto, en el que truncaron la vida del detenido David Olorio. La agravante, presumida y no demostrada, es que esos policías acabaron con la vida de aquel probable delincuente, para encubrir a policías que, quizá, sean parte de la gavilla de malhechores que asaltaron un puesto de cobro de peaje entre La Paz y El Alto. También, policías han sido descubiertos como integrantes de bandas delincuenciales. Y más de 200 de aquéllos fueron dados de baja y más de tres centenares merecen juicios criminales o se tramitan en juzgados ordinarios.
—Compartimos el criterio de quienes sostienen que también violan los derechos humanos los miembros de organismos paramilitares, tipo Unión Juvenil Cruceñista. Los miembros de ésta y otras similares violaron derechos humanos en la llamada media luna, sobre todo en 2008.
—Otros derechos, tan humanos como los señalados, son desatendidos, aunque la omisión al menos se explica porque lo que producimos en Bolivia (Producto Interno Bruto) es insuficiente como para que, de inmediato, haya alimentación para todos (las tres comidas de las que habló Lula para los brasileños), trabajo permanente para los desocupados, supresión del trabajo infantil, vivienda para todos, salud para todos, educación para todos.
—Sin embargo, como ejemplos de los derechos atendidos tenemos: tierra en propiedad colectiva e individual, especialmente para las mujeres casadas o solteras; restitución del territorio indígenas para los originarios; los derechos fundamentales incorporados a la nueva Constitución Política del Estado por la que delegados de sectores importantes de la población ayudamos a redactar y por la que votamos la mayoría de los bolivianos.
Esas violaciones son un pendón indecoroso de sus autores, un demérito de gobernantes que osan explicar e intentan justificarlas. Por ello, resulta destemplado que nuestro gobierno pida al de Argentina respetar los derechos humanos de los inmigrantes bolivianos en aquel vecino país.
Si esos gobernantes y en particular el primer ciudadano de Bolivia asumieran una actitud autocrítica frente a sus errores, los que pueden tener consecuencias de largo alcance (estratégicas), ayudarían a un reencuentro, a una nueva alianza, entre el gobierno y los sectores sociales cuyos miembros, en distintos grados, han sufrido violación de sus derechos legales y legítimos.
Lo evidente es que, como no esperábamos, en esta Bolivia que cambia se satisfacen derechos humanos, pero a la vez se viola otros. Violación que tiene como responsables a miembros de organismos armados que se formaron para custodiar al viejo Estado y que demuestran incompetencia para proteger los derechos humanos en este tiempo en el que los cambios también deben efectivizarse en el respeto y la realización de los derechos humanos, especialmente, de los más desfavorecidos de Bolivia.
La Paz, 11 de diciembre de 2010.
*Periodista
Coyuntura 05.10
Balance político 2010
Pedro Mariobo Moreno
Los indicadores tomados en cuenta en este balance son: económico, social, político y militar, didácticamente por separado e integrados por la interacción política entre ellos.
Balance económico
La coyuntura se concentra en la inflación y su impacto social y político. Ya sabemos que la inflación será superior al 5%, superior al calculado que era 4.2% para este año y en ese porcentaje se había previsto el reajuste salarial en mayo con retroactividad a enero 2011.
El impacto político, buscado por la derecha, fue nuevamente tratar de “udepisar” el proyecto del cambio. Esto no fue suficiente porque los ingresos del Estado estuvieron y están garantizados con los buenos precios de los hidrocarburos y minerales. Hay reservas y con ellas el incremento de la inversión pública que atenúa el impacto social y político de la inflación. Pero no hay que descuidarse, aunque estamos muy, pero muy lejos de la udepisación.
Balance social
La base social del proceso está conformada por los movimientos sociales, las organizaciones populares (no todas) y parte de la sociedad civil organizada. En este balance veremos los factores coyunturales que tocaron intereses profundos de la sociedad en general. Ellos son: la libertad de expresión, la reactivación del racismo y la discriminación, los avances hacia la consolidación de la democracia o su desvalorización.
La libertad de expresión se manifestó de parte del gobierno y la oposición. El gobierno aguantó las críticas de totalitarismo, de dictadura, de tratar de controlar todos los poderes y de ser intolerantes con las críticas. Digo que aguantó porque en pleno ejercicio de la libertad de expresión tuvo la paciencia de que sus críticos se desgastasen solos. Y los derrotó con la paciencia y el tiempo.
El racismo, cuya expresión pública última se la conoce a través de las declaraciones y la salida de Humberto Roca (AEROSUR), escudándose en el estribillo de que es una persecución política como en los anteriores casos de imputados y acusados por la justicia, es una demostración más de que el racismo y la discriminación no ha de ser fácil de controlarla menos de derrotarla. Cuando estos señores aún controlan sus reacciones, moderan sus expresiones; pero cuando les tocan sus intereses, les sale lo que son, como son, como han vivido toda su vida. La contradicción entre el ser y el pensar aflora preñado de racismo.
Mientras el proceso de cambio no se consolide y las 130 ó más leyes que viabilizarán la CPE en los cuatro años que le restan al período constitucional, la democracia estará a prueba constantemente. Surgirán alternativas para “reconducir el proceso”; habrá más disidentes de las filas oficialistas y reorganización de ellos para presentarse como “alternativas” contra la intolerancia, desviacionismo, etc. En esta coyuntura nada parece catalizar el descontento que sí existe, pero que aún no pone en riesgo el proceso. Y los órganos estatales, tienen todavía los mecanismos de control, inclusive para ir conformando la hegemonía que requiere el proceso para su avance.
Balance político
La mayoría de los medios de comunicación, como caja de resonancia de la oposición, no es suficiente para generar liderazgo, propuesta política ni organización.
Una oposición dispersa (sin organización), sin propuesta alternativa de gobierno (programa) y sin ideología que no sean tentativas de maquillar el neoliberalismo en desbandada, va desgastar a los medios, a sus dueños y a los periodistas que por temor a perder sus empleos, siguen las directrices de esa oposición ya derrotada pero no eliminada. Es que en democracia no se puede eliminar a la oposición, es parte de la democracia debatir posiciones, propuestas, ideas y tendencias para fortalecerla.
Los órganos del Estado, su instrumento político (MAS-IPSP), sus operadores políticos y los líderes de la opinión oficial (con Álvaro a la cabeza), tienen las mejores condiciones coyunturales y del proceso para no detener su avance.
Balance militar
Fue Karl Von Clausewich el que afirmó que “la guerra es la continuación de la política por otros medios”. Si bien no estamos en guerra militar, pero los misiles chinos parecen haber estallado así desmantelados como los devolvió Estados Unidos del Norte. Y han vuelto al tapete los debates sobre políticas de defensa del Estado.
Con el debilitamiento del intervencionismo diplomático, económico, financiero de la potencia del norte sobre Bolivia y en gran parte de Latinoamérica, no significa que el militarismo imperial esté durmiendo. La actividad de la CIA con seguridad se ha intensificado con todos sus medios de camuflaje y de cobertura que han desarrollado en más de medio siglo de existencia. Las operaciones psicológicas deben estar siendo barajadas por sus comandos conjuntos como barajan a la vez las oportunidades para realizarlas. Esto es lo que no deben olvidar los mecanismos e instrumentos de defensa por lo menos para dar la clarinada continental en caso de intervencionismo militar o militar-político como en Honduras.
Las experiencias del caso Rosza en la media luna, que no está del todo derrotada, menos olvidada, es una demostración de que existen muchas formas de cómo se pueden articular los movimientos sociales, civiles, políticos, institucionales y económicos con lo militar.
Los pretextos que tiene el imperio con sus nexos con la derecha boliviana, es la relación con Irán y la perspectiva nuclear pacífica de ese país; otro pretexto es la declaración de las FF. AA: de haber dado un viraje al socialismo y de responder con un “Venceremos” al grito del Capitán General de “Patria o Muerte”.
Recordemos que el imperio masacró, con nuestras propias FF. AA. a los mineros en la noche de San Juan de 1967, porque los compañeros de Siglo XX y Catavi, en asamblea, decidieron apoyar la guerrilla del Che con una mita (el salario de un día), como recurso simbólico para la acción guerrillera que ya había comenzado el Che en Bolivia. En la actual democracia, ni lo uno ni lo otro podrían ni deberían repetirse.
La Paz, 10 de diciembre de 2010.
de nuestra tierra
Evo pide evitar un “ecocidio y genocidio” del planeta
Diario Cambio
El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, dijo en la XVI Conferencia sobre Cambio Climático en Cancún, México, que si las naciones ricas renuncian a renovar el Protocolo de Kioto, que las compromete a cortar las emisiones de carbono, “seremos responsables de un ecocidio y un genocidio”.
“Si nosotros desde acá enviamos al basurero el Protocolo de Kioto seremos responsables de economicidio, de ecocidio, por tanto de genocidio, porque estamos atentando a la humanidad en su conjunto”, afirmó.
Aplaudido por la plenaria de la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que reúne a más de 190 países en Cancún en busca de acuerdos para enfrentar el cambio climático en el planeta, sostuvo que los desastres del clima ya cobran 300.000 vidas anuales y que en pocos años serán un millón.
Compromisos claros
Presidentes, jefes de delegaciones, gobiernos, pongámonos, pónganse a la altura de millones y millones de familias que son víctimas del calentamiento global, del cambio climático”.
Los países en desarrollo se encuadraron, en la conferencia, en el reclamo de una extensión más allá de 2012 del Protocolo de Kioto. Éste es uno de los grandes escollos de las negociaciones una vez que Japón subrayó que no renovará ese protocolo, al criticar que Estados Unidos y China, los mayores emisores del planeta, están fuera del acuerdo.
El documento, aprobado en la ciudad japonesa de Kioto en 1997 y no ratificado por Estados Unidos, precisa el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en una media del 5,2 por ciento con respecto a los niveles de 1990.
Kioto es el único mecanismo formal y oficial que actualmente obliga a recortes en las emisiones de carbono de los países industrializados.
El presidente indígena boliviano llevó a los negociadores del clima en Cancún las 15 conclusiones de la Conferencia de los Pueblos y los Derechos de la Madre Tierra celebrada en abril en Cochabamba.
Ésta defiende desde la reducción al 50 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, la aprobación de una carta de derechos de la Madre Tierra, respeto a los pobladores tradicionales e indígenas y la creación de un tribunal internacional del clima para juzgar a los países ricos que incumplan sus deberes.
Responsabilidad
“Como presidentes, gobiernos, jefes de delegaciones, organismos internacionales, tenemos una enorme responsabilidad con la vida, la humanidad, y eso es ser responsable con el planeta, la naturaleza, con la Tierra”, continuó el Presidente.
Señaló que después de escuchar algunas informaciones mediante los medios de comunicación en Cancún se quiere repetir los resultados obtenidos en la capital danesa. “Para mí Copenhague no ha sido fracaso, si algo ha sido fracaso es para las potencias del mundo, pero no para los pueblos del mundo, porque se quería aprobar un documento que permita más calentamiento al planeta”.
“Existe la obligación de las potencias de pagar la deuda ecológica, pero por encima de la deuda ecológica es más importante cambiar las causas del calentamiento global”, remarcó.
“Cómo es eso de ser víctima del calentamiento global por el cambio climático, una familia o millones de familias no conocen ni tienen servicios como la calefacción o, finalmente, otras formas de evitar la temperatura o el frío”, ejemplificó.
Añadió que la falta de agua es la causa del cambio climático y el calentamiento global, “sin agua no hay alimentos, no tienen trabajo porque se muere su ganado con el que sobreviven, entonces no hay agua en su comunidad, en su región, y se siente impotente de resolver ese problema dramático de la familia”.
El presidente boliviano responsabilizó al capitalismo del cambio climático e insistió en la necesidad de que los países desarrollados asuman nuevos compromisos para reducir sus emisiones de gases. “O muere el capitalismo, o muere la Madre Tierra. Buscar una salida intermedia es engañar al mundo”.
“Cuál es el fondo, cuál es el tema estructural, es el capitalismo, estamos debatiendo a veces solamente los efectos del calentamiento global y no las causas del calentamiento global, y debemos ser responsables para debatir esas causas”, expresó.
“De las crisis generadas por el capitalismo, aquí venimos a discutir una, la crisis climática.
Recordó la responsabilidad de los gobiernos para que en Cancún se adopten decisiones clave para hacer frente al calentamiento global.
Morales, insistió en revertir la actual tendencia de la COP 16 y asestar un ‘Cancunazo’ pro reducción concertada de la emisión de venenos a la atmósfera y, en consecuencia, de la temperatura global.
“El calentamiento acaba con las vidas, con el agua, y si no hay agua no hay producción, y si no hay producción no hay alimento”, reflexionó.
Morales: “Planeta o muerte, planeta o muerte”
“¡Planeta o muerte!”, fue el grito a todo pulmón que lanzó el Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, al finalizar su alocución en la concentración convocada por la Vía Campesina, que reunió cerca de 1.500 personas de organizaciones sociales de varios países.
El Jefe de Estado planteó ante los miles de defensores del medio ambiente la preparación de una nueva doctrina: “Si el capitalismo es sinónimo de muerte, por qué no plantear una doctrina para la vida”.
Mencionó que frente al capitalismo, el neoliberalismo, el colonialismo y el imperialismo, se debe construir el neosocialismo con el objetivo de vivir bien y compartir entre hermanos, “queremos un neosocialismo para vivir en armonía, dignidad e igualdad”.
Señaló que si los sectores sociales se organizan es posible un nuevo mundo, la esperanza de salvar el planeta, “por esta razón, la nueva doctrina debe ser para la vida y por la vida de las futuras generaciones”.
Recordó que los representantes de las potencias industrializadas no viven las consecuencias de los efectos del cambio climático, en cambio en Bolivia se siente la sequía, inundaciones, cambios climáticos que afectan a la agricultura, ganadería y producción en general, consecuencia del calentamiento global generado por los gases contaminantes.
Referendo mundial en defensa de la Madre Tierra
El presidente de Bolivia, Evo Morales Ayma, propuso ayer en la XVI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 16) la realización de un referéndum mundial sobre las medidas que debe adoptar el mundo en defensa de la vida, la naturaleza y la humanidad.
El mandatario boliviano manifestó que la mejor forma de dar una esperanza a los pueblos del mundo es promoviendo una alianza de los organismos internacionales, gobiernos y fuerzas sociales en defensa de la Madre Tierra. Los desacuerdos pueden ser definidos consultando a los pueblos del mundo.
“Si no estamos de acuerdo con algunas propuestas, ni con el Protocolo de Kioto, ¿por qué no ir como gobiernos y pueblos democráticos a un referéndum mundial?”, sugirió el Primer Mandatario.
Se refirió implícitamente a la resistencia de algunos gobiernos de países industrializados a adoptar medidas en defensa de la sobrevivencia del planeta, inclusive con planteamientos dirigidos a dar por concluido el Protocolo de Kioto, que inicialmente fue adoptado el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón.
El Presidente, ante el plenario de la Cumbre Climática, instó a los gobernantes a “practicar la democracia mundial con la convocatoria y realización de un referéndum mundial sobre las medidas a adoptarse sobre el cambio climático, una consulta que debe ser garantizada por todas las estructuras del Estado”.
Agregó que los gobiernos y sus presidentes deben respetar el mandato que salga de los pueblos en la consulta mundial. “Sería algo histórico consultar a los pueblos lo que deben hacer sus gobiernos en defensa de la vida, la humanidad y el planeta Tierra”.
El Jefe de Estado realizó esas aseveraciones en una conferencia de prensa tras su participación en la Cumbre sobre el Cambio Climático que concluirá el viernes en este balneario mexicano.
La propuesta de un referéndum mundial para definir acciones en defensa de la sobrevivencia del planeta ya fue planteada por el presidente boliviano en la Cumbre sobre el Cambio Climático que se celebró en Copenhague en diciembre del año pasado, donde obtuvo el respaldo de las representaciones de los movimientos sociales de todo el mundo.
Morales anotó que el fracaso de la Cumbre de Copenhague, Dinamarca, no fue de los pueblos, sino de los gobiernos de las naciones industrializadas, que fueron incapaces de adoptar medidas que impidan que el planeta marche hacia su gradual extinción.
En abril de este año, el gobierno boliviano organizó la Conferencia Mundial de los Pueblos y los Derechos de la Madre Tierra, que se realizó en la localidad de Tiquipaya, donde participaron alrededor de 35.000 representantes de gobiernos, organizaciones internacionales y movimientos sociales del mundo.
Recomendaciones de tiquipaya
En ese encuentro fue aprobado un conjunto de recomendaciones para salvar al mundo de su destrucción, entre las que se destacan la necesidad de bajar la temperatura del planeta, implantar un tribunal de justicia climática que sancione a los infractores y exigir a las naciones industrializadas el pago de la deuda climática que acumularon a lo largo de siglos por la depredación de los recursos naturales en el mundo.
Destacó que en décadas pasadas, hace 60 ó 70 años, las Naciones Unidas aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después aprobaron derechos civiles, derechos económicos, derechos políticos, y en los últimos años se logró la aprobación de los derechos de los indígenas del mundo.
“Este nuevo milenio es para debatir y aprobar desde las Naciones Unidas los derechos de la Madre Tierra, derechos a regenerar su biocapacidad, derechos a tener una vida limpia sin contaminación de la Madre Tierra, derecho al equilibrio de la Madre Tierra, y si como seres humanos, como gobiernos no garantizamos el equilibrio de la Madre Tierra, su derecho a regenerar su biocapacidad, todos seremos responsables del genocidio”, dijo el mandatario. La cita climática concluye hoy en el balneario mexicano de Cancún.
Tribunal de Justicia Climática
El presidente de Bolivia, Evo Morales, demandó en Cancún —sede mexicana de la XVI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 16)— la instauración de un Tribunal Internacional de Justicia Climática como recurso único y efectivo para poner en práctica el Protocolo de Kioto.
“Un Tribunal Internacional de Justicia Climática para hacer cumplir el Protocolo de Kioto”, subrayó el presidente en una alocución en el marco de la COP 16. El tribunal forma parte sustantiva de las propuestas de la I Conferencia Mundial de Pueblos sobre el Cambio Climático y Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Bolivia en abril último.
“Sabemos todos, como presidentes, que son tan importantes algunas medidas para respetar las normas contenidas en el Protocolo de Kioto. Aquí es importante la parte coercitiva si queremos defender la vida y, por eso, con mucha sabiduría, los pueblos del mundo plantean crear, fundar un Tribunal Internacional de Justicia Climática. Deben ser juzgados quienes no respetamos los derechos de la Madre Tierra”, manifestó el Jefe de Estado.
Rechazó tajantemente la emisión de bonos por potencias industriales para comprar espacios naturales vírgenes en el planeta que contrarresten la emisión irrestricta del dióxido de carbono.
“Venimos aquí para salvar la naturaleza, para salvar al bosque, para salvar al planeta Tierra, no para convertir a la naturaleza en un mercancía y no para plantear la sobrevivencia del capitalismo mediante los bonos de carbono. El bosque, la naturaleza, son algo sagrado para los pueblos del mundo”, sentenció Morales en su discurso.
La amnesia petrolera en Bolivia
Refrescando la memoria del vertido
Por Marc Gavaldà
La corta memoria de los ya de por sí ocultados episodios catastróficos de la historia del petróleo boliviano, favorece la profundización de las letales consecuencias. La —de momento— tibia reacción del pueblo boliviano ante el Decreto 0676, aprobado por el gobierno de Evo Morales el 20 de octubre de 2010, que multiplica por dos las áreas petroleras del país, se enmarca en esta amnesia generalizada que olvida los tristes acontecimientos de la historia contemporánea para tropezar una y otra vez con las misma piedra.
Un decreto para la invasión
Bolivia, con más de un siglo de historia petrolera y siglos de condena por la política extractivista de sus recursos, renueva su apuesta entregando sus tierras más ricas y bien conservadas del país a las transnacionales petroleras. La nueva ofensiva negra, adornada con los más repetidos argumentos de progreso económico para el país, sirve en bandeja millones de hectáreas de áreas protegidas amazónicas y chaqueñas, así como los últimos territorios indígenas sin invadir para que las nuevas “socias”, —con capital y domicilios deslocalizados— machaquen el territorio en la actividad más nociva del planeta.
Entre otras áreas de importancia biológica mundial, el decreto 0676 convierte en bloque petrolero más de 690 mil hectáreas del “hot spot” en biodiversidad Parque Nacional Madidi; 723 mil hectáreas en el parque nacional y territorio indígena Isiboro Sécure, 154 mil hectáreas del Parque Nacional Aguaragüe; 100 mil hectáreas del área de manejo integrado de Iñao.
La mágica fórmula del nuevo decreto de Evo, presume de la más rentable estrategia para el Estado, pero recuerda demasiado a la nefasta “capitalización” aplicada por sus antecesores neoliberales. La empresa estatal YPFB, se adjudicó en 2007, 33 áreas de interés hidrocarburífero, varias de ellas en el interior de áreas protegidas intactas. Ahora, el Decreto abre las puertas para que las corporaciones privadas ingresen en estos territorios asociadas a YPFB para iniciar la fase de exploración sísmica. En los oscuros años de la entrega —“a precio de gallina muerta”— de todas las empresas estatales, similares argumentos embaucaron al pueblo boliviano a desprenderse de todo a cambio de promesas extranjeras.
Los pasivos ambientales están ahí
Existen y están presentes en cada una de las concesiones petroleras del país —y del continente. Sin embargo, paradójicamente ningún decreto petrolero los menciona, a pesar de ser éstos aprobados bajo la envoltura del “interés nacional”. Los pasivos ambientales, son aquellas externalidades que las petroleras transfieren a los ecosistemas, a los habitantes y a las generaciones futuras. Difíciles de cuantificar —inconmesurables—, la degradación territorial, la pérdida de biodiversidad, la contaminación de ríos y acuíferos, no son cuantificados en el precio del barril, ni en las regalías que percibe —y presume— el Estado. Son la golosina envenenada de la economía extractivista. Pan para hoy, hambre para mañana o peor, dinero para hoy, cáncer para mañana.
Los pasivos ambientales son la indigesta cuenta que nos llega a la mesa tras un banquete y nos corta la digestión. La clase política se deshace de ellos tras agotar el mandato, así como las empresas lo hacen vendiendo activos y cambiando de nombre. En Bolivia se los encuentra en los abortos de ganado en las orillas del Desaguadero, o en los pacús y surubís con mercurio de los ríos del Chapare. Dejan rastro por la historia del petróleo pero se olvidan con demasiada facilidad. Se los hunde en el olvido, pero resurgen bajo las piedras, transformados en malnutrición o enfermedad.
Refrescando la memoria del vertido
Ya en el profundo socavón neoliberal, se justificó la privatización para limpiar los desmanes ambientales de YPFB. De hecho, uno de los argumentos utilizados para defender la capitalización de YPFB, que significó la partición y entrega de la empresa petrolera estatal a tres consorcios transnacionales en 1996, se refiere a los impactos ambientales que generó la empresa estatal y que sólo podrían ser enfrentados por las empresas capitalizadas. Previo al proceso se encargó una auditoría. En los resultados preliminares, las capitalizadas debían asumir una responsabilidad ambiental de 8 millones de dólares. Sin embargo, el resultado de una segunda auditoría ambiental en 1999 resultó que los pasivos ambientales ascendían a 30 millones de dólares. Estos errores cometidos en el proceso de capitalización generaron una abultada deuda ambiental para el Estado.
Posteriormente, (según) el Decreto Supremo 24412, el Estado asume la responsabilidad de los pasivos ambientales, para hacer “más atractivos los bienes estatales transferidos”. La ampliación de la frontera petrolera al interior de la Amazonia, la construcción de mega infraestructuras de exportación y, sobretodo, la identificación de las transnacionales por el pueblo como organizaciones usurpadoras del país, generó un nuevo escenario de conflictos socio-ambientales y territoriales de las poblaciones más directamente afectadas.
De esta época destacan conflictos ambientales como el derrame del Desaguadero (Transredes, 2000, Montoya, 2002), Repsol en el TIPNIS (Gavaldà, 1999), Gasoducto Bolivia-Brasil (Crespo y Guardia, 2000), Gasoducto San Miguel-Cuiabá (OICH y Ceades, 2004) o el ingreso de petroleras en áreas protegidas (Gavaldà, 2003).
Conflictos ambientales del petróleo
Existe insuficiente documentación sobre los conflictos generados por la indústria petrolera. Un repaso documental realizado en 2008 recopiló una muestra de publicaciones que rompen el aislamiento regional de los conflictos, para, al menos en el plano comunicativo, socializar un conflicto ambiental desconocido para el público urbano. La temática del conflicto es abordada normalmente desde una perspectiva sociológica, o antropológica también en conflictos ubicados en territorios indígenas. Se hacen cuestionamientos alrededor de las estrategias de movilización y resistencia, el empoderamiento de las comunidades o el deficitario rol que cumple el Estado en su papel de mediador entre las comunidades y la empresa petrolera.
A continuación, una cronología incompleta de conflictos documentados:
Campesinos del Chapare y los pasivos ambientales de Chaco S.A (1996-)
Rotura del Gasoducto Yabog de Transredes a su paso por el río Pilcomayo, en febrero de 1997, lo trasladan al puente ferroviario generando quejas de Villamontes (1998)
Universitarios contra la exploración sísmica de Maxus en el Valle Sajta (1998)
Campesinos, yuracarés y moxeños contra la actividad de Repsol en el TIPNIS (1996-2000)
Derrame de Transredes en el Desaguadero (1999- )
Incendio en el pozo Madrejones (1999-2000)
Contaminación de Chaco S. A. en la comunidad Ipa-Villamontes (2000)
Contaminación en la quebrada Los Monos (2000)
Campesinos evitan entrada de Andina S.A. en el interior en PN Amboró (2000)
Contaminación petrolera en el PN Aguaragüe (2003)
Construcción Gasoducto Empalme San Alberto-Yacuiba (2002)
Erosión generada por la “Perforación Exploratorio Timpoy X-1” por Chaco S.A. en el Parque Nacional Aguaragüe
Marcha de pobladores de San Alberto del Gran Chaco por servidumbres y remediación de impactos de Petrobras (2005)
Negativa rotunda de la comunidad Tentayape a entrada de Repsol-YPF en su TCO (2005,2010)
Incendio mortal en el pozo Surubí de Repsol-YPF (2005)
Petrobras intenta realizar los proyectos “Sísmica 2D Río Hondo Sur y Sísmica 2D Río Hondo Norte” en el interior de la RB Pilón Lajas ( 2005)
Impunidad Petrolera en Bolivia
Que el gobierno boliviano siga apostando por el ingreso de más corporaciones petroleras en su territorio, facilita también que se agudice la sensación de impunidad reinante para estas compañías, que hasta el momento, han eludido con satisfacción cualquier intento de ser enjuiciadas. De hecho, las corporaciones transnacionales se han constituido en complejas instituciones ramificadas, que sobrepasan las fronteras favoreciendo una impunidad corporativa. Los presidentes y cuerpos directivos de las empresas, toman decisiones desde lejanos e impenetrables despachos. Cuando los accidentes ocurren, los afectados no tienen dónde recurrir y mucho menos a quién denunciar. Tampoco tienen un estamento judicial con voluntad de molestar a los poderes económicos.
Algunos episodios de impunidad petrolera en Bolivia:
—1998: La construcción del Gasoducto Bolivia-Brasil es militarizada para impedir huelga de trabajadores bolivianos que denunciaban trato discriminatorio. Desalojan la escuela y el hospital de Carmen Rivero Torres para albergar un millar de trabajadores. Varias menores de edad quedan embarazadas (Enron-Shell y Petrobras)
—Octubre 1999: Incendio del Pozo Madrejones, arde durante 3 meses, desalojando poblaciones cercanas (Pluspetrol)
—Enero 2000: Derrame de 29.000 barriles de crudo en el río Desaguadero. 127 comunidades aymaras y 3 comunidades de Urus Muratos contaminadas (Enron-Shell)
—2002: En la construcción del Gasoducto a Cuiabá muere atropellado un joven de una comunidad Chiquitana por un auto de la empresa constructora.
—Octubre 2003: La represión en la guerra del gas mata a 67 vecinos del Alto por evitar un contrato de exportación de gas del pozo Margarita (Repsol-YPF, BG, Total).
—Junio 2005: Incendio de una deflagración de gas del Pozo Surubí (Repsol YPF) quema mortalmente a una familia que pescaban en un humedal.
—2005: Denuncias por trato de esclavos a familias que vigilan el Gasoducto Yacuiba Río Grande (Repsol YPF y Petrobras).
Ninguna de estas causas han prosperado en la justicia dando a entender que existen condiciones prácticas en Bolivia que garantizan la impunidad petrolera, porque “en el negocio del petróleo todo es efímero, hasta la identidad. Las empresas cambian sus nombres, venden sus acciones o se ocultan en una serie de acuerdos a fin de lograr condiciones de impunidad” (Maldonado y Almeida, 2006).
Posiciones contra el olvido
Las comunidades indígenas y campesinas que resisten a la nueva embestida petrolera en Bolivia, ejercen un papel determinante para recuperar la memoria social erosionada. Como ya vivió el país en 1995, los portavoces del poder —político o económico— intoxicarán al pueblo con ilusiones de progreso monetario y desarrollista. Justificarán el sacrificio de los bosques y las culturas por el interés público. Prometerán de nuevo un futuro en el país de las maravillas. Sin embargo, las comunidades locales ya han conocido el significado real de la apertura petrolera en sus territorios. Lecos, yuracarés, chimanes y moxeños se han pronunciado contra carreteras o concesiones petroleras, sean estatales o extranjeras. Posiciones como las de la comunidad Tentayape, que obstaculiza con su rotunda y legítima negativa, las expectativas productivas del Bloque Caipipendi de Repsol-YPF, emergen como un antídoto al alzeheimer gubernamental. Ojalá la memoria se refresque antes de volver a tropezar.
Bibliografía:
Castro, Miguel, “Gas en territorio guaraní de Itika Guasú”, Las piezas del conflicto, Plural Editores, La Paz, 2005.
Crespo, Miguel Ángel/ Guardia, Henri, Problemática Socioambiental del Gasoducto Bolivia-Brasil, Probioma y Olca, Santa Cruz, 2000
CEDIB.
La gestión de los recursos naturales no renovables de Bolivia. Cochabamba : CEDIB. 2005. 101 p.
CEJIS. Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social. Hidrocarburos, Derechos Indígenas y Medio Ambiente. Santa Cruz : CEJIS. Septiembre 2004. 87 p.
Gavaldà, Marc, Las Manchas del Petróleo Boliviano, Fobomade-Olca, La Paz, 1999.
Gavaldà, Marc, La Recolonización. Repsol en América Latina, invasión y resistencias, Icaria, Barcelona, 2003.
Gavaldà, Marc, Viaje a Repsolandia, Tutuma Edicions, Barcelona, 2006.
OICH-CEADES, Guía Metodológica para la Vigilancia Social de la Industria Extractiva en Territorios Indígenas: La experiencia del Pueblo Chiquitano en el Gasoducto Lateral Cuiabá”, Ceades y Oxfam GB, Santa Cruz, 2004.
Transredes S.A., “Derrame OSSA-2 al Río Desaguadero” Transredes, Oruro, 2000.
Montoya, Juan Carlos, Efectos ambientales y socioeconómicos por el derrame de petróleo en el Río Desaguadero, PIEB, La Paz, 2002.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Una cosa es el discurso pachamamista, otra el...:
Desastre ecológico en territorio boliviano
Rosa Rojas*
Los efectos de la explotación minera en Oruro han dejado pasivos ambientales desde la Colonia, agravados en los últimos 20 años por el uso descontrolado de sustancias altamente contaminantes —cianuro, arsénico, mercurio, sulfuros— y el vertido a los ríos de residuos contaminados por metales pesados por parte de empresas mineras y cooperativistas, han ocasionado un auténtico desastre ambiental en cuatro municipios del altiplano orureño: El Choro, Machacamarca, Huanuni y Poopó.
En la denominada sub cuenca de Huanuni, ubicada a unos 250 kilómetros al suroeste de La Paz, cerca de 53 mil habitantes sufren la contaminación de sus aguas, la salinización de miles de hectáreas de tierras que se convierten en vastos desiertos, la enfermedad y muerte de personas y animales, el éxodo de sus hijos a otras ciudades del país o al extranjero…
Durante un recorrido por la región, que culminó en el lago Poopó, se constataron los efectos de la polución minera y la sequía. Este lago, que según Wikipedia tenía una superficie de 3 mil 500 kilómetros cuadrados y 3 metros de profundidad en 1986, ahora tiene mil kilómetros cuadrados y un metro de profundidad.
Las aguas de este otrora floreciente ecosistema, se han retirado, según los lugareños, más de 10 kilómetros en algunas partes, dejando en su lugar una dura, blancuzca costra salina, que a unos dos kilómetros del espejo de agua se convierte en una capa de lodo, café en la superficie y abajo negro, denso y pegajoso como el alquitrán, sobre el que hay que caminar descalzo porque te arranca los zapatos.
Las poblaciones de aves silvestres cuyo hábitat era el lago, entre ellas patos y flamencos, se han reducido drásticamente; los totorales (plantas acuáticas ribereñas) son inexistentes en esta parte del lago. De las toneladas de pejerrey que se pescaban aquí sólo queda el recuerdo…
Varios kilómetros antes de la ribera empiezan a encontrarse sobre la costra de sal botes de pescadores y redes abandonadas, algunos pececillos momificados, plumas de flamencos blancas y rosadas…
El líquido que alberga el Poopó, el segundo lago mayor del país después del Titicaca, es ahora salobre y su fondo se ha ido llenando de sedimentos contaminados de minas (colas en el argot minero) que, según la Coordinadora en Defensa de la Cuenca del río Desaguadero, lagos Uru-Uru y Poopó (CORIDUP), arrastra el río Huanuni desde la mina del mismo nombre, la más grande del país, operada por la estatal Comibol (Corporación Minera de Bolivia) a través de la Empresa Minera Huanuni (EMH).
El río Huanuni, que tiene varios nombres en sus diferentes tramos, entronca con el río Desaguadero, que a su vez nace en el lago Titicaca. Uno de los brazos de este río desemboca en el lago Poopó y otro, el izquierdo, llega al lago Uru Uru, situado en el límite sur de la capital orureña, y después al Poopó.
El Desaguadero, cuyo cauce tenía entre 8 y 12 metros de ancho por unos tres metros de profundidad a su paso por las comunidades altiplánicas orureñas, recoge además, en su recorrido de 360 kilómetros, las aguas ácidas y colas de otras minas y las aguas servidas y basura de ciudades y poblaciones ribereñas.
En la región operan las minas Kori Chaca y Kori Kollo (de la empresa Inti Raymi), Japo, Sinchi Wayra, La Candelaria, Tiawanaku, Morococala, Cominur, además de las explotaciones de cooperativas como la Poopó y del Carmen, cuyos residuos van a dar al río, explicó don Ángel Flores, vicepresidente de CORIDUP.
Esa organización aglutina a 80 comunidades que desde el año 2000 luchan para que las mineras —estatales, privadas o cooperativas— respeten a la madre tierra, Pachamama, cumplan la legislación del país y remedien los daños a la salud humana, el ambiente y la economía que les han ocasionado.
Con don Ángel se hizo el recorrido desde Huanuni hasta la comunidad de Cochipiacala, a unos 40 kilómetros de la ciudad de Oruro, donde el río Desaguadero es en estos días un arroyuelo de no más de un metro de ancho y unos pocos centímetros de profundidad.
Para llegar ahí manejamos dos horas por una huella sobre la pampa salitrosa, donde ya no crece nada, ni la ruda paja brava altiplánica, ni otras especies de pastos como la cebadilla, que servían para alimentar rebaños de llamas, ovejas y vacunos; ni una brizna de hierba.
De los totorales sólo queda un manchoncito de pequeños brotes en una orilla de ese arroyo salado.
Esta región era netamente ganadera, pero si todavía nace algún forraje los animales «lo comen pero no se alimentan y mueren de diarreas y otras enfermedades». Se sembraba quinua y papa, fundamentalmente, para autoconsumo «pero ya no da», explicó, en otro recorrido, Florián Quispe, secretario general de la CORIDUP, quien relató que en su comunidad, Quesu Quesuni, él pastoreaba en su infancia las ovejas desde el río, en una barca de totora.
Según la organización, la sedimentación del cauce del Desaguadero, prácticamente desaparecida en ocho kilómetros, se debe a las colas de la EMH y a la basura de la ciudad de Huanuni, que también va a dar al río.
Don Ángel señaló que urge dragar el río y rehacer el cauce antes de la época de lluvias para evitar que las aguas ácidas (copajira) se rebalsen a otras tierras que aún pueden salvarse, ya que en Cochipiacala, municipio de El Choro, por lo menos mil 500 hectáreas ya están perdidas, cifra que asciende a 12 mil hectáreas en la comunidad de Santo Tomás, según el comunario Jaime Caichoca.
Por su parte el gerente de la EMH, Marcelino Quispe López, en conversación vía telefónica, negó que la sedimentación y contaminación tanto del río Desaguadero como del lago Poopó, se deban al vertido de los desechos de la mina al río Huanuni, que dijo, ha trabajado así «desde el tiempo de los españoles».
Sin embargo, se pudo constatar cómo, desde las tolvas del ingenio de la EMH, cae constantemente, directo al río que atraviesa la ciudad, una arena negra que torna las aguas en espeso lodo del mismo color.
Sobre las medidas para combatir la contaminación de la EMH, afirmó que «obviamente tiene que haber tratamiento de aguas, tratamiento de la basura, todo eso, pero vamos a ir programando paulatinamente…», e indicó que está en construcción un dique de colas que tendrá capacidad para residuos de 5 años. Ello pese a que se estima que la mina tiene una vida útil de por lo menos 20 años más.
Don Angel confió en que con el Decreto Supremo 0335, del 21 de octubre de 2009, que le arrancaron al presidente Evo Morales Ayma con una marcha de la CORIDUP a La Paz, en el que se declaró «situación de emergencia de carácter departamental» —referida a los cuatro municipios mencionados— haya avances, «más allá de reuniones y papeles» en la remediación ambiental de la región, porque ya cumplió un año el decreto «y en las comunidades no se ha movido ni una pala».
En dicha norma se establecen seis líneas estratégicas para proyectos de mitigación, tratamiento y control ambiental de la contaminación minera, que a un año de su promulgación no acaban de programarse, si bien ya hay un convenio con la Unión Europea para financiarlos por 14 millones 210 mil euros, de los cuales el gobierno boliviano aportará 3 millones 275 mil.
Para conocer los avances en la ejecución de los programas contemplados en el decreto 0335, se solicitó en repetidas ocasiones al Ministerio de Medio Ambiente, entrevistas con los responsables del seguimiento de los mismos. Las gestiones fueron infructuosas.
Sin embargo, el 9 de noviembre, en declaraciones al diario La Patria, de Oruro, el técnico de la CORIDUP, Limbert Sánchez, informó que al margen de los trabajos que desarrolla la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), las otras entidades no proceden con trabajos de impacto, como el ministerio de Desarrollo Rural con la dotación de semillas.
Añadió que después de reunirse con los ministerios involucrados en ejecutar proyectos para contrarrestar la contaminación, sólo se tiene comprometido el envío de seis médicos para atender las enfermedades de los pobladores y algunos cursos de cuidado ambiental comprometidos por el Ministerio de Educación.
Por su parte Florian Quispe, secretario de CORIDUP, informó vía teléfono que con ayuda de la cooperación europea, se empezarán a perforar, en diciembre, 15 pozo profundos para abastecer de agua potable a las comunidades de Queso Quesuni, Puñaca y Quería.
* Rosa Rojas es periodista mexicana.
La Paz, diciembre de 2010
lucha de nuestros pueblos
El deber y la epidemia en Haití
(Tomado de CubaDebate)
El pasado viernes 3 de diciembre la ONU decidió dedicar una sesión de la Asamblea General al análisis de la epidemia de cólera en ese hermano país. La noticia de esa decisión era esperanzadora. Seguramente serviría para advertir a la opinión internacional de la gravedad del hecho, y movilizar su apoyo al pueblo haitiano. Al fin y al cabo, su razón de existir es enfrentar problemas y promover la paz.
El momento actual de Haití es grave, y la ayuda urgente requerida es poca. Nuestro agitado mundo invierte cada año un millón 500 mil millones de dólares en armas y guerras; Haití —un país que hace menos de un año sufrió el brutal terremoto que ocasionó 250 mil muertos, 300 mil heridos y enorme destrucción— lo que requiere para su reconstrucción y desarrollo asciende, según cálculos de expertos, a 20 mil millones, solo el 1,3% de lo que se gasta en un año a tales fines.
Pero no se trata ahora de eso, que constituiría un simple sueño. La ONU no sólo apela a una modesta solicitud económica que se podría resolver en unos minutos sino también a 350 médicos y 2.000 enfermeras, que los países pobres no poseen y los países ricos se los suelen arrebatar a los pobres. Cuba respondió de inmediato, ofreciendo 300 médicos y enfermeras. Nuestra Misión Médica Cubana en Haití atiende casi el 40% de los afectados por cólera. Rápidamente, después del llamamiento de la Organización Internacional, se dio a la tarea de buscar las causas concretas del alto índice de letalidad. La baja tasa de los pacientes que ellos atienden es inferior al 1% —se reduce y seguirá reduciendo cada día— frente al 3% de las personas atendidas en los demás centros sanitarios que laboran en el país.
Es evidente que el número de fallecidos no se limita sólo a las más de 1.800 personas que se reportan. En dicha cifra, no constan los que fallecen sin asistir a los médicos y centros de salud existentes.
Indagando las causas de los que acudían con mayor gravedad a los centros de lucha contra la epidemia atendidos por nuestros médicos, ellos observaron que estos procedían de las subcomunas más distantes y con menos comunicación. La superficie de Haití es montañosa, y a muchos puntos aislados sólo puede llegarse caminando por terrenos abruptos.
El país se divide en 140 comunas, urbanas o rurales, y 570 subcomunas. En una de las subcomunas aisladas, donde viven aproximadamente 5.000 personas —según cálculos del Pastor protestante— 20 habían muerto por la epidemia sin asistir a un centro de salud.
De acuerdo con investigaciones urgentes de la Misión Médica Cubana, en coordinación con las autoridades sanitarias, se ha constatado que 207 subcomunas haitianas en los puntos más aislados carecen de acceso a los centros de lucha contra el cólera o de atención médica.
En la reunión mencionada de Naciones Unidas, esta ratificó la necesidad informada por la señora Valerie Amos, subsecretaria general de la ONU para Asuntos Humanitarios, quien visitó con urgencia durante dos días el país y calculó la cifra de los 350 médicos y 2.000 enfermeras. Hacía falta conocer los recursos humanos existentes en el país para calcular la cifra del personal requerido. También ese factor dependerá de las horas y días consagrados por el personal que lucha contra la epidemia. Un hecho importante a tener en cuenta es no sólo el tiempo que se dedica al trabajo, sino el horario. En el análisis del alto índice de mortalidad se observa que el 40% de la letalidad ocurre en horas de la noche, lo cual evidencia que a esa hora los pacientes afectados no reciben igual atención a su enfermedad.
Nuestra Misión estima que el uso óptimo del personal reduciría el total mencionado. Movilizando los recursos humanos disponibles de la Brigada "Henry Reeve" y los graduados de la ELAM con que se cuenta, la Misión Médica Cubana está segura de que, aún en medio de las enormes adversidades originadas por la destrucción del terremoto, el huracán, las lluvias impredecibles y la pobreza, la epidemia puede ser dominada y preservar la vida de miles de personas que en las actuales circunstancias inexorablemente morirían.
El domingo 28 tuvieron lugar las elecciones a la presidencia, la totalidad de la Cámara de Representantes y de una parte del Senado, lo cual constituyó un evento tenso y complejo que nos preocupó seriamente, por lo que se relaciona con la epidemia y la situación traumática del país.
En su declaración del 3 de diciembre el Secretario General de la ONU señaló textualmente: "‘Insto a todos los actores políticos, cualesquiera que sean las quejas o reservas sobre el proceso, a que se abstengan de usar la violencia y a que empiecen a debatir el asunto de manera inmediata y encontrar una solución antes de que empiece una crisis seria’", informó una importante agencia de noticias europea.
El Secretario General, de acuerdo con dicha agencia, exhortó a la comunidad internacional a cumplimentar la entrega de 164 millones de dólares, de los cuales sólo han suministrado el 20%.
No es correcto dirigirse a un país como quien regaña a un niño pequeño. Haití es un país que hace dos siglos fue el primero en este hemisferio en poner fin a la esclavitud. Ha sido víctima de todo tipo de agresiones coloniales e imperialistas. Fue ocupado por el Gobierno de Estados Unidos hace apenas seis años, después de promover una guerra fratricida. La existencia de una fuerza de ocupación extranjera, en nombre de las Naciones Unidas, no priva a ese país del derecho al respeto a su dignidad y a su historia.
Consideramos correcta la posición del Secretario General de Naciones Unidas de exhortar a los ciudadanos haitianos a evitar enfrentamientos entre ellos. El día 28, en horas relativamente tempranas, los partidos de oposición suscribieron un llamamiento a protestar en la calle, provocando manifestaciones y creando notable confusión dentro del país, especialmente en Puerto Príncipe; y sobre todo en el exterior del país. No obstante, tanto el Gobierno como la oposición lograron evitar actos violentos. Al día siguiente la nación estaba en calma.
La agencia europea informó que Ban Ki-moon había declarado con relación a "las elecciones del pasado domingo en Haití […] que ‘las irregularidades’ registradas ‘parecen ahora más serias que lo que se pensó en un principio’."
Quien leyó todas las informaciones procedentes de Haití y las declaraciones ulteriores de los principales candidatos de la oposición, no pueden comprender que quien está apelando a evitar luchas fratricidas después de la confusión creada entre los electores, en vísperas de los resultados del escrutinio que determinarán los dos candidatos rivales en la elección de enero declare ahora que los problemas eran más serios que lo que él pensó en un principio, lo que equivale a echar leña en el fuego de los antagonismos políticos.
Ayer, 4 de diciembre, se cumplió el 12 aniversario del arribo a la República de Haití de la Misión Médica de Cuba. Desde entonces, miles de médicos y técnicos de la salud pública cubana han prestado sus servicios en Haití. Con su pueblo hemos convivido en tiempos de paz o de guerras, terremotos y ciclones. Con él estaremos en estos tiempos de intervención, ocupación y epidemias.
El Presidente de Haití, las autoridades centrales y locales, sean cuales fueren sus ideas religiosas o políticas, saben que pueden contar con Cuba.
Fidel Castro Ruz
Diciembre 5 de 2010
8 y 12 p.m.
En el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
Derecho al delirio
Aunque no podemos adivinar el tiempo que será, sí tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y 1976 las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos; pero la inmensa mayoría no tiene más que el derecho de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito?
Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible: el aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones;
En las calles, los automóviles serás aplastados por los perros;
La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor;
El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia, y será tratado como la plancha o el lavarropas; la gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar;
Se incorporará a los códigos penales el delito de la estupidez, que cometen quienes viven por tener que ganar, en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber que canta y como juega el niño sin saber que juega;
En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar; si no los que quieran cumplirlo;
Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas; los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas;
Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos; los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas;
La solemnidad se dejará de creer una virtud, y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo;
La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes, y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero;
Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene; el mundo ya no estará en guerra contra los pobres, si no contra la pobreza, y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra;
La comida no será una mercancía, ni la comunicación un negocio, porque la comida y la comunicación son derechos humanos; nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión;
Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle; los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos;
La educación no será el privilegio de quienes pueden pagarla; la policía no será la maldición de quienes no pueden comprarla; la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, volverán a juntarse, bien pegaditas, espalda contra espalda;
Una mujer, negra, será presidenta de Brasil y otra mujer, negra, será presidenta de los Estados Unidos de América; una mujer india gobernará Guatemala y otra, Perú; en Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria;
La Santa Madre Iglesia corregirá las erratas de las tablas de Moisés, y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo; la Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: "Amarás a la naturaleza, de la que formas parte";
Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma; los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados; porque ellos son los que desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar;
Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo;
La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses; pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero.
Eduardo Galeano, escritor e historiador uruguayo.
La verdad siempre vencerá
Por Julian Assange (The Australian)
http://www.cambio.bo/noticia.php?fecha=2010-12-09&idn=34174
En 1958, un joven Rupert Murdoch, entonces propietario y editor de The News de Adelaide, escribió: “En la carrera entre el secreto y la verdad, parece inevitable que siempre venza la verdad”.
Es posible que su observación reflejase la revelación de su padre, Keith Murdoch, de que las tropas australianas estaban siendo sacrificadas innecesariamente por comandantes británicos incompetentes en las costas de Gallipoli. Los británicos trataron de silenciarlo pero Keith Murdoch no dejó que lo hicieran y sus esfuerzos llevaron al fin de la desastrosa campaña de Gallipoli.
Casi un siglo después, WikiLeaks también publica intrépidamente hechos que deben ser conocidos por el público.
Crecí en una localidad en el campo en Queensland donde la gente decía abiertamente lo que pensaba. No había confianza en el gran gobierno, se consideraba que podría corromperse si no se vigilaba cuidadosamente. Los oscuros días de la corrupción en el gobierno de Queensland antes de la investigación Fitzgerald demuestran lo que sucede cuando los políticos amordazan a los medios para que no digan la verdad.
No he olvidado esas cosas. Wikileaks se creó alrededor de esos valores centrales. La idea, concebida en Australia, fue utilizar tecnologías de Internet de nuevas maneras para informar de la verdad. Wikileaks acuñó un nuevo tipo de periodismo: periodismo científico.
Trabajamos con otros medios para llevar las noticias a la gente, y también para probar que son verídicas. El periodismo científico te permite que leas una noticia y que luego hagas clic en línea para ver el documento original en el que se basa. Así puedes juzgar tú mismo. ¿Es verdadera la historia? ¿Informaron exactamente los periodistas?
Las sociedades democráticas necesitan medios fuertes, y Wikileaks forma parte de esos medios. Los medios ayudan a mantener honesto al gobierno. Wikileaks ha revelado algunas verdades duras sobre las guerras de Irak y Afganistán, y ha desvelado historias sobre la corrupción corporativa.
Hay gente que dice que me opongo a la guerra. Para que se sepa, no es así. Algunas veces las naciones tienen que ir a la guerra, y hay guerras justas. Pero no hay nada peor que un gobierno que miente a su pueblo sobre esas guerras y luego pide a esos mismos ciudadanos que pongan en juego sus vidas y sus impuestos por esas mentiras. Si una guerra está justificada digan la verdad y la gente decidirá si quiere apoyarla.
Si habéis leído alguno de los archivos sobre las guerras de Afganistán o Irak, alguno de los cables de las embajadas estadounidenses o alguna de las historias sobre las cosas de las que ha informado Wikileaks, considerad cuán importante es que todos los medios puedan informar libremente sobre esas cosas.
Wikileaks no es el único que publica los cables de las embajadas de Estados Unidos. Otros medios noticiosos, que incluyen The Guardian de Gran Bretaña, The New York Times, El País en España y Der Spiegel en Alemania, han publicado los mismos cables.
Sin embargo es Wikileaks, como coordinador de esos otros grupos, el que ha sido objeto de los ataques y acusaciones más malignos del gobierno de Estados Unidos y sus acólitos. He sido acusado de traición, aunque soy australiano y no ciudadano estadounidense. Ha habido docenas de llamados serios en Estados Unidos para que yo sea “eliminado” por fuerzas especiales de ese país.
Sarah Palin dice que deberían “cazarme como a Osama bin Laden”, hay una ley republicana ante el Senado deEstados Unidos que trata de que me declaren “amenaza internacional” y me traten en consecuencia. Un asesor de la oficina del primer ministro canadiense ha hecho un llamamiento en la televisión nacional para que me asesinen. Un bloguero estadounidense pidió que secuestren y dañen a mi hijo de 20 años, que está aquí en Australia, sólo para hacerme daño.
Y los australianos deberían ver sin orgullo cómo Julia Gillard y su gobierno hacen el juego a esos sentimientos. Los poderes del gobierno australiano parecen estar totalmente a disposición de Estados Unidos en cuanto a la cancelación de mi pasaporte australiano, o a que se espíe y acose a seguidores de Wikileaks.
El Fiscal General australiano hace todo lo posible por colaborar con una investigación estadounidense que se orienta claramente a incriminar a ciudadanos australianos y enviarlos a Estados Unidos. La primera ministra Gillard y la secretaria de Estado Hillary Clinton no han expresado una sola palabra de crítica hacia otras organizaciones mediáticas. Es porque The Guardian, y Der Spiegel son antiguos y grandes, mientras Wikileaks todavía es joven y pequeño.
Somos los desamparados. El gobierno Gillard trata de matar al mensajero porque no quiere que se revele la verdad, incluida la información sobre sus propios tratos diplomáticos y políticos.
¿Ha habido alguna reacción del gobierno australiano a las numerosas amenazas públicas de violencia contra mi persona y otros miembros del personal de Wikileaks?
Se podría haber pensado que una primera ministra australiana debería defender a sus ciudadanos contra cosas semejantes, pero sólo ha habido afirmaciones de ilegalidad sin ninguna confirmación. La primera ministra y especialmente el fiscal general deben cumplir sus deberes con dignidad y mantenerse por encima de la refriega. Pero podéis estar seguros, esos dos sólo quieren salvar su pellejo. No lo lograrán.
Cada vez que Wikileaks publica la verdad sobre abusos cometidos por agencias estadounidenses, los políticos australianos recitan un coro evidentemente falso con el Departamento de Estado: “¡Arriesgáis vidas! ¡Seguridad nacional! ¡Pondréis en peligro a los soldados!” Luego dicen que no hay nada de importancia en lo que publica Wikileaks.
No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. ¿Cuál de ellas, entonces? Ninguna de las dos. Wikileaks tiene una historia editorial de cuatro años. Durante ese tiempo hemos cambiado gobiernos enteros, pero no hay una sola persona, que se sepa, que haya sido dañada. Pero Estados Unidos, con la complicidad del gobierno australiano, ha matado a miles sólo en los últimos meses.
El secretario de defensa de Estados Unidos, Robert Gates, admitió en una carta al Congreso de Estados Unidos que ninguna fuente o método confidencial de inteligencia ha sido comprometida por la revelación de las bitácoras de la guerra afgana. El Pentágono declaró que no hay evidencia alguna de que las revelaciones de Wikileaks hayan llevado a que alguien sea dañado en Afganistán.
La OTAN en Kabul dijo a CNN que no pudo encontrar a una sola persona que necesitara protección. El Departamento de Defensa australiano dijo lo mismo. Ningún soldado o fuente australiana han resultado afectados por algo que hayamos publicado.
Pero nuestras publicaciones no han dejado de ser importantes. Los cables diplomáticos de Estados Unidos revelan algunos hechos sorprendentes:información de funcionarios de la ONU y de grupos de derechos humanos, incluyendo ADN, huellas digitales, escaneo del iris, números de tarjetas de crédito, contraseñas de Internet y fotos de identificación, en violación de tratados internacionales. Presumiblemente, también podrían apuntar a diplomáticos australianos en la ONU.
—El rey Abdullah de Arabia Saudí pidió a EE.UU. que ataque Irak.
—Responsables en Jordania y Bahrein quieren que el programa nuclear de Irán sea detenido por todos los medios disponibles.
—La investigación británica sobre Irak fue amañada para proteger “intereses estadounidenses”.
—Suecia es un miembro encubierto de la OTAN y no se informa al Parlamento del el intercambio de inteligencia con Estados Unidos.
—Estados Unidos está actuando de manera agresiva para lograr que otros países acepten presos liberados de la Bahía de Guantánamo. Barack Obama estuvo de acuerdo con entrevistarse con el presidente esloveno sólo si Eslovenia aceptaba a un prisionero. Nuestro vecino en el Pacífico, Kiribati, recibió una oferta de millones de dólares para que acepte detenidos.
En su trascendental dictamen sobre el caso de los Papeles del Pentágono, la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que “sólo una prensa libre y sin limitaciones puede denunciar efectivamente el engaño del gobierno”. La tormenta actual respecto a Wikileaks refuerza la necesidad de defender el derecho de todos los medios a revelar la verdad.
(*) Julian Assange, es fundador del sitio web Wikileaks.
El Gobierno en ridículo: Aborta en Chile un montaje de la CIA contra paquistaní
Hernán Uribe (*)
La detención y juicio en contra de un ciudadano paquistaní radicado en Chile y acusado de terrorista por Estados Unidos ha provocado el descrédito y ridículo público del gobierno de Sebastián Piñera al comprobarse luego de siete meses que todas las imputaciones eran falsas y conformaban un montaje ideado por la Central Intelligence Agency (CIA). El fiscal del caso ha liberado al inculpado por carencia de pruebas al inicio del corriente diciembre.
Con un pretexto cualquiera, Saif Khan fue citado el 10 de mayo pasado a la embajada de Estados Unidos y allí fue apresado bajo la acusación de que en su vestimenta había rastros de un explosivo llamado tetryl. Transcurridas unas cinco horas fue entregado a la policía chilena que lo mantuvo encarcelado para someterlo a juicio y según se sabría después con el propósito de ligarlo al intento de atentado del 2/5/10 en Times Square de Nueva York protagonizado por el paquistaní Faisal Shahzad.
Mientras estuvo detenido, policías chilenos y presumiblemente también yanquis, ingresaron a la vivienda de Khan con el plan de colocar “pruebas” lo que en lenguaje delictivo se llama “cargar” al perseguido. Simultáneamente allanaron las residencias de los escasos conocidos de Khan en Chile.
El 21 de junio pasado, el Ministro del Interior, encargado también de la Seguridad, Rodrigo Hinzpeter, declaraba a propósito del proceso contra Khan: “Hay llamados telefónicos que según información que yo tengo, conectan su teléfono (el de K) con personas que pertenecen al Grupo Lautaro (fenecido grupo armado), que (Khan) también estuvo participando en procesos (sic) de bombas. No hay ninguna obsesión con este ciudadano, si es paquistaní es sólo un hecho fortuito”.
Todo lo que entonces proclamó el principal miembro del gabinete presidencial, era inefectivo. De modo absoluto los cargos elegidos para el montaje eran sólo invenciones, en tal grado que el 6/12/10 el fiscal investigador determinó el cierre del proceso con base “en que no hay antecedentes suficientes para fundar una acusación”. Esta vez el ministro Hinzpeter fue más cauto aunque vago al sostener: “Este es un país serio, un país que siempre da garantías de debidos procesos. Nadie puede sentirse perseguido. Los medios locales registraron también una declaración de Khan: “Estoy esperando una disculpa de las autoridades”
En mayúscula contradicción con los dichos del citado ministro, Khan fue encarcelado y enjuiciado sin la existencia de pruebas reales sobre su participación en algún acto o hecho penados por leyes chilenas. Se pretendió calificarlo de “terrorista” y con fecha 14/5/10 el Gobierno se querelló en su contra acusándolo de ese delito y con ello demostraba que hacía suyas las ahora descabelladas afirmaciones estadounidenses y el consiguiente montaje a cargo de la CIA.
Khan, de 27 años, ingresó a Chile con una visa común expedida por Catalina Allende, Cónsul Honoraria de Chile en Islamabad. Se dedicó a aprender el idioma castellano mientras laboraba en un hotel merced a su dominio del inglés. Vivía con su novia —ahora esposa chilena— quien recibió a sus suegros paquistaníes cuando llegaron a Santiago de Chile para ayudar a su hijo enjuiciado. Khan es pues una persona común y corriente, mas para la CIA yanqui tiene el defecto de haber elegido la religión islámica.
Detalles del montaje. Según el vespertino “La Segunda”, edición del 28/5/10 (Santiago de Chile) tres agentes de la CIA, que posaban de turistas, hablaron con Khan en la única mezquita existente en Santiago y ello ocurrió antes de su cita en la embajada. Otro día —afirma el periódico— esos mismos personajes incursionaron en la residencia del paquistaní mientras éste permanecía en el consulado. Resulta evidente que actuaron al margen de las leyes chilenas, probablemente en connivencia con policías locales y que procedían en cumplimiento del libreto de una comedia de torpes espías.
El fiscal investigador comprobó uno por uno los errores de las imputaciones. Por ejemplo, supo que la local Policía de Investigaciones (PDI) investigaba a Khan desde marzo pasado, léase, antes de que hubiese un proceso y ocurriese la concurrencia a la embajada. El objetivo, que se cumplió, fue el de introducir imágenes comprometedoras en su ordenador (notebook) y así fue como aparecieron pasaportes de palestinos y fotografías trucadas en que SK aparece con un fusil.
Los acusadores, es decir, autoridades locales le atribuyeron una llamada telefónica a un anarquista cuya labor “política” era colocar explosivos en cualquier parte. Se verificó empero que aquel telefonazo ocurrió en 2008 cuando SK no había arribado todavía a Chile. (Supra, ministro Hinzpeter). Sin embargo y a pesar de que los medios locales produjeron muchos disparates, el diario conservador “El Mercurio” dijo el 30 de mayo pasado que en los organismos de seguridad chilenos no descartaban que la detención de SK fuese un mero montaje.
Los argumentos, escribió ese diario, son: “Según la policía tres hechos afirmaban la tesis del montaje: el tetryl se vende sólo en EE.UU, la contaminación se produjo necesariamente en Chile y la CIA reconoció que un montaje en 2004 lo hizo para calibrar la seguridad chilena” (sic) ¿Quiere decir esto que los propietarios de ese medio que han estado ligados siempre a la CIA sabían más que los encargados chilenos de la Seguridad? ¡Yes man!….
Ahora bien, ¿por qué esta monumental comedia de las equivocaciones? Hay indicios para creer que la CIA pretendió presionar, chantajear a Khan para convertirlo en un agente encubierto infiltrado en organizaciones islámicas. La experiencia le da verosimilitud esta versión.
9/12/10
(*) Periodista/escritor chileno
desde la inmigración
Ante el asesinato de 4 personas, entre ellas, 2 bolivianos en Buenos Aires:
Declaraciones racistas contra bolivianos, paraguayos y peruanos
Desde La Protesta repudiamos el accionar tanto del gobierno nacional argentino de Cristina Fernández de Kirchner, como del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, que enviaron bandas armadas parapoliciales y a la policía Metropolitana (depende del gobierno de la ciudad) y Policía Federal (que depende del gobierno nacional) a "solucionar" un reclamo popular de viviendas. Los bolivianos Rossemary Chura Puña y Juan Castañeda Quispe fueron asesinados: éste con disparos de bala mientras participaban de la ocupación de un predio del Parque Indoamericano, en la Capital Federal (un predio abandonado hace más de 10 años, convertido en un gigantesco basural), por un movimiento ’sin techo’ que exige solución al problema de vivienda.
La declaración del canciller boliviano David Choquehuanca, urge a Argentina a hacer respetar los derechos humanos, pero sospechosamente exculpa al gobierno de Cristina Kirchner corresponsable de los asesinatos a través del grupo parapolicial Hinchadas Unidas Argentinas, claramente kirchnerista y protegido por la policía.
A esto se une el ataque racista del gobernador Macri contra los extranjeros a los que acusa de responsables de narcotráfico.
La inmensa mayoría del millón y medio de bolivianos que están en Argentina son trabajadores. Según dice la presidenta Cristina Fernández, "vienen a ayudar al modelo de crecimiento". La verdad es en gran parte son víctimas de una brutal explotación y muchas veces de ataques racistas. ¡En una ciudad adonde gran parte de los trabajadores de la construcción son bolivianos o paraguayos, ellos no encuentran adonde vivir!
Nacimos hermanos los pueblos de Argentina y Bolivia, en la lucha por la independencia, fuimos parte de una misma nación naciente. Las oligarquías nos dividieron. Los trabajadores de ambos países tenemos intereses comunes contra las transnacionales y explotadores. Llamamos a las organizaciones obreras y populares, a la COB, CSUTCB, Fejuve de El Alto, a los sindicatos a pronunciarse exigiendo al gobierno argentino inmediato castigo a los asesinos, castigo para todos los responsables ataques racistas contra bolivianos o cualquier otra nacionalidad, solución habitacional para los trabajadores, plenos derechos a todos los migrantes con otorgamiento inmediato y a sólo pedido de Documento Nacional de Identidad.
Reproducimos a continuación un volante de la organización Izquierda Socialista de Argentina, cuyos términos compartimos plenamente.
La Protesta
Volante de Izquierda Socialista:
Macri y Cristina son los responsables
Desde la represión del martes, efectuada conjuntamente por la Metropolitana de Macri y la Federal de Cristina, hasta el día de hoy, ya suman cuatro los asesinados por reclamar un lugar dónde vivir. Los dos primeros fueron víctimas de la represión del martes, y los dos últimos de ataques perpetrados por bandas de barrabravas, patovicas, matones de la burocracia sindical y miembros de fuerzas de seguridad de civil liderados por punteros macristas. Tanto el gobierno nacional (autodenominado “de los Derechos Humanos”), como el de la Ciudad, han creado una verdadera “zona liberada” donde se “caza” a toda persona que tenga rasgo de extranjero. El tercer asesinado apareció después de un ataque en el que se vio disparar a un conocido barra integrante de la kirchnerista Hinchadas Unidas Argentinas. El cuarto, horrorosamente, fue bajado de una ambulancia y rematado a balazos delante de los propios médicos. Las bandas de choque (a las que Macri llama “vecinos”) impidieron, incluso, que ingresen las ambulancias a recoger heridos y atacaron a los trabajadores de prensa para que no pudieran registrar la barbarie.
Increíblemente, Macri, quien dio vía libre a esta xenofobia al embestir públicamente contra los inmigrantes (en las villas también viven muchos argentinos), sigue diciendo que el único problema es “desocupar el parque cueste lo que cueste”, justificando el accionar de estas bandas asesinas. El gobierno nacional, además de responsable principal de la represión del martes, se hace el desentendido, avalando lo que está ocurriendo.
¿Qué hay detrás de todo esto? El grave problema habitacional que se agrava día a día. “Nos ilusionaron primero y nos asesinaron después”. Eso dijo un referente de la Villa 20, haciendo referencia a que les prometieron títulos de propiedad y luego, cuando los exigieron, les enviaron a la policía para matarlos. En la Ciudad de Buenos Aires 600 mil personas no tienen dónde vivir. En Soldati las familias pagan $ 600 por una pieza. La ley 1.770 dispuso que el gobierno debía construir 1.600 viviendas en esa zona y Macri sólo entregó este año 74 unidades habitacionales en total. ¡Una verdadera vergüenza! Mientras el jefe porteño dice que hay que defender el espacio público —las 130 hectáreas del Parque Indoamericano—, lo cierto es que lo ha transformado en un basural contaminante y lo está reservando para un gran negocio inmobiliario a favor de los ricos y las empresas constructoras amigas.
Macri y Cristina se acusan mutuamente, pero ninguno resuelve este grave problema. Ellos son los responsables de que los vecinos se enfrenten entre sí. Son ellos los que apadrinan a los punteros barriales que luego usan contra la gente que reclama justamente. Macri tilda a la gente que vive en las villas de narcotraficantes y dice que el problema es la inmigración de países limítrofes. Y los funcionarios de Cristina hablan de que los inmigrantes vienen a ayudar al “modelo de crecimiento” del país, mientras los deja librados a patronales superexplotadoras que los usan como mano de obra esclava en talleres clandestinos.
Llamamos a los trabajadores y al pueblo a no dejarse engañar: el problema no está en los hermanos de otros países que buscan honestamente en nuestro país un futuro para sus familias. El problema es que, en una ciudad donde bancos y multinacionales facturan fabulosas ganancias y el metro cuadrado de construcción vale millones, los más pobres (sean extranjeros o de acá) no tienen dónde vivir. Culpa compartida entre el macrismo y el gobierno nacional.
Hace dos meses la patota de Pedraza asesinó a Mariano Ferreyra. Semanas atrás el gobernador kirchnerista de Formosa Gildo Insfran ordenó matar a aborígenes saliendo en defensa de terratenientes. Ahora Macri hace lo mismo en Soldati. Todos estos gobiernos patronales, sean kirchneristas u opositores, son lo mismo. Gobiernan para los de arriba con represión. Y Moyano y Yasky no han movido un dedo, siendo cómplices de lo que está ocurriendo.
Exigimos a Macri y a Cristina una inmediata solución habitacional a todos los habitantes precarios de Villa Soldati. Por la más amplia unidad y movilización entre vecinos —argentinos y de otros países— para que esto se cumpla inmediatamente. ¡Plata para viviendas, no para la deuda externa!
¡Basta de xenofobia! ¡Que paren ya mismo los ataques racistas! ¡Que la CGT y los dos sectores de la CTA llamen a una movilización como se hace en otros países cuando ocurren estos hechos! ¡Investigación, juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de los asesinatos y la represión!
11-12-2010 Izquierda Socialista
Macri y los peligros de la xenofobia
Por Werner Pertot
Diario Página 12, Buenos aires.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158449-2010-12-10.html
Mauricio Macri aseguró que la ocupación en Villa Soldati no se produjo por falta de políticas de vivienda. En su lugar, le echó la culpa a “todo este avance de la inmigración ilegal, donde se oculta el narcotráfico y la delincuencia”. El jefe de Gobierno dejó en claro que su posición es no negociar con los ocupantes del Parque Indoamericano, aunque el miércoles había dicho que iba a dialogar. En cambio, le reclamó a la presidenta Cristina Fernández que “vuelva a mandar a la Policía Federal y terminemos el trabajo que habíamos comenzado”. El gobierno nacional le respondió que era su responsabilidad. Desde distintas partes del arco político, lo acusaron de xenófobo y la embajadora de Bolivia le exigió que se disculpara. A la noche, un grupo de vecinos de Lugano atacó a los ocupantes al grito de “bolivianos, váyanse”. Los incidentes duraron varias horas. A la madrugada, el ministro de Justicia, Guillermo Montenegro, anunció que terminaron con otro muerto y tres heridos de bala.
Voceros de la Metropolitana indicaron que la nueva persona muerta no llegó por el SAME, sino en un auto particular (suponen que era un remise), con una herida de bala. La persona no tiene documentos, por lo que iba a demorar su identificación. “No se sabe si era un ocupa, un vecino o producto de otro problema de la villa”, indicó un funcionario porteño.
La ocupación comenzó el martes. El gobierno porteño buscó y consiguió una orden judicial para desalojarlos en un operativo conjunto entre la Federal y la Metropolitana. El intento de sacarlos concluyó con una represión violenta el martes por la noche. Bernardo Salgueiro, paraguayo, de 22 años y Rosemary Churapuña, boliviana, de 28 años, fueron asesinados por balas de plomo. Los proyectiles que retiraron de los cuerpos pueden provenir de escopetas de la policía o bien de “tumberas”, de fabricación casera. Sus familiares sostienen que fueron asesinados por la policía. Además, hubo decenas de heridos —entre ellos, una bebe— y un joven, Emanuel Ríos, estuvo desaparecido 24 horas. El gobierno nacional separó a los responsables del operativo.
El miércoles, los funcionarios macristas iniciaron una mesa de diálogo con los vecinos y luego concurrieron a una audiencia citada por el juez Roberto Andrés Gallardo. El magistrado, además, allanó la sede de la Metropolitana y el departamento central de la Federal y ordenó que Gendarmería hiciera un cerco en torno al parque para que no ingresará más gente. El gobierno nacional planteó que debía ocuparse la Metropolitana. Ayer, cientos de nuevos ocupantes llegaron al parque. Y, sobre la noche, un grupo de vecinos los atacó con piedras, palos e incluso con armas de fuego.
Contra el inmigrante
El primer día, con cautela, el jefe de Gobierno siguió en silencio los hechos y eligió no salir a hablar, ni mostrarse en el lugar, como había hecho ante los derrumbes. Ayer, optó por hacer una conferencia de prensa donde dio un giro de 180 grados: del diálogo con los ocupantes pasó a decir que no tiene pensado negociar “con personas que cometieron un delito”. Una posición con la que no concordaban varios de sus ministros.
A la conferencia en Bolívar 1 concurrió casi todo el gabinete, junto con la ex vicejefa Gabriela Michetti y Horacio Rodríguez Larreta, quien había anticipado la estrategia por la mañana: “Hay una lógica perversa que hace que cada vez venga más gente de los países limítrofes a usurpar terrenos”, sostuvo el jefe de Gabinete porteño. “Hay una ley muy permisiva respecto de la migración: viene la gente y al poco tiempo de estar en la Argentina, usurpa y después viene Gallardo que obliga al Estado a dar una vivienda. Tenemos que cortar eso”.
Macri salió con el rostro adusto, aunque menos tenso que cuando lo procesaron por las escuchas ilegales. Su estrategia, de entrada, fue trasladarle la responsabilidad al gobierno nacional. “Lamentablemente, retiró la Federal. No hace respetar la ley y tiene una visión hipócrita”, acusó. El líder de PRO se ocupó de acicatear los prejuicios que existen en un sector de la sociedad: cargó contra “una inmigración descontrolada, combinada con narcotráfico y mafia”. “Tenemos que pararla, sancionemos leyes que eviten esta situación. En estos momentos, hay que demostrar coraje”, se infló. Citó, incluso, el ejemplo de Brasil, donde se combate a los narcos con el Ejército. “Delincuentes usufructúan de la desesperación de la gente que necesita una vivienda. En su desembarco, toman control de sectores de la ciudad, como las villas”, aseguró. “Todos los días llegan cien, doscientas personas de la mano del narcotráfico y la delincuencia”, se alarmó Macri, quien sostuvo que “tenemos derecho a saber quiénes son”.
Desde distintos sectores del arco político, lo cuestionaron por xenófobo y la discusión se trasladó a la última sesión de la Legislatura, donde los opositores presentaron proyectos de interpelación concurra un abanico de funcionarios macristas. La sesión pasó a un cuarto intermedio hasta el lunes.
Y con la Federal
“Quiero pedirle a la señora Presidenta que trabajemos juntos. No podemos seguir expuestos a una inmigración descontrolada y al avance del narcotráfico”, aseguró Macri. “Tiene que mandar la fuerza pública y desalojarlos. No podemos darles plata a los que cometieron un delito. Esto se tiene que acabar”, exigió. “No podemos permitir que se loteen los terrenos. No lo vamos a legalizar. Pongamos límites al avance de la delincuencia”, remarcó Macri, quien advirtió que “ante el pedido de agua y alimentos, les dijimos que están abiertos los comedores. No es excusa.” La ministra de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, lo contradijo: afirmó que están cumpliendo con la orden judicial de repartir agua y raciones.
Hubo dos temas que Macri esquivó lo más posible: los asesinatos y la política habitacional. A los muertos, sólo se refirió brevemente: “Lamento las dos muertes, pero no tienen que ver con el desalojo. Fueron con armas tumberas”, afirmó. El jefe de Gobierno esquivó una pregunta sobre si el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) ejecutó sólo el 18 por ciento de su presupuesto. “Pareciera que la ciudad tiene que resolver los problemas de los países limítrofes”, se quejó.
Tras la conferencia de Macri, la respuesta del gobierno nacional no tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, le contestó a Macri que sus planteos “son de una Argentina que pasó hace muchos años”. Consideró que tuvo un gesto “xenófobo y descalificador” y que lo que dijo fue “un espanto”. “Se parecen mucho al orden que reclamaba Duhalde a los argentinos desde los Estados Unidos”, sostuvo. El secretario legal y técnico, Carlos Zannini, defendió la llegada de inmigrantes y dijo que “vienen a ayudar al crecimiento de la Argentina”. “Pareciera que los problemas de la ciudad se resuelven si no vienen más peruanos, paraguayos, bolivianos o uruguayos”, advirtió. Sobre el reclamo de desalojo, el ministro de Justicia, Julio Alak, le respondió que la Policía Federal entregó el predio sin ocupantes a la Metropolitana y que es responsabilidad de la Ciudad mantener la guarda del lugar.
Acechanzas de derecha
Por Mario Wainfeld
Diario Página 12, Buenos Aires.-
http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-158450-2010-12-10.html
“¡Éxodos! ¡Éxodos! Rebaños
de hombres, rebaños de gentes
que teméis los días huraños
que tenéis sed sin hallar fuentes
y hambre sin el pan deseado.
Los éxodos os han salvado:
¡Hay en la tierra una Argentina!”
Rubén Darío, “Canto a la Argentina”.
El lanzamiento de la campaña presidencial de Mauricio Macri y los crímenes cometidos en Soldati se vinculan, pero deben ser escindidos para su análisis. La sincera diatriba de derecha es, claro, un recurso para disimular responsabilidades de gestión, cuanto menos. Los asesinatos integran una agenda más vasta que concierne al gobierno porteño y al nacional, tanto como a sus respectivas policías.
La propuesta de Macri, su contenido estigmatizante y xenófobo, no debe valer como cortina de humo. Las responsabilidades por los asesinatos de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y el nuevo muerto que se conoció anoche son, por ahora, opacas. La vida humana, valor supremo, impone que se traten como un ítem específico. Ambos tópicos se sobrevolarán, pues, en esta nota. El orden en que se abordan es arbitrario, no supone primacía ni lógica ni cronológica.
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En una de las contadas diferenciaciones virtuosas de su precedente norteamericano, la Constitución de 1853 garantizó los derechos “para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino”. Seguramente, el concepto amplio no era compartido de modo cabal por muchos de nuestros próceres. La propia Carta Magna imponía al Congreso “promover la inmigración europea” pensando en gentes rubias y presentables. Pero la historia fue más abierta y afín al Preámbulo. Nuestro país dio acogida a corrientes de variados lugares, en general desterrados de sus patrias por el hambre, las guerras, las persecuciones. Se construyó una encomiable tradición, claro que enfrentando detractores y enemigos. Desde la infausta ley de Residencia hasta los ataques de grupos “patrióticos”, siempre hubo quienes abominaron de los recién llegados, los atacaron y descalificaron. En promedio, la Argentina fue un país de acogida. Las peripecias que incluyeron sus propias crisis determinaron flujos de entrada y de salida.
En cualquier caso, siempre se alabó al “crisol de razas”, expresión impropia si se quiere ser purista pero expresiva de la idea de conjugar una síntesis desde la diversidad. Los versos de Darío que encabezan esta columna cantaron esa epopeya, un siglo atrás.
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Macri, con sinceridad ideológica, elige un rumbo diferente. Su presentación de ayer recorre todos los tópicos de un falso nacionalismo, con hondas raíces autóctonas e internacionales. Hay permisividad, adujo, en la ley inmigratoria actual. Hay abuso de quienes se valen de beneficios sociales que deberían ser “para nosotros”. Hay un vínculo entre los inmigrantes de países vecinos y hermanos con formas organizadas de delincuencia.
Ya que estamos, “Mauricio” abogó por la militarización de la lucha contra ciertos delitos, tomando como ejemplo al Brasil. De tal modo, el jefe de Gobierno se puso de punta no sólo contra las normas inmigratorias, sino contra la Ley de Defensa, una de las políticas de Estado de la restauración democrática.
Varias de esas posturas no son ilegales: una ley puede reemplazarse por otra. Pero sí trasuntan un espíritu excluyente, una cosmovisión repudiable desde las vertientes progresistas o, más ampliamente, humanistas.
Macri elige su domicilio existencial o, mejor, lo confirma. Habrá que ver qué piensan de su movida los compañeros peronistas federales. Para algunos de ellos será una mínima mancha más en su piel atigrada. Entre ellos podrá estar, paradojas te trae la vida, su aliado Francisco de Narváez, nacido en Colombia, que aspira a importantes cargos en este país y que ocupa (con todo derecho) una banca en Diputados.
La admisión de la diversidad, el ius soli que otorga no ya los derechos sino la nacionalidad argentina a los nacidos acá son pilares que justifican no sólo oponerse al discurso de Macri, sino repudiarlo.
Eso es sencillo, y además forzoso, para el cronista, nieto de judíos europeos que cayeron a estas pampas sin una moneda, sin saber castellano, sin compartir la religión mayoritaria y acusados de cien males, entre ellos quitarles trabajo a los gauchos.
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El uso y abuso de la inseguridad y la vindicta de “otros” que ponen en riesgo a los ciudadanos libres (“la gente”, en jerga política y mediática) es un sambenito de la derecha, en muchas comarcas. El inmigrante es abusador, ventajero... rápidamente se pasa a sindicarlo como delincuente. En el centro del mundo tales narrativas gozan de buena salud. Sin justificar lo nefasto, es interesante señalar que esos países atraviesan una crisis económica feroz, de las que exacerban (y popularizan) esos reflejos. La Argentina, en cambio, no es un país superpoblado, se está acercando a una situación de pleno empleo, no existen en ella conflictos religiosos profundos. De cualquier modo, Macri puede interpelar a muchos, incluyendo personas de los sectores más humildes. Un discurso simplificador, con un enemigo sencillo, visible, un poco diferente, dista de ser un pasaporte al fracaso.
Pero sí divide aguas en la sociedad y fuerza a definiciones, entre ellas la defensa de las normas vigentes (algunas acuñadas en buena hora por el actual oficialismo, otras más añejas) que engarzan con nuestra mejor historia.
Macri, de paso cañazo, aspira a distraer sus carencias deplorables en política habitacional. Y a poner bajo la alfombra posibles maniobras de “punteros PRO” que habrían incitado a familias humildes a ocupar terrenos, en la ilusión de que eso les habilitaría una legalización inminente.
Todo esto dicho, las responsabilidades de los crímenes de Soldati son un capítulo más vasto que alude a posibles responsabilidades de la Federal y la Metropolitana que deben investigarse a fondo.
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Hay muchos puntos oscuros en el accionar policial conjunto que terminó en una masacre en la que murieron un paraguayo y una boliviana, afincados en este suelo con todo derecho.
Por lo pronto, su propia génesis: se desconoce, hasta ahora, el contenido de la orden de desalojo de la jueza María Cristina Nazar. No se sabe por qué los dos cuerpos policiales actuaron conjuntamente. La experiencia comprueba que esas coaliciones suelen ser disfuncionales, aun entre cuerpos de una misma fuerza. La masacre de Ramallo es un ejemplo que viene a cuento.
El segundo aspecto, del que no hablan ni el gobierno nacional ni el porteño, es la brutalidad desplegada en la represión. Como reseñan las excelentes notas escritas en este diario por Carlos Rodríguez, los federales dispararon con asiduidad, con armas largas. Desde los dos comandos se dice que sólo usaron balas de goma. Dos salvedades se imponen. La primera es que la lesividad de un proyectil no deriva, exclusivamente, del material con que está confeccionado. También de la saña con que se utiliza o la cercanía con “el blanco”. El maestro Carlos Fuentealba fue asesinado con una bomba de gas lacrimógeno.
El segundo apunte es que no sería novedad que los uniformados mezclaran balas de goma con otras de plomo. Contra versiones oficiosas de la Metropolitana y la Federal, no está comprobado que los proyectiles homicidas hayan sido disparados por pistolas “tumberas”: ésa es una posibilidad, entre otras que incluyen la proveniencia de armas largas, “pistolones o escopetas”, como también anticipó este diario ayer.
La presencia de federales de civil tirando a discreción es patente en las filmaciones y otro motivo de preocupación.
Otra cuestión abierta es la denuncia de Sergio Schoklender sobre la existencia de grupos armados, bien diferenciados de los ocupantes del predio que intrusaron viviendas construidas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo con anuencia activa de la Metropolitana.
Como destaca un comunicado del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundido ayer, el hecho integra una aciaga seguidilla en muy breve lapso, que abarca los crímenes de Barracas y los de Formosa. El CELS habla de “represión sin límites” en Soldati, “alevosas omisiones” en Barracas y “faceta (policial) más reprobable” en Formosa.
Es prematuro hablar de Soldati, pero hasta ahora el único expediente que ha avanzado como es debido es el que investiga el asesinato de Mariano Ferreyra. Fue determinante la presteza de la fiscal Cristina Caamaño, quien apartó a la Federal de la investigación. También hubo valorable sintonía entre Caamaño y la jueza Wilma López.
En este caso habrá que ver si la determinación del fiscal Sandro Abraldes encuentra eco en el juez Eliseo Otero. Hasta ahora, el fiscal lleva la pesquisa, como cuadra cuando no se tiene identificado a un posible autor material.
La acumulación de hechos de sangre con conductas, por la parte baja sospechosas, de las Policías justifica la advertencia del CELS, que el cronista traduce en sus propias palabras. Se percibe una crisis sistémica de las Fuerzas de Seguridad, no por los motivos que aduce la derecha (permisividad), sino por todo lo contrario. Falta de autoridad civil que las conduzca y de gobiernos que tomen distancia si se producen hechos de sangre, facilitando las investigaciones y no defendiendo a los propios sea de viva voz o callando.
La derecha acecha de muchos modos, se ve en estos días. En el plano político ideológico, que aunque no guste forma parte del escenario democrático y es dirimido en su momento por la ciudadanía. Y por el desmadre de las policías bravas, un mal endémico de la Argentina que requiere un abordaje político institucional que, en estas horas, no aparece.
libros, cine
Días amargos de Vaca Guzmán:
Una novela olvidada del romanticismo en Bolivia
Ricardo Aguilar Agramont
La novela Días amargos se adscribe, sin duda, a la corriente “sentimental” del romanticismo latinoamericano del siglo XIX; sin embargo, al lector actual podría parecerle que la escritura de Santiago Vaca Guzmán* (¿1830?-1896) adoleciese de sentimentalismo. Más allá de prejuicios anacrónicos respecto de este punto (posiblemente lo que hoy se considera cursi no lo fue en determinado tiempo) habría que leer esta novela desde otro punto de vista. Vemos cómo el narrador de Jorge Luis Borges en Pierre Menard autor del Quijote lee una prosa inigualable en un fragmento de El Quijote escrito por Cervantes y, por otro lado, lee afectación debida a un anacronismo en un fragmento idéntico, pero esta vez escrito por Pierre Menard siglos después.
Desconozco el bagaje de lecturas que haya podido tener Vaca Guzmán, por tanto no puedo decir que la estructura de su novela sea una originalidad o una alegre coincidencia; empero, no deja de llamar la atención que su organización del relato tiene un rasgo similar (no idéntico) al de las novelas policiales. Me explico: la novela policial siempre comienza por el final, por así decirlo; con la escena de un asesinato, por ejemplo. El lector ya conoce de antemano el desenlace de la historia, sin embargo, continúa leyendo. Pues, lo que realmente importante en esta estructura narrativa es ir develando cómo se llegó al punto en que se encuentra el cuerpo tendido del asesinado. Tal es el caso de Días amargos (que comparte con la novela policial sólo la estructura narrativa), en donde el final de la historia es relatado al inicio, y va desde la amistad de los dos abogados (el Doctor Vega, mediador de la historia para los lectores y, Neltson, autor de sus memorias), hasta el suicidio de Neltson; luego el relato se vuelca al pasado, y va desde el cambio de narrador, hasta el suicido del mismo. Este orden narrativo es muy poco común para el siglo diecinueve en Latinoamérica y más todavía para la joven República de Bolivia. Por otro lado la fórmula de verosimilitud de “los manuscritos encontrados” es por demás vieja y al menos a mí nunca deja de gustarme, y siempre trae complicaciones de enunciación, de mediación, etc. Hasta ahí una descripción breve de lo que se encuentra a primera vista.
La escritura de las memorias (como género) tiene la característica de ser un legado moral edificante que relata hechos dignos de recordar (tiene aires épicos), generalmente está dirigido a la juventud, tal el caso de las memorias de Napoleón, o las ficcionales de Juan de la Rosa. Las memorias escritas por Neltson son todo menos eso, estamos frente a una manifestación atípica del género. Se relata una noticia del autor en la que vemos que el personaje central pertenece a la clase de la pequeña aristocracia, además de ser hijo ilegítimo, lo cual dista mucho de los dos ejemplos antes mencionados. Las “acciones” son más bien de “carácter bajo”, podríamos decir cómico, como traiciones, calumnias, adulterios, etc. En fin, la vida de un abogado desdichado, dada a conocer por la mediación de otro abogado, nos son dignas de memoria, por lo que nos encontraríamos ante un personaje mediocre, que podríamos emparentar al héroe burgués de la novela nonagésima francesa, claro que con ciertos matices. La búsqueda del héroe es infructuosa porque su deseo (una familia) está obstaculizado por cierta fatalidad que le persigue; varios momentos Neltson se identifica en esto con Adela (otro personaje), quien no tiene derecho a la felicidad. Esta fatalidad, sin embargo, conserva un carácter cómico, no es el efecto de una hamartía (error trágico que lleva al héroe a la desgracia) trágica, no está dada por un error, sino por la acción de otros hombres. Éstas son dos características cómicas (como lo entendería Aristóteles) que menciono, por lo que parece no haber coincidencia.
Cierta conciencia republicana, que está muy presente en Nataniel Aguirre y que sería la que uno esperaría en un texto de esta época, está curiosamente olvidada en Días amargos, lo cual es otro punto interesante de su novela. Esta característica no está dada sólo por la ausencia de temas nacionales (tal vez la reciente pérdida del Pacífico podría haber interpelado a un autor a escribir de lo nacional), sino por una condena de las instituciones más sagradas de “la república”. Bolivia se funda imitando los preceptos de la Revolución francesa, entonces la conciencia republicana de latinoamericana tiene de por sí las creencias de la clase burguesa. Las bases fundamentales de esta clase social son condenadas por Neltson. Su búsqueda infructuosa de familia le lleva a renegar no sólo contra la religión (de la cual dice ser una filosofía más, donde la palabra “filosofía” es vista como poco menos que una falsa ciencia oculta), contra la Justicia (las ingenuas palabras de Neltson de “los abogados son los sacerdotes de la ley” son reemplazadas por las de “tanta mentira satisfecha o tanta inocente desgracia castigada”), sino contra el mismo objeto de su deseo: la familia (antes de su suicidio su único lazo de sangre, su madre, es despreciado diciéndole: “[…] recoge ahora la fortuna y la dicha apetecida que tu ansiedad sabrá arrancar de ajena mano […]”). Religión, justicia y familia son, con seguridad, los tres pilares de la conciencia republicana execrados por Neltson. Estos son posiblemente los aspectos más interesantes de su novela olvidada.
* Vaca Guzmán, Santiago (¿1830?-1896). Historiador, literato y diplomático boliviano. Autor de Exploraciones en la región platense del Pilcomayo, Días amargos, Literatura boliviana, y otros.
Una lectura sobre Loco Afán:
Crónicas de Sidario de Pedro Lemebel
Ricardo Aguilar Agramont
Quiero ver en el libro de crónicas periodísticas del chileno Pedro Lemebel Loco afán. Crónicas de Sidario mucho más que una ruptura con el género novelesco y con la ficción misma. Mi lectura traza otro mapa de discusión. Loco afán… nos plantea el itinerario del “travestimiento” de diversas instituciones de poder de la conciencia burguesa. En mostrar el mapa de ese recorrido consiste mi propuesta de lectura.
El libro se divide en diversos espacios de la crónica: la primera agrupación consiste en particularizar el anonimato, nombrarlo, individualizarlo (aparecerá además un narrador colectivo), por lo que comienza con una visión gozosa del travestismo que termina con una fantasmagoría del neocolonialismo, el SIDA que atravesará todo el libro; la segunda trata de una reflexión sobre el travestismo en general, donde el tono es mucho más periodístico que en los otros grupos; el tercer grupo supone un espacio donde la crítica ideológica se hace más agresiva que en las otras partes; el siguiente grupo de crónicas, el cuarto, vuelve a las particularizaciones, y curiosamente, cada vez que se pone nombre al anonimato, aparece un narrador colectivo, es decir un nosotras; el último grupo es donde aparecen tres “travestimientos” a instituciones de la conciencia burguesa que concluyen en un signo negativo de olvido. A lo largo de estos grupos aparecerán dos tipos de travestimientos opuestos: uno que encubre el neocolonialismo (desencubierto por el narrador) y otro que trasfigura gozosamente las mentiras del “sentido común burgués”, aunque este último tipo termine neutralizado por el olvido. En el primer caso el disfraz es una impostura y, en el segundo, el disfraz deja de serlo deviniendo en una “piel” auténtica.
Lo primero que la narración destrasviste es el neocolonialismo disfrazado en una epidemia-fantasmagoría: el SIDA. El libro comienza bajo el signo de lo macabro recorriendo el tercer mundo. Paginas más adelante el narrador trasviste la identidad, trasviste lo que “el buen sentido” llama el nombre “propio”. El apellido, que sostiene la institución pequeño burguesa de La Familia, es abolido a favor de una nueva nominación celebratoria que hace del defecto físico un motivo de risa carnavalesca que nivela (el apodo): “Existen mil formas de hacer reír a la amiga cero positiva expuesta a la baja de defensas si cae en la depresión. Existen mil ocurrencias para conseguir que se ría de sí misma, que se burle de su drama. Empezando por el nombre”. De este modo, no sólo la institución del “control de cuerpos” (Foucault) de los servicios de identificación de gobiernos son puestos en crisis a partir de travestir la identidad, sino la institución familiar en tanto núcleo del “buen” sentido. Creo que este gesto del apodo en el mundo de las locas es el más corrosivo, pues veremos cómo otros travestimientos no terminan de impactar de este modo.
Más adelante aparecen dos travestimientos encubridores: “Así el SIDA se espejea entre los productos del mercado, travestido como un fetiche más en el tráfico gitano de la plaga”; y “Y del opaco recato de grises, azules y verdes, que uniformaron los párpados de la memoria; el neoliberalismo agrega su antifaz plata y oro, que trasviste de carnaval las cicatrices”. La primera cita vuelve a hacer referencia al neocolonialismo disfrazado y la segunda refiere los colores de lo militar, lo policial y los regímenes totalitarios que el neoliberalismo (que es lo mismo que decir la democracia latinoamericana) quiere olvidar o hacer olvidar como una historia-vergüenza, matizándola como si fuese una “fiesta democrática”. En respuesta a este último encubrimiento, el “loco afán” responderá gozosamente travistiendo la institución de la historia. A la imagen más clásica de Simón Bolívar a caballo se le implantan senos, además de dejarle el trasero al aire: “Así, la versión homosexual de los próceres, traviste en carnaval maraco el privado de la independencia”. Lo que se está refigurando aquí es la historia y su masculinidad. La historia travestida que el neoliberalismo intenta hacer olvidar.
El arte tampoco se libra del “loco afán” por travestir las “seguras” realidades de la conciencia burguesa. Lorenza (personaje en una de las crónicas) mutilada “hace” de Venus de Milo, su terrible deficiencia física trasfigura la belleza clásica: “La pose coliza suaviza el bisturí revirtiendo la compasión. Se trasforma en un fulgor que traviste doblemente esta cirugía helénica”. El glamour de la vida de Lorenza hace de la amputación un cuestionamiento de las “curvas” clásicas, haciendo del cuerpo marcado ante la sociedad algo estético que representa la mimesis; este mecanismo de reversión es anulado por el SIDA.
En la crónica “La transfiguración de Miguel Ángel” se trasviste la religión. El milagro de la virgen consiste en realizar una vaginoplastia a un joven iluminado. El hecho mueve a una fe auténtica a más de uno. El mismo eclesiástico envidioso muere contento sustituyendo la deseada aparición divina por la del joven muchacho hecho mujer. La fe se refresca invitando al peregrinaje travesti de los tacones altos. Un culto se trasviste de manera subversiva, pero “Sobre el tema se estableció una nube de silencio que borró el nombre de Miguel Ángel de la memoria de sus habitantes”. El travestimiento de la institución de la fe en una renovada fe queda neutralizado.
La crónica “Berenice” consiste en travestir la institución de la maternidad. El “loco afán” plantea lo que para el “buen sentido” es aberración. De esta manera la conciencia burguesa no sólo niega al travesti la posibilidad de un núcleo afectivo (posibilidad ya antes negada desde el padre), sino que le niega el poder amar. El robo que hace Berenice (al desear la maternidad llega a robar un niño) constituye para el mundo del “loco afán” un acto de rebeldía prometeico; les roba el amor reservado sólo para el olimpo heterosexual burgués, pero la llama del fuego divino se apaga pronto, un despliegue mediático de proporciones teogónicas distribuye el croquis criminal de la raptora que es capturada rápidamente. Una vez neutralizado el acto de rebeldía amorosa de Berenice, la memoria no la guarda como metáfora de víctima propiciatoria, como en el caso ejemplar de Prometeo, sino que el olvido mengua hasta la inútil glamorosa posibilidad de ser mártir.
Todos los trasvestimientos auténticos del “loco afán” terminan tristemente reducidos, sólo queda un sabor amargo de la celebración gozosa de una marginalidad límite.
lecturas
Las ejecuciones extralegales continúan
Miembros del CNPZ y Jorge Lonsdale fueron asesinados en 1990
Yuri Aguilar Dávalos
El olvido no es victoria
sobre el mal ni sobre nada
y si es la forma velada
de burlarse de la historia
para eso está la memoria
que se abre de par en par
en busca de algún lugar
que devuelva lo perdido
no olvida quien finge olvido
sino el que puede olvidar.
Mario Benedetti
Ni olvido ni perdón dicen las paredes cuando muchas víctimas de la prepotencia no pueden recurrir a nada ni a nadie, pues son muchos los crímenes que desde el Estado, a través de funcionarios, quedan en la impunidad. Y uno de ellos sucedió hace 20 años, el 5 de diciembre de 1990, durante el gobierno “democrático” de Jaime Paz Zamora, el de la alianza del llamado Acuerdo Patriótico (MIR –ADN), cuando los “izquierdistas” del MIR decidieron pasar los ríos de sangre y hacer pacto con los banzeristas, los victimarios de varios de sus fundadores, en tiempos de las dictaduras de Banzer y de García Meza.
Antecedentes de la impunidad
La represión de los organismos de seguridad del Estado contra corrientes políticas que impulsan un cambio en la estructura social, es inhumano y sangriento en la mayoría de las veces.
Los funcionarios del ordenamiento jurídico y social constituido, conservadores al fin, justifican cualquier método represivo con tal de preservar la acomodada situación que gozan en los puestos jerárquicos del aparato estatal.
En Bolivia, en los últimos 60 años, tenemos un sinnúmero de experiencias penosas y sangrientas, donde la intolerancia llega a límites grotescos e inhumanos. Durante los gobiernos del MNR, desde 1952 al 64, la represión contra políticos opuestos al régimen se ejerció desde el tenebroso Control Político, dirigido por el Cnl. Claudio San Román, secundado por dos coroneles Luis Gayán Contador y Adhemar Menacho, y con pleno conocimiento y respaldo de los presidentes de turno, Víctor Paz Estenssoro y Hernán Siles Suazo; los regímenes de los generales René Barrientos y Alfredo Ovando, continuaron con esa labor a través de la Dirección de Investigaciones Criminal (DIC); luego, la dictadura del general Hugo Banzer Suárez reprimió a la izquierda y a las organizaciones populares a través de la Dirección de Investigaciones Nacional (DIN); creó después una más específica, la Dirección de Orden Político (DOP) y amplió la responsabilidad represiva estatal a organismos militares, como la Sección II de Estado Mayor de Ejército; posteriormente, las dictaduras militares de Alberto Natusch Busch, Luis García Meza y Celso Torrelio Villa mantuvieron esa estructura represiva con un elevado saldo de víctimas, incluyendo en sus filas a mercenarios italianos y argentinos, todos ligados con el narcotráfico; además de los Novios de la Muerte organizados por el nazi Klaus Barbie o Altman y Marco Marino Diodato, ambos protegidos por Banzer.
En todo este recuento hubo gobiernos intermedios (Luis Adolfo Siles Salinas, Gral. Juan José Torres, Gral. David Padilla, Walter Guevara, Lidia Gueiler, Gral. Guido Vildoso) que evitaron ensangrentarse las manos, aunque no dejaron de reprimir a sus opositores, por ejemplo, en el corto período de Siles Salinas, ajusticiaron a Inti Peredo, uno de los sobrevivientes de la Guerrilla del Che y principal jefe del ELN el momento de su caída. Pero también los organismos de seguridad fueron benévolos con los conspiradores; ejemplo, a mediados de agosto de 1971, durante el gobierno de J.J. Torres, el golpe preparado por el entonces Cnl. Banzer, Paz Estenssoro (MNR), Mario Gutiérrez (FSB) e importantes sectores empresariales fue detectado, los organismos de seguridad apresaron a Banzer, pero sobre él y sus allegados no hubo torturas ni ejecuciones sumarias; sin embargo, apenas triunfa el golpe de Banzer, la represión ocupó un lugar privilegiado, donde las torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias (asesinatos), confinamientos y destierros fueron el pan de cada día.
De esa barbarie del poder no se libraron ni los estrechos colaboradores del dictador Banzer: así el ex-ministro del Interior de ese régimen, el Cnl. Andrés Selich Shop, fue torturado y asesinado en una “casa de seguridad" del mismo ministerio que había dirigido meses antes; en ese momento, ese ministerio estaba a cargo del abogado Alfredo Arce Carpio. La mayoría de los responsables y ejecutores de esos crímenes están impunes, con excepción de García Meza, Arce Gómez y unos cuantos paramilitares.
Seguridad del Estado contra la vida
En 1982 se ingresa a un proceso democrático-parlamentario, donde paralelamente se revitalizan las organizaciones populares, pero también surgen grupos radicales que no creen en la democracia controlada y formal. Surgieron grupos como el FAL-Zárate Willka, el Ejército Guerrillero Túpak Katari (EGTK), la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ), expresión del renovado Ejército de Liberación Nacional y otros.
Estos grupos decidieron preparar las condiciones para una insurrección, pero el deseo no llegó a realizarse, pues uno tras otro fueron desarticulados por los organismos represivos y de seguridad del Estado. Tras la desarticulación de esos grupos rebeldes, sus integrantes sufrieron los mismos métodos represivos e ilegales propios de las dictaduras, en esa oportunidad bajo el amparo de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo y del Ministerio Público (Fiscalía).
El CNPZ y el caso Lonsdale
Uno de los casos más sangriento y no resuelto es el relacionado con el secuestro del empresario Jorge Lonsdale, realizado por miembros de la Comisión Néstor Paz Zamora. http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/cdh/3.html
Tras el apresamiento, tortura y asesinato de uno de los guerrilleros (actos ejecutados por personal del Ministerio del Interior o por del Departamento II del Ejército), se preparó la liquidación total del grupo. El 5 de diciembre de 1990, parte de los guerrilleros que custodiaban a Lonsdale fueron ultimados en la casa donde fueron ubicados. Esos actos son considerados delitos por las Naciones Unidas y se los tipifica como "desapariciones forzadas y crímenes políticos". En esos momentos el país estaba presidido por Jaime Paz Zamora y el ministro del Interior era Guillermo Capobianco, ambos militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), partido que cogobernaba junto al del ex dictador Gral. Banzer (ADN). Los operadores principales eran Raúl Loayza (subsecretario de Régimen Interior), Cnl. Germán ‘el Negro’ Linares Iturralde (jefe de inteligencia de la entonces Policía Nacional-CEIP) y Tcnl. Carlos Antezana Cuéllar (segundo de Linares en el CEIP).
Un año antes a estos hechos, en diciembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas de la que Bolivia es parte, adoptó los "Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias", los que debían ser respetados por los gobiernos y puestos en conocimiento de "los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de los funcionarios de la justicia penal..."Leamos lo que dice esa Resolución de las NN.UU., la 44/162 del 15 de diciembre de 1989: "Los gobiernos prohibirán por ley todas las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias y velarán porque todas esas ejecuciones se tipifiquen como delitos en su derecho penal y sean sancionables con penas adecuadas... No podrán invocarse para justificar esas ejecuciones circunstancias excepcionales, como por ejemplo, el estado de guerra o de riesgo de guerra, la inestabilidad política interna ni ninguna otra emergencia pública..."
"Los gobiernos prohibirán a los funcionarios superiores o autoridades públicas que den órdenes en que autoricen o inciten a otras personas a llevar a cabo cualquier ejecución extralegal, arbitraria o sumaria. Toda persona tendrá derecho y el deber de negarse a cumplir esas órdenes."
Las ejecuciones extralegales del 5 de diciembre
“Pancho, Pancho, rendite, nos tienen rodeados, quieren matarnos... entregate hermano, dejá de disparar, estamos jodidos”. Luis Caballero Ínclan es quien grita a Julio Acasigüe desde la terraza de la casa vecina a sus compañeros de la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ) que tienen secuestrado a Jorge Lonsdale.
Ese 5 de diciembre de 1990 la gente que sale a su trabajo se ha aglomerado en las cercanías de la calle Abdón Saavedra y Chaco, en La Paz; quieren ser testigos del allanamiento.
Todo empezó el 11 de junio de ese año: en las inmediaciones de la plaza Israel el industrial Jorge Lonsdale es secuestrado. Los días pasan sin que el gobierno de Jaime Paz Zamora ni los organismos de inteligencia sepan quiénes son los autores ni qué buscan.
Luego aparecen pintadas las paredes con el lema “Bolivia digna y soberana, fuera yanquis” y las siglas CNPZ. Más tarde, el 10 de octubre, se producen dos atentados dinamiteros: uno estalla en la casa de los “mariners” de los Estados Unidos y el otro en el monumento a Kennedy, en la plaza del mismo nombre. A partir de esos hechos se hilan cabos con el secuestro y el 6 de noviembre empiezan las detenciones, produciéndose la más decisiva en la noche del 4 de diciembre: el peruano Evaristo Salazar (o Alejandro Escóbar Gutiérrez) es apresado en la calle 21 de Calacoto, en La Paz, por el Cnl. Germán Linares Iturralde, Director del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP). Lo conduce a la Sección II de Ejército, según unos, o al CEIP, según otros, donde es “interrogado” hasta que confiesa la dirección donde está Jorge Lonsdale. Horas después Evaristo Salazar es encontrado muerto a balazos y con huellas de torturas en la avenida del Poeta.
A las cuatro y media de la mañana los agentes que interrogaron a Salazar visitan al ministro del Interior Guillermo Capobianco. Le informan que “el peruano ha confesado”; entonces, el ministro da la orden de allanamiento al Cnl. Linares.
Empieza la balacera y en algún momento tres miembros del CNPZ —Miguel Northuster, Luis Caballero Ínclan y Oswaldo Espinoza Gemio— salen por la parte trasera de la casa para ocultarse en la vivienda vecina, pero el propietario, un militar, los denuncia y los agentes civiles llegan al domicilio y los detienen. Los tres son llevados a la terraza. Caballero, sujetado del cuello por un agente, es obligado a gritar a sus compañeros para que se rindan. Inmediatamente se oyen otros gritos: “Aquí está el Gringo”; se refieren a Northuster, quien también es llevado a la azotea por otros agentes. Luego llega el que dirige el operativo, da órdenes en clave y se retira. Inmediatamente se oyen disparos; después empiezan a barrer la sangre, mientras llega una ambulancia para llevarse los cadáveres de los tres secuestradores. También se llevan el cuerpo sin vida de Jorge Lonsdale.
Tres de los secuestradores, dos hombres y una mujer, salen por delante y salvan la vida gracias a la gente reunida, entre ellos el diputado Gregorio Lanza, un reportero del Canal 4 y periodistas de radio Altiplano. Horas después el presidente Jaime Paz Zamora se responsabiliza de los hechos.
Delitos de lesa humanidad
Por toda la opinión pública es conocido que los tres guerrilleros que lograron huir a la casa vecina fueron apresados sin armas y con vida. Inmediatamente fueron asesinados por los agentes del Ministerio del Interior en el mismo lugar de su detención. Luego el informe oficial decía: "Muertos en combate", algo similar a lo sucedido con los ejecutados del MIR el 15 de enero de 1981, durante la dictadura de Luis García Meza, de la que fue Ministro del Interior Luis Arce Gómez; sólo con la diferencia que los responsables de esta ejecución extralegal "democrática" eran del MIR. Lo más grave de estos hechos es que la acción fue autorizada por el mismo presidente de la República, Jaime Paz Zamora y, ni la prensa ni un diputado, presente en el lugar de los hechos (Gregorio Lanza), pudieron evitar la masacre.
Es difícil entender que los guerrilleros del CNPZ intentaran huir con semejante cerco policial, pues si los guerrilleros hubieran ejecutado al secuestrado lo más coherente era entablar combate y morir peleando, pues ya habían perdido al rehén que les garantizaba la vida. De toda formas, haya muerto Jorge Lonsdale, ejecutado por los guerrilleros o quién sabe por quién (no se hizo autopsia a Lonsdale), lo cierto es que los guerrilleros fueron ejecutados extralegalmente, lo que constituye en un delito de lesa humanidad, por tanto imprescriptible; sin embargo, hasta la fecha nadie fue sancionado, excepto los detenidos que permanecieron varios años tras las rejas.
El gobierno de entonces no acató uno de los principios del indicado documento, que indica que debe abrirse una "...investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que hayan sospechas de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias... para determinar la causa, la forma y el momento de la muerte, la persona responsable y el procedimiento o práctica que pudiera haberla provocado..."
Los detenidos políticos de aquél y de otros grupos rebeldes, esperaron sin ningún resultado la apertura de sus respectivos juicios. Eso sí, a lo que se dio celeridad es a la presión y tortura ejercida por los "funcionarios encargados de hacer cumplir la ley".
Y no sólo los personeros encargados de la seguridad del Estado se encargaron de justificar esas ejecuciones extralegales, también lo hizo ministro de Economía, Ronald MacLean, cuando en una entrevista se le preguntó antes de esos sucesos sangrientos y la posibilidad de salvar la vida del secuestrado Lonsdale, respondió que lo más importante era la seguridad del Estado.
Incluso la periodista Lupe Cajías, entonces secretaria General de la Asociación de Periodistas de La Paz y afín al gobierno MIR-ADN, cuando el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica emitió un informe sobre atropellos a los derechos humanos, afirmó que ese organismo desconoce los esfuerzos del gobierno de Paz Zamora para preservar los derechos humanos en Bolivia.
Los responsables están impunes
Los organismos encargados que debían realizar la investigación de esos hechos nunca lo hicieron, pero sí lo hizo la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el año 1995 www.derechos.org/nizkor/bolivia/cdh/index.html, cuya parte conclusiva y proyecto de requerimiento contra los responsables, los publicamos en los Anexos 1 y 2.
En esa investigación se identifica a los principales responsables —Jaime Paz Zamora (presidente de la República), Guillermo Capobianco (ministro del Interior), Raúl Loayza (subsecretario de Régimen Interior), Cnl. Germán ‘el Negro’ Linares Iturralde (Jefe de Inteligencia de la entonces Policía Nacional-CEIP), Tcnl. Carlos Antezana Cuéllar (segundo de Linares en el CEIP). Sin embargo, entre los autores no figura Carlos Federico Valverde Bravo (director nacional de Inteligencia del Estado), quien también participó en los interrogatorios, como se puede leer en el Informe de la Comisión de Diputados; así también, de acuerdo a una fuente que pidió reserva, uno de los torturadores que sigue impune es el entonces My. Edgar de La Torre Rodríguez. Según esa fuente el equipo del CEIP era asesorado por agentes de inteligencia de otros países (peruanos, franceses, estadounidenses), como también por el español Rafael Masa González, teniente coronel de la guardia civil española, con antecedentes penales en su país por la eliminación de vascos rebeldes y por la conformación del grupo paramilitar GAL.
Los responsables de esas ejecuciones extralegales y de otros atropellos, torturas y vejámenes están impunes, pese a que la investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en el año 1995 los ha identificado, antecedente que amerita que el Ministerio Público inicie causa contra ellos.
Métodos parece que no cambian
En este proceso de cambio que vivimos parece que los métodos policiales no han cambiado mucho. Denuncias de maltrato, represión a movilizaciones sociales y, peor aún, homicidios en celdas policiales, se han perpetrado.
En junio pasado, un acusado del atraco a la recaudación de Vías Bolivia (David Olorio), falleció con claros signos de tortura, estando en custodia de los efectivos del orden. Otro caso sucedió en septiembre: Jorge Luis Cruz, un futbolista que fue detenido por agredir a un árbitro, apareció muerto en celdas de la Policía, con signos de haber sido golpeado, aunque el informe oficial dice que se suicidó. http://www.la-razon.com/version.php?ArticleId=118749&EditionId=2298
Consideramos que la Resolución de la NN.UU., la 44/162 del 15 de diciembre de 1989, así como otra posterior, la 47/133 del 18 de diciembre de 1992, deben ser acatadas fielmente por las autoridades gubernamentales. Y más aún, si quieren hacer prevalecer la justicia en este proceso de cambio que vivimos, se debe sancionar los actos represivos ejecutados por funcionarios estatales que atentan contra los derechos humanos, ya que la Constitución Política del Estado, en su artículo 110 dice: I. Las personas que vulneren derechos constitucionales quedan sujetas a la jurisdicción y competencia de las autoridades bolivianas; II. La vulneración de los derechos constitucionales hace responsables a sus autores intelectuales y materiales; III. Los atentados contra la seguridad personal hacen responsables a sus autores inmediatos, sin que pueda servirles de excusa el haberlos cometido por orden superior.
Anexo 1
Parte final de la parte “IV. Conclusiones específicas” del Informe de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, 1995. http://www.derechos.org/nizkor/bolivia/cdh/8.html
La presente investigación permitió reunir las evidencias e indicios que autorizan asumir un grado suficiente de presunción, que puede ser objetivamente sustentado, acerca de violaciones de Derechos Humanos en la instancia de diligencias de policía judicial y con motivo de los enjuiciamientos posteriores, cometidas contra los ciudadanos imputados de presuntos delitos contra la seguridad del Estado.
14.- Presuntos responsables de las violaciones constatadas.
a) En el plano policial y fiscal y en referencia a torturas, vejámenes, coacciones y malos tratos, aparecen como presuntos responsables materiales los siguientes funcionarios:
Caso FAL-Zárate Willca
1. Cnl. de Policía Antonio Rojas Trujillo (Subcomandante de Criminalística de la época)
2. My. Humberto Rodríguez
3. My. David Rodríguez
4. Cnl. Carlos Vizcarra (Comandante de Criminalística)
5. Subof. Manuel Balboa Suxo
6. Agente Edgar Chávez
7. Agente Esto Torrico
8. Fiscal Salomón Paniagua
9. Fiscal José Nemtala Kairala
10. Dr. Alberto Romay (Asesor Jurídico de la Policía)
Caso Comisión Néstor Paz Zamora
1. Cnl. Germán Linares Iturralde (Comandante del Centro Especial de Investigación Policial CEIP)
2. Ttecnl. Carlos Antezana Cuéllar
3. Tte. N. Rojas
4. Subtte. N. Pereira
5. Policía N. Pozo
6. Sof. N. Alvarez
7. Policía N. Espinoza
8. David Garimendi Mendoza
Caso Ejército Guerrillero Tupac Katari
1. Cnl. Germán Linares Iturralde
2. Fiscal José Nemtala Kairala
3. Tte. Juan Vargas
4. Cap. Enrique Martínez
5. Cap. Freddy Suárez Castro
6. Tte. Armando Flores
7. Cap. Roger Martínez
8. Cnl. Freddy Zabala
9. Cnl. Óscar Terán Arévalo
10. Dr. Antonio Tórrez Balanza (médico-forense)
11. Fiscal David González (Cochabamba)
12. Cap. Raúl Flores (CEIP de Cochabamba)
13. Tte. Eduardo Solíz (CEIP de Cochabamba)
14. Tte. Octavio Gutiérrez (oficial de UMOPAR Cochabamba)
Caso Ejército de Liberación Nacional
1. Cap. Saúl N.N.
2. Cap. Mario Arismendi
3. Agente Fabiola Echeverri
4. Cnl. Jorge Terán
5. Agente Maruja N.N.
6. Agente Paola N.N.
7. Subof. N. Decker
La conducta de estos funcionarios aparece descrita en los Arts. 295, 270, 271, 293, 294, del Código Penal que definen los delitos de vejaciones y torturas, lesiones gravísimas, lesiones graves y leves, amenazas y coacción.
b) Respecto a detenciones, incomunicación y allanamiento de domicilio de características ilegales y violatorias del ordenamiento jurídico, la responsabilidad presunta recae sobre los siguientes funcionarios:
Caso FAL-Zárate Willca
1. Cnl. de Policía Antonio Rojas Trujillo
2. Fiscal Salomón Paniagua
3. Fiscal Alberto Romay
Caso Comisión Néstor Paz Zamora
1. Cnl. Germán Linares Iturralde
2. Cnl. Carlos Antezana Cuéllar
3. Fiscal José Nemtala Kairala
4. Fiscal Juan Molina Ibañez
Caso Ejército Guerrillero Túpac Katari
1. Fiscal José Nemtala Kairala
2. Cnl. Germán Linares Iturralde
3. Cap. Raúl Flores
4. Tte. Eduardo Solíz
5. Tte. Octavio Gutiérrez
Caso Ejército de Liberación Nacional
1. Fiscal José Nemtala Kairala
2. Cnl. Germán Linares Iturralde
La conducta de estos funcionarios aparece subsumida en los Arts. 299 y 292 del Código Penal que tipifican los delitos de Allanamiento de domicilio y privación de libertad, agravados, respectivamente.
c) En el plano judicial y con motivo de los procesos penales instaurados, aparecen adecuando su conducta a las previsiones de los Arts. 173, 177, 178, 153 y 154 del Código Penal que definen los delitos de Prevaricato, Negativa o retardo de justicia, Omisión de denuncia, Resoluciones contrarias a la Constitución e Incumplimiento de deberes, los siguientes jueces:
Caso FAL-Zárate Willca
1. Juez 8 de Instrucción en lo Penal, David Rivas Grandín.
2. Juez 6 de Partido en lo Penal, Germán Urquizo y León.
Caso CNPZ
1. Juez 9 de Instrucción en lo Penal, Antonio Santamaría Patón
Caso EGTK
1. Juez 1 de Instrucción en lo Penal, Néstor Guerrero Arraya.
Caso ELN
1. Juez 1 de instrucción en lo Penal, Gróver Nájera
d) Aparecen como responsables de homicidio y/o asesinato, definidos en los Arts. 251 y 252 del Código Penal:
En el caso del Sr. Juan Domingo Peralta:
1. Cap. Cancio Pérez
2. Agente Edgar Chávez
3. Agente Tito Tornero
4. Agente N. Flores
5. Agente N. Mogoa
6. Subof. Manuel Balboa Suxo
En el caso del Sr. Evaristo Salazar:
1. Ttecnl. Carlos Antezana Cuellar
2. Tte. N. Rojas
3. Subtte. N. Pereira
4. Policía N. Pozo
5. Sof. N. Alvarez
6. Policía N. Espinoza
7. David Arismendi Mendoza
f) Finalmente, esta Comisión señala que la investigación sobre la conducta funcionaria de los responsables políticos de la gestión gubernamental en el área respectiva, no ha sido objeto de investigación suficiente. Sólo se recibieron las declaraciones informativas de los Sres. Guillermo Capobianco y Raúl Loayza, Ministro del Interior, Migración y Justicia, y Subsecretario del Interior, respectivamente, entre agosto de 1989 y marzo de 1991 y, por lo mismo, así sea sólo en el plano informativo, deberán obtenerse las declaraciones de los Sres. Eduardo Pérez Beltrán y Carlos Saavedra Bruno, Ministros del Interior, Migración y Justicia entre junio y agosto de 1989, y marzo de 1991 y agosto de 1993 respectivamente, junto a las declaraciones de sus respectivos subsecretarios del Interior.
Si bien en el primer caso (Ministro Capobianco y Subsecretario Loayza) los indicios dan cuenta de su conocimiento de los hechos denunciados, de la ninguna acción para subsanarlos o corregirlos y, por lo mismo, de su responsabilidad penal; su conducta junto a la de los otros Ministros y Subsecretarios nombrados, debe ser objeto de minuciosa investigación policial y fiscal, junto con el resto de funcionarios, como se recomienda en el Requerimiento final.
La Paz, 12 de julio de 1995
Por la Comisión de Derechos Humanos de la H. Cámara de Diputados:
Juan del Granado Cosio (Presidente), Daniel Santalla Tórrez (Secretario),
Ramiro Barrenechea (Vocal), Jorge Albarracín (Vocal), Máximo Terán G. (Vocal),
Luis Eduardo Siles P. (Vocal), Rosario Paz Ballivián (Vocal), Jerjes Justiniano T. (Vocal), Silvio Aramayo (Vocal).
Anexo 2
Proyecto de requerimiento
La H. Cámara de Diputados
De acuerdo al Informe de la Comisión de Derechos Humanos, que contiene la investigación efectuada por esta Comisión, a resultas de la Resolución Camaral N 68 de fecha 8 de abril de 1994, relativa a denuncias sobre graves violaciones a Derechos Humanos, con motivo de acciones policiales y judiciales contra personas sindicadas de alzamiento armado y otros delitos contra la seguridad del Estado
Resuelve
Requerir:
1. Porque una copia legalizada de todo lo obrado se remita a la R. Corte Superior de Distrito de La Paz para la organización de proceso penal contra los Sres. José Nemtala Pairada, Salomón Paniagua, Alberto Romay, Antonio Tórrez Matanza, David González, Juan Molina Ibañez, Germán Linares Iturralde, Antonio Rojas Trujillo, Humberto Rodríguez, Carlos Vizcarra, Manuel Balboa Suxo, Edgar Chávez, Tito Tornero, Carlos Antezana Cuéllar, David Garimendi Mendoza, Juan Vargas, Enrique Martínez, Freddy Suárez Castro, Armando Flores, Roger Martínez, Freddy Zabala, Óscar Terán Arévalo, Raúl Flores, Eduardo Solíz, Octavio Gutiérrez, Ularco Arismendi, Jorge Terán y Fabiola Echeverrí. Además, el enjuiciamiento debe abarcar a los siguientes funcionarios policiales cuya identidad debe ser precisada como parte de la investigación jurisdiccional: Tte. N. Rojas, Subtte. N. Pereyra, policía N. Pozo, Sof. N. Álvarez, Policía N. Espinoza, Cap. Saúl NN., Agente Maruja N.N., Agente Paola N.N. y Sof. N. Decker; por estar la conducta de estos funcionarios fiscales y policiales descrita en los Arts. 295, 270, 271, 293, 294, 299 y 292 del Código Penal, que definen los delitos de vejaciones, torturas, lesiones, amenazas, coacción, allanamiento de domicilio y privación de libertad, de acuerdo a la especificación y el detalle personal, contenido en el Informe de la Comisión de Derechos Humanos.
Porque otra copia legalizada de todo lo obrado sea remitida a la R. Corte Superior de Distrito de La Paz, para que de acuerdo a la atribución contenida en el inc. 7) del Art.103 de la Ley de Organización Judicial proceda a organizar proceso penal contra los Sres. Jueces, David Rivas Grandín, Germán Urquizo y León, Antonio Santa María Patón, Néstor Guerrero Arraya y Gróver Nájera, por estar su conducta comprendida en la tipificación establecida en los Arts.173,177,178,153 y 154 del Código Penal, que definen los delitos de Prevaricato, Negativa o retardo de justicia, Omisión de denuncia, Resoluciones contrarias a la Constitución e Incumplimiento de deberes.
3. Porque otra copia legalizada de todo lo investigado e informado se remita al Sr. Fiscal de Distrito en lo Penal de La Paz para que continúe y culmine las siguientes investigaciones, como parte de diligencias de Policía Judicial.
a) Homicidios y/o asesinatos perpetrados contra los ciudadanos Juan Domingo Peralta, Evaristo Salazar y un jardinero cuya identidad debe ser establecida.
b) La muerte de los ciudadanos Miguel Northuster Kerer, Luis Caballero Ínclan, Osvaldo Espinoza Gemio y del Ing. Jorge Lonsdale, ocurrida el 5 de diciembre de 1991, en la calle Abdón Saavedra de la ciudad de La Paz.
c) La conducta y responsabilidad funcionaria de los Sres. Eduardo Pérez Beltrán, Guillermo Capobianco Rivera y Carlos Saavedra Bruno, ex Ministros del Interior, Migración y Justicia, y la de sus respectivos Subsecretarios del Interior.
Concluidas las investigaciones, el Sr. Fiscal de Distrito deberá remitir el resultado de las mismas a la H. Cámara de Diputados para la consideración correspondiente.
4. Porque otra copia legalizada de lo obrado por la Comisión de Derechos Humanos se remita a la Corte Suprema de Justicia y Juzgados del Distrito Judicial de La Paz, donde actualmente se tramitan los procesos penales contra personas sindicadas de Alzamiento armado y otros delitos contra la seguridad del Estado, para que, de acuerdo a sus atribuciones, restablezcan derechos procesales de orden público de los imputados y procesados, anulando obrados y actuaciones policiales y judiciales que importen disminución, negativa o desconocimiento de derechos constitucionales que hacen a la defensa irrestricta y al debido proceso.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
Sala de Sesiones de la H. Cámara de Diputados.
La Paz, julio de 1995.
Declaración Universal de los Derechos humanos
Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948
El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos, cuyo texto completo figura en las páginas siguientes. Tras este acto histórico, la Asamblea pidió a todos los Países Miembros que publicaran el texto de la Declaración y dispusieran que fuera "distribuido, expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los territorios".
Preámbulo
Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana;
Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias;
Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión;
Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones;
Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad;
Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y
Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el pleno cumplimiento de dicho compromiso;
La Asamblea General
proclama la presente
Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.
Artículo 1
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.
Artículo 2
1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.
Artículo 3
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.
Artículo 4
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5
Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 6
Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.
Artículo 7
Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Artículo 8
Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.
Artículo 9
Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.
Artículo 10
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Artículo 11
1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
Artículo 12
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
Artículo 13
1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
Artículo 14
1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 15
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.
Artículo 16
1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.
Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Artículo 18
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Artículo 19
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Artículo 20
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Artículo 21
1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de accceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.
Artículo 22
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
Artículo 23
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
Artículo 24
Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.
Artículo 25
1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.
Artículo 26
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Artículo 27
1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
Artículo 28
Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.
Artículo 29
1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Artículo 30
Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.
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