miércoles, 25 de julio de 2012

Aquí 76


Aquí
La Paz (Bolivia), nueva etapa, 21 de julio de 2012 Año I No. 76
Afiliado a la Federación Latinoamericana de Periodistas, Felap
Editor: Remberto Cárdenas Morales
http://www.semanarioaqui.com
Edición de homenaje a Pedro Moye Noza, niño fallecido accidentalmente el 21 de agosto de 2011 durante la VIII Marcha Indígena en defensa del TIPNIS.

Índice
editorial
El Presidente hace campaña tramposa por el camino de la discordia
De sábado a sábado (204)
El vicepresidente García Linera miente, miente y miente
Remberto Cárdenas Morales
tipnis
Flechas yurakarés
El Tribunal Constitucional en el caso TIPNIS
Alejandro Almaraz
de nuestra tierra
Amazonía y poder despótico patrimonial
Desmontando la dominación
La Razón/Álvaro García Linera
lucha de nuestros pueblos
Discurso Presidente de Uruguay Rio + 20 decididamente un sabio
Venezuela: ¿Una Amenaza para Washington?
Por Eva Golinger
Comentario a tiempo
Lo que viene
Por Teodoro Rentería Arróyave
Las elecciones del 2012 en Estados Unidos
Escaramuzas en vísperas
Ramón Sánchez-Parodi Montoto *
26 de julio de 1953
Composición social de los combatientes
“Sépase que por cada uno que vino a combatir, se quedaron 20 perfectamente entrenados que no tenían armas”.
Fidel en el juicio del Moncada
Marta Rojas

Treinta y tres años de la Revolución Sandinista
derechos humanos
Carta abierta al presidente de Colombia
Referencia: Indignación y rechazo frente a amenazas
de muerteen contra de defensores de derechos humanos
La causa de los derechos humanos en Bolivia
Mi testimonio sobre la fundación de la asamblea de derechos humanos de Bolivia
Gregorio Iriarte
lecturas
Juicio a la dictadura: un buen pedazo de justicia
Testimonios del golpe de García Meza
Juan del Granado
Golpe ‘narco-fascista’
Remberto Cárdenas Morales
Un testimonio del golpe, 25 años después
El cruento golpe de Estado del 17 de julio de 1980 ha dejado una marca en el boliviano. Uno de ellos recuerda ese día fatídico, que la democracia condenó con cárcel después.


Eduardo Ascarrunz R.



editorial
El Presidente hace campaña tramposa por el camino de la discordia
El Presidente de Bolivia derrocha sus energías y nuestro dinero con el evidente propósito de conseguir apoyo de indígenas y cocaleros para imponer la carretera de la discordia que una Villa Tunari con San Ignacio de Moxos. Respaldo que, como declaran voceros del oficialismo, no es necesario que sea de la mayoría ni que se establezca por consenso (lo que no es unanimidad) porque según la voluntad del mandatario lo que digan comunarios, cooptados o cautivos, se recogería como voluntad de todos los que habitan el TIPNIS.
Además de que se entregan regalos y se ejerce presiones sobre los indígenas de la reserva natural y del territorio indígena, particularmente respecto de los niños, ahora sabemos que se limitará el derecho a la información, a la comunicación, a la opinión y a la interpretación sobre lo que ocurra en el bosque en disputa. Se agrava ese cuadro porque el principal dirigente de los cocaleros del Polígono 7 (ex TIPNIS) ha dicho que responderán, con violencia se entiende, a las acciones de los indígenas marchistas en la nueva etapa de resistencia a la consulta tramposa y en defensa de su hábitat natural, en el terreno en el que son vigorosos.
Las nuevas acciones del Presidente y de los gobernantes, en mucho, son una mascarada porque el camino se construirá “quieran o no quieran los indígenas”. Esa campaña pretende “comprar” la aceptación por los originarios de la consulta y con ésta venia a la vía, a la que los habitantes del TIPNIS no se oponen, pero lo que exigen, con todo derecho, es que no rompa en dos el corazón de la reserva natural y del territorio indígena.
Esa campaña, que difunde mentiras a raudales y todos los días, se propone hacernos creer, entre otras cosas, que la consulta es previa, porque no hay trazo final del tramo dos de la vía, a pesar de que es posterior, de mala fe y desinformada (mentirosa, en un castellano preciso); que por eso mismo ese tipo de consulta no es constitucional sino que se viola la Ley Fundamental sólo porque se contrapone a la voluntad del principal gobernante; ese procedimiento, que lesiona la voluntad de los que serán consultados, deja de ser democrático, incluso en este momento de la democracia aún limitada en Bolivia; la campaña que hace especialmente el Presidente para que el camino de la discordia se abra por medio de TIPNIS porque, supuestamente, no existe otra alternativa, a ojos vista lesiona la voluntad de los indígenas; para asegurar resultados, favorables al gobierno pero lesivos a los indígenas, la consulta se hará también a los cocaleros que son los que pretenden cultivar más coca en la reserva natural y territorio indígena, como lo hacen desde 1990, depredación mediante, los que pensamos con cabeza propia no debemos dejar de ver y rechazar porque esos cocales, como ocurre ahora, servirán para producir más cocaína.
Los componentes de esa campaña con malas artes del Presidente en el TIPNIS, para imponer su voluntad de construcción de la vía al servicio de un discutible desarrollo sin verdadero bienestar social, se complementan con rumores como los que circulan de boca a oído o con “noticias” que aparecen, por ejemplo, en el diario gubernamental Cambio en el que se lee: “Evo estuvo en Oromomo, entregó motores y una radiobase de telefonía móvil” (antetítulo)/ “El Tipnis ejerce su derecho y marcha hacia la consulta” (título)/ “Ya basta de mentiras, basta de que nos engañen esos dirigentes, como Fernando Vargas, porque si les hacemos caso nunca vamos a tener desarrollo, afirmó ayer Clara Gutiérrez, representante indígena del Tipnis” (resumen de esa noticia).
El espectáculo se suma a la campaña referida o es parte de ésta: Los futbolistas bolivianos que llegaron al Mundial de Fútbol 1994, en Estados Unidos, juegan para espectadores del TIPNIS.
Por invitación del gobierno visitan el lugar periodistas, profesionales e intelectuales, dirigentes de movimientos sociales, militares en son de acción cívica, observadores extranjeros y sobre todo operadores políticos; éstos aleccionados, que creen mentiras, como en la existencia de ese supuesto pueblo “kollacaré”, inventado por los propagandistas del gobierno, sin escrúpulo alguno, de lo que se sonrojarían los puercos, como dijo un periodista por los miristas que cruzaron ríos de sangre para pactar con Banzer.
Es necesario, ante la falta hasta de un mínimo decoro, recordar lo que dijo el Premio Nobel Alberto Camus: el fin no justicia los medios, señores gobernantes por cuyo comportamiento sienten vergüenza incluso electores suyos de otrora.
Son más las malas artes que utilizan los gobernantes: El Presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, a pesar de que firmó una sentencia que resulta inaceptable para sentar jurisprudencia, reclama que los gobernantes obedezcan la resolución que no necesita interpretarla el que la lee sin prejuicios. De lo dicho reiteradamente por ese magistrado se desprende que sólo tendría que ejecutarse la consulta a los pobladores del TIPNIS si ellos la aceptan y sólo en ese caso cobraría estatura constitucional ese fallo que, gobernantes convocaron a cumplirlo, pero ahora han olvidado su recomendación.
Además, frente a esa sentencia constitucional los gobernantes se comportan como durante la colonia española: se acata pero no se cumple, como el que tiene dos caras.
Entre las mentiras destiladas con furia por el Vicepresidente (nos referimos a ellas en De sábado a sábado 204 que va en este número de Aquí) está la de reza que empresarios talan el bosque del TIPNIS y que ganaderos hacen pastar a sus animales allí.
Si es verdad que operan esos madereros depredadores, como se dice, son funcionarios gubernamentales los que se supone firmaron las concesiones forestales para tal explotación de ese recurso. Y si es así, en aras de la preservación de esa riqueza se deben revertir esas concesiones, particularmente, las que se encuentren en la reserva natural que es de todos los bolivianos y, por tanto, se la considera liberada de toda tala saqueadora.
Las contradicciones entre gobernantes son inocultables, pero parece que no les preocupa a sus actores porque quizá son parte de su empeño desinformador: mientras el Ministro de Gobierno dijo que los indígenas no son dueños del TIPNIS, el Vicepresidente asegura que “ojalá” las riquezas existentes allí fueran de los indígenas porque, según él, los dueños reales son madereros y ganaderos. Sobre estos últimos y sus peones hay que añadir que parte de ellos hostilizaron a los indígenas marchistas en San Ignacio de Moxos, esos que con cerco de alambre con púas, con insultos incluidos, impusieron que otros ignacianos bordeen la población porque se trató de una marcha “sin ton ni son”, como afirmó el Viceministro de Régimen Interior y Policía, el que también dijo que se impidió el ingreso de los marchistas a la Plaza Murillo, para que en ésta no hagan sus necesidades fisiológicas.
Casi todo el poder gubernamental y estatal se descarga en contra de los indígenas que defienden el TIPNIS. Pero la victoria será de nuestro pueblo, de los originarios de las tierras bajas y altas, en especial. Es que los pueblos, como dice un sabio griego, se vuelven sabios cuando defienden sus derechos legales y legítimos, como el supremo de la vida.

De sábado a sábado (204)
El vicepresidente García Linera miente, miente y miente
Remberto Cárdenas Morales*
El vicepresidente, Álvaro García Linera, tal como lo hace en su libro: Las tensiones creativas, publicado con nuestro dinero y distribuido gratis, en una reunión con periodistas de agencias de noticias estatales y/o gubernamentales de Nuestra América, realizada en La Paz, ha difundido mentiras que no resisten la menor confrontación con la realidad, que sería la manera de mostrar que el segundo mandatario de Bolivia que recurre a la mentira sobre el TIPNIS, otra vez, a falta de argumentos.
El segundo mandatario boliviano antes afirmó, ante medios de difusión, que los indígenas de la IX marcha habían “degradado” esa forma de lucha: la caminata y, además, que los indígenas de las tierras bajas dividen a sus organizaciones y a sus bases. Sin embargo, se sabe que ambos hechos fueron promovimos, financiados, organizados e impuestos por los gobernantes, pero el Vicepresidente les atribuye a los originarios haberlos protagonizado.
La marcha de los comunarios de Mallku Q’ota fue “copada” por cooperativistas enviados por el gobierno y por gente del lugar pagada por la South American Silver (SAS). En cuando a la división de la CIDOB pocos deben desconocer que fue el gobierno el que impuso el nombramiento de Melva Hurtado como presidenta de esa central indígena en reemplazo dudoso de Adolfo Chávez. Por ello, nosotros afirmamos que esas dos mentiras son algo así como el prólogo de las dichas por García Linera en la reunión con periodistas de las agencias de noticias estatales y/o gubernamentales.
Reiteramos un criterio que sostenemos desde hace tiempo: la mayoría de los medios de difusión (incluidos los estatales o gubernamentales de nuestro país) en su trabajo diario censuran, se autocensuran, dicen medias verdades, manipulan, matan a la verdad o lo intentan. En otros términos: especialmente cuando se agudiza la lucha de clases y la de los pueblos indígenas, aquel comportamiento de esos medios se acentúa en grado sumo.
Medios de difusión, aunque lo nieguen, son “aparatos ideológicos” que se comportan, a menudo conscientemente, como “intelectuales colectivos”, elaboradores y/o difusores de  discursos ideológicos y políticos. Al informar, comunicar (las pocas veces que lo hacen), opinar e interpretar cumplen su “misión” y despliegan su “visión”, elaborados según los intereses materiales que defienden o que ayudan a defender con su labor que aparece como puramente periodística y hasta imparcial, como dicen que lo hacen los dueños de los medios privados o los editores a su servicio.
En cuando a los medios públicos, como pocas veces, la Ministra de Comunicación, como registró Cambio (del 20 de este mes), en este caso liberado de sospecha de manipulación o tergiversación, en esa reunión de agencias de noticias y los medios estatales y/o gubernamentales en nuestro país, dijo que “… hacen trabajo político en defensa del proceso y de las medidas que se toman para favorecer no a los sectores privilegiados sino a los excluidos”.
¿Cómo desempeñan esa labor? Es un tema que abordaremos en otras notas como ésta, como lo hemos hecho antes. Examinaremos también otras mentiras “garcíalineristas” sobre la protección del Estado por la sociedad, acerca de la democratización de la actividad de los medios y otras afirmaciones suyas que para algunos periodistas “distraídos” se tratarían de análisis fundamentles.
En el espacio correspondiente a este sábado resulta ineludible referirnos a las mentiras del Vicepresidente, a las mentiras gubernamentales y/o estatales de alguien que ha tomado como labor casi exclusiva la difusión de las pocas ideas que sostienen los gobernantes bolivianos, que las elaboran y/o las asumen como propias. Básicamente fueron tres las mentiras que propagó el funcionario público en esa reunión con delegados de las agencias de noticias estatales y/o gubernamentales respecto del TIPNIS y del camino de la discordia:
—Que el TIPNIS no es el pulmón del mundo del que hablaron los medios de difusión porque es un pulmón canceroso debido a que de él empresarios privados extraen madera, venden cueros de lagartos y que europeos y estadounidenses disfrutan de un turismo muy caro.
—Que el camino Villa Tunari-San Ignacio de Moxos no destruirá más que 200 hectáreas de bosque, lo que es casi nada respecto de las 250 mil hectáreas que cada año saquean empresarios madereros en el departamento de Santa Cruz.
—Que aquella vía no es parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), aprobada en una Cumbre de las Américas y sugerida entre otros por el entonces Presidente de Brasil, Henrique Cardozo.
El núcleo del TIPNIS mantiene sus riquezas, según la racionalidad indígena y si algo de ellas se ha depredado es por culpa de cocaleros y colonizadores, que como grupos económicos tienen un denominador común inocultable: allí donde han desarrollado su actividad unos y otros sólo lo han conseguido con una depredación verificada y verificable. El Chapare, en el que campean los cocales, es una demostración de lo que afirmamos y cuya producción de coca se destinada para la producción de cocaína en un 95 por ciento, según estudios responsables; tierras que fueron dotadas gratuitamente por el Estado y que ahora los cocaleros pretenden venderlas a YPFB (es decir, al Estado) en $us. 4.500 la hectárea. La depredación de las riquezas forestales en Guarayos, luego de la construcción de un camino, es otro ejemplo del saqueo de la naturaleza.
Admitamos, provisionalmente, que el TIPNIS ya no es virgen y que está en depredación por empresarios madereros, con la complicidad de indígenas y de ONG. Un Estado que se cree plurinacional (por éste el Vicepresidente ha dicho que es el Estado integral de Gramsci), lo menos que tiene que hacer es tomar las medidas destinadas a preservar lo que reste del bosque, al menos en la parte que es reserva natural, de propiedad estatal y demandar que los indígenas tomen medidas correlativas en su hábitat natural o territorio que les pertenece.
Parece que el razonamiento del pretendido ideólogo del gobierno actual es que acabe lo más rápido posible el reservorio de bosque, animales, agua, biodiversidad, con el argumento implícito, en su discurso ante los periodistas de agencias de noticias estatales y/o gubernamentales, de que los bolivianos no debemos ser guardabosques pobres al servicio de los países ricos y de las ONG conservacionistas: los nuevos instrumentos del colonialismo, como dijo el Presidente en la Cumbre de Río de Janeiro + 20.
Las normas bolivianas disponen —lo que es de veras esencial— que en el TIPNIS hay un área intangible, que permanece virgen y en el que deben mantenerse las riquezas allí existentes; un segundo espacio está destinado a que los indígenas utilicen esas riquezas para la subsistencia, con la racionalidad que ellos practican y, un tercer perímetro en que extensivamente crían ganado empresarios tradicionales del Beni y los más o menos nuevos ganaderos que son los colonizadores de origen “colla”; entre unos y otros hay quienes detentan tierras sin títulos de propiedad ni saneamiento. 
Respecto de que sólo 200 hectáreas de bosque del TIPNIS serán destruidas por el camino de la discordia, nos remitimos al estudio del PIEB que establece que con esa vía en 18 años se depredará más del 60 por ciento de esa riqueza, incluidos los animales, el agua, la biodiversidad. Y lo más importante: con la destrucción de esas riquezas será depredado el hábitat natural de los indígenas, lo que provocaría un etnocidio, es decir, la aniquilación de esos pueblos. Dirigentes de los marchistas en La Paz, como Fernando Vargas, dijeron que si eso pretenden los gobernantes deben tener el coraje de confesarlo. Algunos intelectuales bolivianos, no biólogos, creen, pero no lo dicen en voz alta, que el camino de la discordia facilitará el desarrollo y que los habitantes del TIPNIS, al tiempo de perder sus rasgos comunitarios, como la posesión colectiva sobre el territorio, se proletarizarán, lo que sería progresivo porque la existencia de pueblos indígenas es un anacronismo, agregan.
La carretera por el TIPNIS no es parte de la propuesta de caminos para integrar Suramérica, afirma García Linera. Pero calza con IIRSA lo que basta para los que se beneficiarán con el camino: las empresas transnacionales que operan en Brasil y Chile, ganaderos, madereros, colonizadores y cocaleros. Los dos últimos se han encargado de aclarar que ese camino es una oferta electoral del Presidente, lo que la actual Presidenta del Senado y el Ministro de Gobierno en funciones han confirmado.
Las mentiras gubernamentales, las que ayuda a elaborar y difundir el Vicepresidente, hacen daño al pueblo boliviano, a los indígenas en especial.
En los avisos que difunden las televisoras, contra las que habla García Linera, refuerzan las mentiras del gobernante. Mentiras que, sensiblemente, son tomadas por ciertos públicos como información verdadera, comunicación para nuestros pueblos, opiniones responsables e interpretaciones éticas. No obstante, confrontadas con la realidad, son mentiras las que divulgan (sobre el TIPNIS) el Presidente, el Vicepresidente, ministros, funcionarios de menor rango y los voceros oficiosos, los llunk’us desvergonzados.
Cualquiera investigación, periodística o de otro tipo, que reconozca el conocimiento existente sobre el TIPNIS y que descubra un nuevo conocimiento sobre éste (por ejemplo respecto de la investigación científica que habrían hecho algunos que fungían como turistas) acabaría por sepultar las mentiras de los gobernantes y de los repetidores y facilitadores de las falsedades que sí son construcciones de una realidad inexistente.
Y si el Vicepresidente tuviera otra trama esperáramos de él una autocrítica con la que recojería sus mentiras, a las que considera certezas. Por ello, apelamos a la práctica para que se encargue de restaurar la verdad sobre el TIPNIS y sus defensores. Y es lo que ya ocurre porque las mentiras jamás duran cien años.
La Paz, 21 de julio de 2012.
*Periodista

tipnis
Flechas yurakarés
El Tribunal Constitucional en el caso TIPNIS
Alejandro Almaraz
17/07/2012
Hace ya algunas semanas, el Tribunal Constitucional emitió sentencia resolviendo los recursos de inconstitucionalidad que, desde posiciones opuestas en el conflicto del TIPNIS, le fueron planteados contra las leyes 180 de protección del TIPNIS y 222 de consulta. El contenido de dicha sentencia da la impresión de un ánimo de justicia contenido y trabado por la presión del poder político.


Es así como cabe explicarse, desde la razonable suposición, que las correctas y amplias consideraciones del fallo, revelando con claridad el desencuentro de la Ley 222 con los preceptos constitucionales relativos al derecho indígena a la consulta, no derivaran en la simple declaratoria de la evidenciada inconstitucionalidad de esa ley, como era de rigor bajo la norma positiva, la jurisprudencia y la teoría del derecho constitucional, sino que se optara por la extraña e impertinente invención de la constitucionalidad condicionada. Al Tribunal Constitucional le corresponde establecer si las normas impugnadas ante su autoridad son o no son constitucionales, y no si lo habrían sido bajo otros contenidos o circunstancias o si lo serían con determinados cambios. No obstante, esa misma rareza de constitucionalidad condicionada relieva la aberrante ilegitimidad en la que incurre la Ley 222 al pretender ejecutar el proceso de consulta al margen del orgánico y auténtico consentimiento de los consultados, y condiciona la constitucionalidad y consiguiente aplicabilidad de la misma a la concertación que brinde ese consentimiento. Así, aunque oscura, extraña y débil, la sentencia promueve el eventual encausamiento constitucional en el tratamiento del problema.


Ante la sentencia del Tribunal Constitucional, y confiado en su poder subordinador, el Gobierno no encontró nada mejor que la simple perseverancia en la alevosa división y suplantación del movimiento indígena en la que se ha venido empeñando desde hace bastante tiempo. Con cinismo llevado al cómico candor, dio por cumplida la concertación del objeto y los procedimientos de su ley fraudulenta, con los convenios celebrados con los cocaleros vecinos del TIPNIS organizados en Conisur y con las apócrifas organizaciones paralelas creadas por su propia acción divisionista al interior del TIPNIS. Es decir, dio por perfecta y brillantemente cumplida la concertación con los indígenas del TIPNIS, negociando y conviniendo consigo mismo. Pero resulta que el Tribunal Constitucional, mediante su mismísimo presidente, ha expresado reiteradamente que la concertación que condiciona la constitucionalidad de la consulta debe abarcar a la totalidad de la población concernida, lo que, sin lugar a duda alguna, incluye a la Subcentral del TIPNIS, en tanto organización central de esa población, invariablemente reconocida por el Estado como tal y como persona jurídica propietaria del territorio indígena TIPNIS. Más aún, el presidente del Tribunal ha añadido que quienes deben darse por satisfechos con la concertación constitucionalmente exigida son los propios indígenas y no el Gobierno, y que, en caso de no encontrar tal satisfacción, tienen expeditos los mecanismos tutelares de la constitucionalidad. En síntesis, el Tribunal Constitucional ha desautorizado la fraudulenta maquinación montada por el Gobierno para imponer, contra la voluntad ampliamente mayoritaria de las comunidades del TIPNIS, su consulta igualmente fraudulenta, obligándolo a concertar con ellas cualquier avance en ese proceso.


Pero mientras el Gobierno procedía a la teatral falsificación de la concertación, rechazaba todo diálogo con la IX marcha y con los genuinos representantes orgánicos de la población indígena del TIPNIS. Con ello, frustraba los últimos y extremos esfuerzos que el movimiento indígena hacía mediante su larga, paciente y sacrificada movilización pacífica para lograr un entendimiento que dé un mínimo respeto a sus derechos constitucionales, y precipitaba el escenario de la fuerza para la dirimisión del conflicto. Así, desautorizado por el Tribunal Constitucional en sus afanes falsificadores, y con todo diálogo con los verdaderos indígenas roto por él mismo, el Gobierno ha quedado sin la soga y el cabrito. Está ante la dramática disyuntiva de retroceder substancialmente en la imposición de la consulta mediante el fraude, o pasar a la imposición brutal mediante la represión y la sangre. Desgraciadamente, de un Gobierno cuya condición moral ha caído a la repetición sistemática de la coima en los contratos hidrocarburíferos, y cuya talla estratégica y política ha descendido a la disputa de un teleférico, se puede esperar cualquier cosa.

Alejandro Almaraz es abogado. Fue viceministro de Tierras.

de nuestra tierra
Amazonía y poder despótico patrimonial
Desmontando la dominación
La Razón/Álvaro García Linera
00:01/15 de julio de 2012
Vista geográficamente, la tercera parte de Bolivia es amazónica, y es con mucho la región más aislada del país. Una parte de nuestra amazonía se la perdió en guerras frente al Brasil, 187.830 km2  en 1903, y con el Perú 250.000 km2 en 1909. En la amazonía viven el mayor número de naciones indígenas de Bolivia, aunque con una baja densidad demográfica. Si tomamos el último Censo de Población y Vivienda, menos del 4% del total de la población indígena boliviana vive en tierras bajas y en especial en la amazonía.
Herederas de grandes culturas hidráulicas, las naciones indígenas de la amazonía fueron objeto de una intensa persecución y extinción por parte de la dominación colonial española y luego republicana. Una parte de la población fue objeto de las reducciones jesuíticas, y hoy viven dispersas en la extensa geografía amazónica.
El Estado patrimonial: tierras y poder familiar. Si bien el nomadismo ha permitido la preservación de sistemas de producción y autoridad autónomos, no ha podido impedir la consolidación del poder territorial de hacendados, ganaderos y empresas privadas extractivistas que a lo largo de los años se ha ido asentando en la amazonía como poder real de la región. De esta manera, a través de la tenencia de ganado, la extracción de la goma, la quina, ahora la castaña, la piel de lagarto o la sola posesión de tierras, latifundistas y empresarios han consolidado en los últimos 150 años una estructura de poder territorial señorial y patrimonial sobre todos los habitantes urbanos o rurales de la región.
En la amazonía, hasta hace poco, el patrón o hacendado era dueño de todo lo que se movía alrededor de su vista. Mediante la violencia de grupos de choque hacendal ha ocupado tierras e impuesto su ley sobre peones, indígenas y campesinos pobres de los alrededores. En la medida en que el poder se ha estructurado en torno a la tierra y su ocupación violenta, una lógica patronal conservadora es la que impera en la región amazónica. Y en la medida en que hacendados, madereros, terratenientes e intermediarios articularon un pacto con los gobernantes para ejercer ellos, a través de sus redes familiares y locales, la poca presencia estatal en la zona, entonces  tierras, recursos estatales e impunidad han devenido en medios de la patrimonializacion del Estado en la región amazónica. De esta manera, el Estado se presentaba como una extensión de las influencias familiares de una pequeña elite hacendal, ganadera y maderera, a la vez que esta misma elite legitimaba e imponía con la propia violencia estatal su propiedad patronal sobre la población.
Este poder hacendal-patrimonial de la amazonía ha sido la forma de dominación regional más conservadora y reaccionaria que existe en todo el país. En cierta forma, en la figura del señor de la tierra se encerraba la personificación de los poderes más despóticos existentes; no sólo era el dueño de la tierra, era también el contratante de trabajadores, el comprador de madera de bosque, el proveedor de bienes de mercado a las poblaciones alejadas, el influyente político que monopolizaba familiarmente los cargos públicos y, por tanto, el proveedor de tierras fiscales, de favores públicos frente a una población desprovista de todo: de tierras, de propiedad, de autoridad pública y de Estado.
Por ello, no es raro que el señor de la tierra sea también el eje de la ritualidad popular local; para celebrar fiestas, para casarse o hacer estudiar a los hijos. Toda la trama de poder estatal patrimonial convergía en la figura del hacendado y su mando omnipresente. Y si bien la dispersa organización indígena mantuvo su autonomía local a nivel de corregimientos, cabildos, centrales y subcentrales, no logró convertirse en fuerza dirigente a nivel local o regional, ni mucho menos disputar la autoridad y mando a la estructura hacendal-patrimonial.
De hecho, ante el constante avasallamiento hacendal-empresarial, las comunidades indígenas, para poder preservar parte de la ocupación territorial, tuvieron que acoplarse de manera subordinada y vertical a la estructura de poder patrimonial dominante, al igual que las otras clases populares. De ahí que el propio discurso de legitimación e identificación regional haya sido, hasta hace poco, el que se emitía desde el núcleo de poder patronal regional.
Una modificación parcial de esta situación de dominación despótica hacendal la han producido las organizaciones no gubernamentales (ONG) desde los años 80, y lograron  crear una relación clientelar con la dirigencia indígena, aunque promoviendo niveles de organización interregional, como las regionales indígenas o la propia Confederación de Indígenas de Bolivia (Cidob). En la medida que estos niveles de organización funcionan exclusivamente con financiamiento externo de ONG, que solventan los salarios de los dirigentes, tienden a perder contacto con las bases indígenas amazónicas, y, en realidad, en parte son ONG que reproducen mecanismos de cooptación clientelar y subordinación ideológica y política hacia las agencias de financiamiento, la mayoría de ellas europeas y estadounidenses, como Usaid. En la medida en que algunas ONG han sido el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico, considerado propiedad extraterritorial de gobiernos y empresas extranjeras, esas ONG han ido creando de facto una nueva relación de privatización y extranjerización de las tierras comunitarias (TCO), en las que el mismo Estado ha perdido tuición y control. De esta forma, ya sea por medio de la dominación fuerte del despotismo hacendal, o por la dominación suave de las ONG, las naciones indígenas amazónicas, económicamente, no tienen el control soberano sobre sus territorios ni una plena independencia política.
En la amazonía no son los pueblos indígenas los que tienen el poder territorial, como sucedió desde años atrás en zonas de tierras altas y valles, en los que los sindicatos agrarios y comunidades desempeñaron el papel de micro-estados indígenas con presencia territorial, y en realidad han sido la base material previa de la construcción del actual Estado Plurinacional. En la amazonía, las cosas han transcurrido de manera muy distinta. El orden despótico hacendal es predominante y ni las organizaciones indígenas, ni las campesinas ni las organizaciones obreras de reciente creación, lograron crear un contrapoder organizativo ni discursivo que resquebraje este sistema hacendal-patrimonial.
Del Estado patrimonial al Estado plurinacional. El punto de quiebre de este ultra-conservador sistema de poder regional amazónico ha venido desde el año 2006. Al ser desplazadas las antiguas clases dominantes del control estatal nacional por los movimientos sociales indígena-campesino populares, el sistema patrimonial sufrió una herida de muerte. Se rompió la alianza entre tenencia hacendal de la tierra y poder político, base material del despotismo patrimonial amazónico, creándose una suerte de “dualidad de poderes” regional: por una parte las clases hacendal-empresarial, por otra la nueva estructura gubernamental con poder de decisión sobre recursos económicos y tierras.
Desde entonces una creciente pugna y lucha social se ha desatado en todas las tierras bajas. El Estado revolucionario ha detenido la otorgación de tierras a las clases hacendales. Ha revertido tierras a latifundistas y una buena parte las ha entregado en propiedad a las comunidades y naciones indígenas. Si entre 1996 hasta el 2005 se entregaron cuatro millones de hectáreas a los pueblos indígenas de tierras bajas, entre 2006 y 2011 se entregó 7,8 millones de hectáreas, trastocando radicalmente la estructura de propiedad de la región amazónica. Sin embargo, esta modificación de las relaciones de propiedad sobre la tierra no ha sido suficiente para desmontar el poder despótico hacendal. En la medida en que los pueblos indígenas no han incursionado en  procesos de transformación de la materia prima que existe en los nuevos y grandes territorios indígenas, entonces la madera, los lagartos, la castaña o los productos de pesca siguen siendo comprados por los madereros o empresarios-hacendados a precios irrisorios y bajo las mismas modalidades de “enganche” o “adeudo” que renuevan la dependencia económica y social tradicional. Lo mismo pasa con la provisión creciente de otros medios de existencia (azúcar, sal, harina, vestimenta, herramientas de acero, gasolina, etc.), que los provee el enganchador, el hacendado, el empresario o el comerciante que al tener el monopolio del traslado de esos productos los entrega a los indígenas a cinco o diez veces por encima del precio de mercado.
En corto tiempo, gran parte de las millones de hectáreas de TCO están quedando nuevamente articuladas a los mecanismos de dominación señorial y patronal de empresarios-hacendados que utilizan a dirigentes como intermediarios de la depredación y la dependencia económica de las comunidades.
Las denuncias sobre la participación en negociados de madera dentro y fuera del TIPNIS por parte de los actuales dirigentes de la marcha indígena son apenas la punta de un iceberg de colusión de una parte de la dirigencia indígena con los restos del poder hacendal-empresarial amazónico.  
De ahí que el Gobierno revolucionario, a la par de la modificación de la estructura de tenencia de tierra que disocia la rutina de la hacienda de la acción del Estado, ha impulsado que las instituciones estatales de Gobierno actúen autónomamente respecto del bloque dominante regional, facilitando recursos a los municipios, créditos a los campesinos, fondos de inversión productiva para los pueblos indígenas, empresas de acopio que regulan los precios anteriormente monopolizados por los patrones locales, entrega de medios de transporte fluvial para pueblos ribereños, construcción de caminos públicos (anteriormente de propiedad de hacendados), etc. En la medida que el Estado, en estos cinco años, ha triplicado sus gastos de inversión y gasto social, su presencia es ahora bajo la forma de derechos y redistribución de la riqueza allí donde antes lo poco que el pueblo recibía era gracias a la “dádiva” del patrón-político, la iglesia o la ONG.
El Estado se ha autonomizado de las clases patronales y ello ha iniciado un proceso de derrumbe del viejo orden patronal conservador de la amazonía. Una intensa lucha de clases ha comenzado a desplegarse reconfigurando el nuevo ordenamiento regional de poder. La presencia de un Estado desprendido de las clases propietarias de la tierra, materializado como derechos sociales y en función redistributiva de la expansiva riqueza común ha dado un golpe de muerte a la estructura hacendal-patrimonial amazónica. En cierta medida se puede hablar que desde el año 2006, con el gobierno de los movimientos sociales y el presidente Evo, en la amazonía se ha dado una especie de revolución democrática desde arriba, desde el Estado, que está destrabando el despliegue de las energías vitales de los pueblos y clases sociales populares de una región caracterizada hasta hace poco por ser la más conservadora del país.
Como en todo proceso revolucionario, el Estado no sólo condensa la nueva correlación de fuerzas político-económica de la sociedad emergente de las luchas sociales exitosas, sino que además, como esta sucediendo en la amazonía, deviene en sujeto material y cultural que ayuda a promover movilizaciones sociales que transformen las estructuras de dominación aún presentes en determinadas regiones y esferas de la sociedad.

lucha de nuestros pueblos
Comentario a tiempo
Discurso Presidente de Uruguay Rio + 20 decididamente un sabio
“Autoridades presentes de todas las latitudes y organismos, muchas gracias. Muchas gracias y nuestro agradecimiento al pueblo de Brasil y a su Señora Presidenta y muchas gracias a la buena fe que seguramente han manifestado todos los oradores que me precedieron.  Expresamos la íntima voluntad como gobernantes de acompañar todos los acuerdos que ésta, nuestra pobre humanidad pueda suscribir. Sin embargo, permítasenos hacer algunas preguntas en voz alta. 

Toda la tarde se ha estado hablando del desarrollo sustentable. De sacar inmensas masas de la pobreza.  ¿Qué es lo que aletea en nuestras cabezas? ¿El modelo de desarrollo y de consumo es el actual de las sociedades ricas?  Me hago esta pregunta: ¿qué le pasaría a este planeta si los hindúes tuvieran la misma proporción de autos  por familia  que tienen los alemanes? ¿Cuánto oxígeno nos quedaría para poder respirar?
Más claro: ¿el mundo tiene los elementos, hoy, materiales como para hacer posible que 7 mil u 8 mil millones de personas puedan tener el mismo grado de consumo y de despilfarro que tienen las más opulentas sociedades occidentales? ¿Será posible? ¿O tendremos que darnos algún día otro tipo de discusión? Porque hemos creado esta civilización en la que estamos: hija del mercado, hija de la competencia y que ha deparado un progreso material portentoso y explosivo. Pero lo que fue economía de mercado ha creado sociedades de mercado y nos ha deparado esta globalización, que significa mirar por todo el planeta.  ¿Y estamos gobernando la globalización o la globalización nos gobierna a nosotros?
¿Es posible hablar de solidaridad y de que “estamos todos juntos” en una economía que está basada en la competencia despiadada?¿Hasta dónde llega nuestra fraternidad?  Nada de esto lo digo para negar la importancia de este evento. No, es por el contrario: el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis no es ecológica, es política. El hombre no gobierna hoy a las fuerzas que ha desatado, sino que las fuerzas que ha desatado gobiernan al hombre. Y a la vida. 

No venimos al planeta para desarrollarnos en términos generales. Venimos a la vida intentando ser felices. Porque la vida es corta y se nos va. Y ningún bien vale como la vida y esto es elemental. Pero la vida se me va a escapar, trabajando y trabajando para consumir un “plus” y la sociedad de consumo es el motor. Porque, en definitiva, si se paraliza el consumo, se detiene la economía, y si se detiene la economía, es el fantasma del estancamiento para cada uno de nosotros. 


Pero ese hiper consumo a su vez es el que está agrediendo al planeta. Y tiene que generar ese hiper consumo, cosas que duren poco, porque hay que vender mucho. Y una lamparita eléctrica, no puede durar más de 1000 horas prendida. ¡Pero hay lamparitas que pueden durar 100 mil, 200 mil horas! Pero esas no se pueden hacer; porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de “use y tire”, y estamos en un círculo vicioso. 

Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. No se trata de plantearnos volver al hombre de las cavernas, ni tener un “monumento al atraso”. Es que no podemos indefinidamente, continuar gobernados por el mercado, sino que tenemos que gobernar al mercado. Por ello digo, que el problema que tenemos es de carácter político, en mi humilde manera de pensar. Porque los viejos pensadores definían –Epicúreo, Séneca, los Aymaras-: “pobre no es el que tiene poco sino que verdaderamente pobre es el que necesita infinitamente mucho y desea y desea y desea más y más”. Esta es una clave de carácter cultural. 

Entonces, voy a saludar el esfuerzo y los acuerdos que se hacen. Y lo voy acompañar, como gobernante. Porque sé que algunas cosas de las que estoy diciendo "rechinan". Pero tenemos que darnos cuenta que la crisis del agua y la crisis de la agresión al medio ambiente no es una causa. La causa es el modelo de civilización que hemos montado. Y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir.
Pertenezco a un pequeño país muy bien dotado de recursos naturales para vivir. En mi país hay 3 millones de habitantes (poco más, 3 millones 200). Pero hay unos 13 millones de vacas, de las mejores del mundo. Y unos 8 ó 10 millones de ovejas estupendas. Mi país es exportador de comida, de lácteos, de carne. Es una penillanura y casi el 90% de su territorio es aprovechable. 

Mis compañeros trabajadores, lucharon mucho por las 8 horas de trabajo. Y ahora están consiguiendo 6 horas. Pero el que consigue 6 horas, se consigue dos trabajos; por lo tanto, trabaja más que antes. ¿Por qué? Porque tiene que pagar una cantidad de cuotas: la motito que compró, el autito que compró, y pague cuotas y pague cuotas y cuando se quiere acordar, es un viejo reumático como yo y se le fue la vida. 

Y uno se hace esta pregunta: ¿ese es el destino de la vida humana? Estas cosas son muy elementales: el desarrollo no puede ser en contra de la felicidad. Tiene que ser a favor de la felicidad humana; del amor arriba de la tierra, de las relaciones humanas, de cuidar a los hijos, de tener amigos, de tener lo elemental.

Precisamente, porque eso es el tesoro más importante que tienen. Cuando luchamos por el medio ambiente, el primer elemento del medio ambiente se llama la felicidad humana.  Gracias."

Venezuela: ¿Una Amenaza para Washington?
Por Eva Golinger *
Desde la primera vez que Hugo Chávez fue electo presidente de Venezuela en 1998, Washington y sus aliados han intentado socavar su mandato. Cuando Chávez apenas era candidato presidencial, el gobierno de Estados Unidos le negó una visa para participar en algunas entrevistas televisadas en el país norteamericano. Luego, cuando ganó las elecciones presidenciales, el entonces embajador estadounidense en Caracas, John Maisto, lo llamó personalmente para felicitarlo y ofrecerle su visa. Los meses siguientes fueron llenos de intentos de “comprar” al nuevo presidente de Venezuela. Empresarios, políticos y jefes de estado desde Washington a España lo presionaban para que se subordinara a sus agendas. “Vente con nosotros”, le urgía el entonces primer ministro español, José María Aznar, seduciéndolo con ofertas de lujo y riqueza, si simplemente cumplía con sus órdenes.
Cuando Chávez no se dejó comprar, lo sacaron con un golpe de estado el 11 abril 2002, financiado y diseñado desde Washington. Cuando el golpe fracasó, y el pueblo rescató la democracia y su presidente en menos de 48 horas, comenzaron a desestabilizar al país, intentando hacerlo imposible para gobernar. Desbordaron la nación con saboteos económicos, huelgas ejecutivas en la industria petrolera, caos en las calles, y una brutal guerra mediática que tergiversaba la realidad del país a nivel nacional e internacional. El complot para asesinarlo con paramilitares colombianos en mayo 2004 fue impedido por las fuerzas de seguridad del país. Meses después, intentaron revocar su mandato a través de un referéndum revocatorio en agosto 2004, pero el pueblo lo salvó con un voto de 60-40.
Mientras más popular se hacía, más millones fluían desde las agencias de Washington a los grupos anti-chavistas para desestabilizarlo, desacreditarlo, deslegitimarlo, derrocarlo, asesinarlo, o sacarlo de cualquier manera. En diciembre 2006, Chávez fue reelecto con 64% del voto. Su aprobación crecía dentro de Venezuela y por toda América Latina. Nuevos gobiernos en Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Uruguay y varios países caribeños se unieron a las iniciativas de integración, soberanía y unión latinoamericana y caribeña impulsadas desde Caracas. Washington comenzó a perder su influencia y control sobre su antiguo “patio trasero”.
Fueron creados la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), PetroCaribe, PetroSur, TeleSUR, Banco de ALBA, Banco del Sur y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En ninguna de esas organizaciones está Washington, ni la élite que antes dominaba la región, imponiendo sus intereses por encima de los pueblos.
En enero 2005, la nueva Secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que Chávez era “una amenaza” para la región. Justo después, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) colocó a Venezuela en su lista de los “Top 5 Hot Spots” (5 lugares más inestables) del mundo. Unos meses luego, el reverendo estadounidense Pat Robertson declaró públicamente que era mejor “asesinar” a Chávez ya en lugar de iniciar una guerra contra Venezuela, que costaría millones de dólares. Ese mismo año, cuando Venezuela suspendió la cooperación con la Agencia Anti-Droga de Estados Unidos (DEA), por estar inmiscuyéndose en sus asuntos internos, espiando y saboteando sus trabajo anti-droga, Washington clasificó a Venezuela como un país que “no coopera en la lucha contra el narcotráfico”. Nunca presentaron pruebas para fundamentar sus graves acusaciones.
En febrero 2006, el entonces Director Nacional de Inteligencia, John Negroponte, se refirió a Venezuela como un “peligro” para Estados Unidos. El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld comparó a Chávez con Hitler. Ese mismo año, Washington estableció una Misión Especial de Inteligencia para Venezuela y Cuba, reorientando recursos de la comunidad de inteligencia estadounidense para aumentar sus operaciones en estos lugares, considerados “amenazas” para Estados Unidos. En junio 2006, la Casa Blanca colocó a Venezuela en una lista de países que “no apoyan suficientemente la lucha contra el terrorismo”, y lo sancionaron con una prohibición de poder comprar armas y equipos militares de empresas estadounidenses o aquellas con utilizan tecnología estadounidense. Nunca mostraron evidencias de los supuestos vínculos de Venezuela con el terrorismo.
En 2008, el Pentágono reactivó la Cuarta Flota de la Armada, la comandancia militar estadounidense encargada de América Latina y el Caribe. Había sido desactivada en 1950 y no funcionaba desde entonces, hasta que decidieron que era necesario aumentar la presencia “y fuerza” militar de Estados Unidos en la región. En 2010, Washington se acordó con Colombia para establecer 7 bases militares en su territorio. Un documento oficial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos justificaba estas bases debido a la “amenaza de los gobiernos anti-estadounidenses en la región”.
En la prensa internacional, decían que Chávez era un dictador, tirano, autoritario, narco, anti-americano, terrorista, pero nunca presentaron pruebas para tan peligrosos sobrenombres. Convirtieron la imagen de Venezuela en violencia, inseguridad, crimen, corrupción y caos, sin mencionar los grandes logros y avances sociales durante la última década, ni las causas de las desigualdades sociales dejadas desde gobiernos anteriores.
Durante años, un grupo de congresistas estadounidenses, demócratas y republicanos, han intentado colocar a Venezuela en su lista de “estados terroristas”. Destacan la relación entre Venezuela e Irán, Venezuela y Cuba, y hasta Venezuela y China, como evidencia de la “grave amenaza” que el país suramericano representa para Washington. Intentaron destruir ALBA con el golpe de estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009. Buscaron debilitar la UNASUR con el golpe contra Fernando Lugo en Paraguay en junio 2012. No funcionó.
Dicen una y otra vez que Venezuela y Chávez son amenazas para Estados Unidos. “Hay que pararlo”, dicen, antes de que “lancen sus bombas iraníes contra nosotros”.
El Presidente Barack Obama declaró en estos días que Chávez no era una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. El candidato Mitt Romney dijo que sí. La furia de los extremistas miameros cayó encima de Obama. Pero no deben preocuparse, porque Obama aumentó el financiamiento multimillonario a los anti-chavistas este año. Son más de 20 millones de dólares que han canalizado de las agencias estadounidenses para la campaña opositora en Venezuela.
¿Es Venezuela una amenaza para Washington? En Venezuela, el único terrorismo que hay es de los grupos que buscan desestabilizar al país, la mayoría con el apoyo político y financiero de Estados Unidos. Los narcotraficantes son de Colombia, donde la producción y transito de drogas han incrementado durante la invasión estadounidense en ese país a través del Plan Colombia. La relación con Irán, con Cuba, con China, con Rusia y con los demás países del mundo es una cooperación bilateral —o multilateral— normal entre países. No hay bombas, no hay planes de ataque, no hay secretos siniestros.
No, Venezuela no es esa tipa de amenaza para Washington. Es otra.
La pobreza ha sido reducida en más de 50% desde que Chávez llegó al poder en 1998. Las políticas de inclusión de su gobierno han creado una sociedad de alta participación en las decisiones económicas, políticas y sociales. Sus programas sociales —las misiones— han garantizado atención médica gratuita, educación gratis y accesible - desde los niveles básicos hasta los más avanzados - alimentación en precios alcanzables, y herramientas para crear y mantener cooperativas, empresas pequeñas y medianas, consejos comunales y comunas, para todo el pueblo. La cultura venezolana ha sido rescatada y valorada, recuperando el orgullo e identidad nacional, creando un sentimiento de dignidad en lugar de inferioridad. Medios de comunicación e información se han proliferados durante la última década, asegurando espacios para la expresión de todos.
La industria petrolera de Venezuela, nacionalizada en 1976 pero que funcionaba como una empresa privada, ha sido recuperada al beneficio del país, y no de las multinacionales y una minoría oligarca. Alrededor de 60% del presupuesto anual se dedica a los programas sociales en el país, con el enfoque principal en la erradicación de la pobreza.
Caracas, la capital, ha sido embellecida. Los parques y plazas se han convertido en espacios de reunión, disfrute y seguridad para los visitantes. Hay música en las calles, arte en las paredes, y una rica debate de ideas entre los habitantes. La nueva policía comunal trabaja en conjunto con las comunidades para luchar contra los terribles problemas de la violencia, la inseguridad y la delincuencia, problemas que no se atacan solamente desde el superficie, sino desde la raíz.
El despertar de Venezuela se ha expandido por todo el continente y hacia el norte por el mar Caribe. El sentimiento de soberanía, independencia y unión en la región ha enterrado la sombra de subdesarrollo y subordinación impuesta por los poderes colonizadores durante siglos pasados.
No, Venezuela no es una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Venezuela es un ejemplo de como un pueblo levantador, frente a los obstáculos más difíciles y la fuerza brutal de las grandes potencias, puede construir un modelo en donde la justicia social reina, y la prosperidad humana se celebra por encima de la prosperidad económica. Venezuela es el país en donde millones antes invisibles, hoy son visibles, hoy tienen voz y el poder de decidir sobre el futuro de su patria, sin ser asfixiados por las garras imperiales. Hoy, gracias a la revolución liderada por el Presidente Chávez, Venezuela es uno de los países más felices del mundo.
Esa es la amenaza que representa el Presidente Hugo Chávez y la Venezuela Revolucionaria para Washington. Es la amenaza del buen ejemplo.
*Eva Golinger, periodista y escritora venezolana
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MAPOCHO PRESS
Santiago - Chile
Reproducción permitida / Citar fuente

Comentario a tiempo
Lo que viene
Por Teodoro Rentería Arróyave
Para  miércoles 18 de julio del 2012
Hasta los más férreos y recalcitrantes miembros de la izquierda mexicana, están actuando en dos estadios que nada favorecen el interés personal del candidato presidencial del Movimiento Progresista que aglutina a los partidos de la Revolución Democrática; PRD; del Trabajo, PT, y Movimiento Ciudadano, Andrés Manuel López Obrador.
En el primer caso, de acuerdo a la ley y también tomando en cuenta la experiencia de hace 6 años, los mencionados coinciden en que las pruebas aportadas por el político Tabasqueño para impugnar exclusivamente la elección presidencial no le alcanzan para que esta sea invalidada, como pretende.
Por otra parte, ante los movimientos callejeros que encabeza el movimiento #Yo Soy132, que se están organizando y que han tomado decisiones ríspidas en su “Primera Convención Nacional” que llevaron a cabo en San Salvador Atenco, Estado de México, han empezado los deslindes.
La Ley Federal Electoral no fue hecha por un solo partido, fue votada por todos y cuando el Partido Revolucionario Institucional, PRI, era minoría en el Poder Legislativo, por lo tanto no cabe el argumento de que es una ley incompleta para favorecer al tricolor. En última instancia, el error es de las izquierdas y las derechas que consideraron que el tricolor no solo se iba a mantener en el tercer sitio, sino que apostaron por su desaparición.
Ante los anuncios verdaderamente belicosos del plan anunciado en San Salvador Atenco, para no permitir ni la toma de posesión de diputados y senadores y desde luego del candidato triunfador Enrique Peña Nieto, el dirigente del sol azteca, Jesús Zambrano Grijalva, se apresuró a manifestar su marginación de tales atrocidades, su deslinde absoluto.
El que de plano no tiene ni pizca de vergüenza, es Gustavo Madero Muños, a quien todos los comentaristas y analistas políticos y gran parte de la militancia del blanquiazul, lo consideran el peor presidente del Partido Acción Nacional, PAN, en toda su historia.
Mientras Jesús Zambrano, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sol Azteca, anuncia que no irán con ninguna de las reformas estructurales que propone Peña Nieto, con lo que da por hecho que el mexiquense será el próximo presidente de México, Madero Muños también dice que no tendrán en el PAN a una fracción para aprobarle todo a Peña Nieto, siguen en el propósito de vender cara su derrota.
El Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Manuel González Oropeza, hizo una declaración que encierra toda la verdad jurídica sobre lo que viene: primero, el que acusa tiene que probar y segundo, el Tribunal no es un órgano de investigación, es un órgano que califica, que resuelve.
Y en esa dinámica, de que se le acusa, de quererse mantenerse como primera figura de las izquierdas sin dar oportunidad a nadie y seguramente con el propósito de querer, dentro de 6 años, presentarse nuevamente como candidato presidencial de las izquierdas, López Obrador anuncia nuevas pruebas contra Peña Nieto, contra el PRI y contra la elección que organizó el Instituto Federal Electoral y que avalaron tanto la Universidad Autónoma de México, como los observadores nacionales e internacionales como las mas limpias, todas ellas fuera de tiempo y de lugar.
Lo que viene, de acuerdo al a misma exposición de los analistas de izquierda, es que Enrique Peña Nieto será declarado Presidente Electo de México; lo que preocupa, es la amenaza de esos grupos callejeros, de los cuales, por lo que se observa y por los deslindes habidos, se pueden salir de control, inclusive del propio liderazgo de Andrés Manuel López Obrador.
Periodista y escritor. Vicepresidente de FELAP y Presidente fundador y vitalicio honorario de FAPERMEX. Agradeceré Sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com y felapvicemex@hotmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx

Las elecciones del 2012 en Estados Unidos
Escaramuzas en vísperas
Ramón Sánchez-Parodi Montoto *
Julio es un mes en que normalmente baja la actividad en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero en las circunstancias de esta elección presidencial ambos candidatos han dedicado sus esfuerzos personales a eventos y actividades de la campaña electoral, según las prioridades de cada cual.
En las últimas dos semanas, Obama ha hecho visitas electorales a Ohio, Pennsylvania, Iowa, Virginia y nuevamente a Ohio. Todos califican, de una forma u otra, entre los llamados estados "pendulares". Tampoco ha descuidado la recaudación electoral y viajó el pasado martes a Texas, donde sostuvo en San Antonio y Austin tres eventos de recaudación de fondos con hispanos, gays y empresarios, en los que esperaba donaciones por unos cuatro millones de dólares. Texas, junto con California, Nueva York y Florida, es uno de los cuatro estados que más dinero aportan a las campañas electorales de los dos candidatos, a pesar de ser considerado sólidamente republicano, al igual que son sólidamente demócratas California y Nueva York.
Romney también ha estado activo recorriendo los estados, pero su atención ha estado centrada en recaudar dinero entre las personas acaudaladas. Resaltan las actividades del pasado 8 de julio en East Hampton, Nueva York, en la "modesta" residencia del "mil millonario", financista y filántropo Ronald O. Perelman, judío de tendencia ortodoxa, a quien la revista Forbes ubica en el lugar 26 entre los más ricos de Estados Unidos, con una fortuna estimada en 12 mil millones de dólares. (El cubierto tenía un precio de 25 mil dólares). Un segundo evento fue para unas 250 personas en el jardín de la residencia de Clifford Sobel, empresario, diplomático y político republicano, quien fuera designado por decisión política de George W. Bush como embajador en Holanda y después en Brasil (2006-2009). Es también judío y miembro del equipo de política exterior y seguridad nacional de Romney, en el cual es vicepresidente del grupo sobre América Latina.
La tercera reunión tuvo como anfitrión a David Koch, considerado junto con su hermano mayor Charles, en el cuarto lugar entre los más ricos de Estados Unidos, con un capital de 25 mil millones de dólares. Son dueños del conglomerado Koch Industries, estimado como la segunda más grande empresa de propiedad personal del país. El cubierto costaba 50 mil dólares per cápita.
Koch, quien se destaca también como filántropo, donó recientemente 20 millones de dólares al Super PAC pro-Romney, Restore Our Fu-ture; en sus orígenes fue un "libertario" (de la misma estirpe de Ron Paul) y llegó a ser candidato a la vicepresidencia del país por el Partido Libertario, del cual se desafilió en 1994. Es acérrimo partidario del libre mercado, desea eliminar muchas de las instituciones del gobierno federal, reducir impuestos a los ricos, eliminar regulaciones gubernamentales, no cree que la actividad humana influya en el cambio climático y considera que Obama es un radical socialista. Como buen "libertario", favorece el matrimonio gay y se opuso a la guerra de Estados Unidos en Iraq.
El martes pasado estuvo en Ohio y el miércoles en Pennsylvania, donde estrenó un nuevo mensaje: Obama quiere que los estadounidenses "sientan vergüenza del éxito".
En junio, las recaudaciones electorales totales de Romney volvieron a superar las de Obama; en esta ocasión los tres fondos del primero recaudaron un total de 106,1 millones de dólares en comparación con 71 millones de los del candidato demócrata. Ventaja aún mayor se estima que lograron en ese propio mes los Super PACs que respaldan a Romney, aunque todavía no se cuenta con las correspondientes cifras oficiales.
Estas recaudaciones demuestran que Romney ha logrado conseguir un sólido apoyo financiero de los distintos grupos conservadores republicanos y cuenta con amplias posibilidades de alcanzar la meta de 800 millones de dólares que su campaña se propuso hasta el próximo noviembre. Que Romney pueda recaudar tanto o más que Obama (y que también suceda así con los PACs y Super PACs), significa que el terreno financiero se ha nivelado para los dos candidatos, pero no puede interpretarse como que el gran capital financiero en su conjunto esté respaldando al candidato republicano, porque Obama también cuenta con apoyo de importantes grupos financieros, incluyendo aquellos dominados por personas de origen judío
El panorama electoral en estas dos últimas semanas lo dominan los interminables y dispendiosos ataques mediáticos orquestados por los equipos de campaña y los Super PACs y donde intervienen personalmente ambos contendientes. Pero esta táctica parece estar resultando contraproducente. Varios de los gobernadores republicanos congregados el pasado fin de semana en Williams-burg, la que fuera capital colonial de Virginia, para la reunión anual de verano de la Asociación Nacional de Gobernadores, señalaban en comentarios a periodistas que ante la debilidad que representa para las aspiraciones de Obama la situación de la economía, lo sensato para Romney es presentarse como una alternativa "aceptable" para la más amplia mayoría de la población, dejar a un lado los ataques personales a Obama y pasar a exponer el contenido de sus planes de gobierno.
Una reacción similar ha expresado una gran parte de los gobernadores demócratas allí reunidos. Opinaban en comentarios informales que Obama debe enfatizar una línea de campaña que resalte los efectos favorables de sus acciones de gobierno sobre la economía, tales como el plan de estímulo, las medidas en el terreno de la energía, el respaldo a la educación y, además, que se acerque y entable un diálogo con los empresarios. En su mayoría, estos gobernadores consideran que Obama debe presentar una visión más positiva sobre los resultados de su gestión de gobierno, para desvirtuar las acusaciones de que él es responsable de las dificultades económicas y presionar más al Congreso sobre asuntos como la política impositiva.
Romney encontró respaldo para sus ataques a Obama en la información mensual emitida el 6 de julio por el Buró de Estadísticas sobre Trabajo señalando que el desempleo, la creación de nuevos empleos no agrícolas y otras cifras relacionadas se mantenían por tercer mes consecutivo en una situación de estancamiento. El hecho de que el desempleo se mantenga en un nivel considerado alto, de 8,2 %, sirvió al candidato republicano para declarar que "claramente las políticas de Obama no han tenido éxito" y que "esta patada en las tripas tiene que parar".
Los demócratas contraatacaron machacando insistentemente en los antecedentes de Romney al frente de la empresa del mercado de valores Bain Capital y acusándolo de eliminar empleos y de facilitar que fuesen trasladados al extranjero. Volvieron a reclamar que Romney diese a conocer sus declaraciones de liquidación personal de impuestos de años anteriores. El propio Obama, durante un recorrido de campaña por Pennsylvania, acusó a Romney de invertir "en compañías que han sido pioneras en trasladar empleos al extranjero".
El barraje de anuncios demócratas atacando a Romney fue exitoso en desviar la atención pública del tema del desempleo. El nuevo informe sobre el desempleo será dado a la publicidad a las 8:30 de la mañana del próximo 3 de agosto y será el último antes de que se celebren las convenciones nacionales y comiencen a correr los dos meses que durará la etapa de las elecciones generales. Todo apunta a que el desempleo a nivel nacional se mantendrá al menos en el 8,2 % en los meses venideros y será un arma de Romney para reforzar sus ataques a Obama. En este cuadro hay un hecho que favorece a Obama: en varios de los estados decisivos el desempleo se encuentra por debajo de 7 %.
En las siguientes semanas hasta que se celebren las convenciones nacionales de los partidos, continuará la guerra mediática, mientras los periodistas del sector y analistas políticos se concentrarán en el próximo informe gubernamental sobre el desempleo, las cifras de julio sobre las recaudaciones financieras de los candidatos, los detalles del viaje que Romney iniciará la próxima semana a Polonia, Israel y a los Juegos Olímpicos en Londres, y la posibilidad de que anuncie antes de la convención republicana quién lo acompañará en la boleta como vicepresidente; y las valoraciones y pronósticos sobre las tendencias de voto en la docena de estados "pendulares".
* Fue jefe de la Sección de Intereses de Cuba en Washington entre 1977-1989 y Viceministro de Relaciones Exteriores.

26 de julio de 1953
Composición social de los combatientes
“Sépase que por cada uno que vino a combatir,
se quedaron 20 perfectamente entrenados
que no tenían armas”.
Fidel en el juicio del Moncada
Marta Rojas
De que la base del pueblo cubano estaba políticamente preparada e imbuida de fervor patriótico en 1953 lo ejemplifica la composición social del movimiento revolucionario que el joven abogado Fidel Castro Ruz, logró nuclear en corto tiempo tras el artero golpe de Estado o "madrugonazo" militar del 10 de marzo de 1952, perpetrado por Fulgencio Batista y pronto reconocido por el gobierno yanki, cuando se estaba en las vísperas de unas elecciones generales, a efectuarse el 1 de junio de ese año.
Los integrantes de lo que sería un movimiento revolucionario transformador, supieron aquilatar el momento crucial que se vivía. Ellos formaban parte de la concepción de pueblo que luego definiría Fidel en su alegato de defensa de la acción del Moncada, conocido como La Historia me Absolverá.
Fue entre las capas mayoritarias de los cubanos: campesinos, obreros, profesionales modestos y jóvenes desempleados, o de empleos precarios y cíclicos los que representaron a la población. En ellos prendió la chispa de una revolución cabal, con un programa político contenido en el Manifiesto del Moncada a la Nación. No se trataba de un grupo únicamente audaz. Ellos sabían y querían que su objetivo no fuera un simple cambio de gobierno usurpador.
Antes de aquella silenciosa organización de jóvenes dispuestos a dar la vida por la patria, es justo recordar un antecedente. En Cuba se había gestado en esa década un movimiento de masas, calificado por muchos de "populista" organizado por un líder indiscutible —el senador Eduardo Chibás—, que proclamaba la virtud y la honradez administrativas en la gobernación del país, como bandera política, cuyo símbolo fue una escoba que debía barrer con todo lo malo heredado de una República surgida manca, luego de la intervención extranjera, tras decenios de contienda librada por los cubanos a partir de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes inició la guerra anticolonial por la libertad de Cuba, la que comenzó dándole él mismo la libertad a sus esclavos del ingenio La Demajagua e invitarlos, ya como hombres libres, a luchar por la libertad de Cuba. Ejemplo único en la historia de América.
Los jóvenes de 1953, en su Manifiesto político asumían: "La revolución de Céspedes, de Agramonte, de Maceo y de Martí; de Mella, y de Guiteras, de Trejo y de Chibás", a tenor de que "en la vergüenza de los hombres de Cuba está el triunfo de la Revolución Cubana".
Por distintas razones no se alcanzó el triunfo definitivo en uno y otro momento histórico, pero al igual que en 1953, en las anteriores guerras grandes, la composición del cuerpo insurrecto o revolucionario fue semejante al contingente de 1953, a 50 años de la primera República, manca.
Cierto que en la década del 50 había un número creciente de analfabetos, y la enseñanza y la salubridad no eran programas favorecidos por los gobiernos de turno, pero la cultura política, en su más alta expresión se ganó finalmente las palmas en nuestra sociedad.
Baste un número de ejemplos entre los combatientes del 26 de julio, muertos (asesinados en su mayoría) y algunos más de los sobrevivientes, en cuanto a su extracción social. Se trata este de un listado representativo, pues Fidel logró juntar a más de mil, la mayoría de los cuales, después, ingresarían en el Movimiento 26 de Julio y desempeñarían tareas heroicas, sumándose a la lista de héroes y mártires.
Gama social de la gesta
Los hermanos Horacio y Wilfredo Matheu Orihuela y Remberto Abad Alemán Rodríguez, albañiles, masilleros; Lázaro Hernández Arroyo, Pedro Véliz Hernández, Armando Mestre Martínez, Tomás Álvarez Breto, y Juan Almeida Bosque, albañiles; Rafael Freyre y Hugo Camejo, obreros de un tejar; Flores Betancourt Rodríguez, trabajador de una pedrería; Pablo Agüero Guedes, auxiliar de albañil; Emilio Hernández Cruz y Manuel Saiz Sánchez, carpinteros; Armando del Valle López y Juan Domínguez, constructores de muebles, ebanistas; René Bedia, pintor de brocha gorda.
Alfredo Corcho Cinta, Manuel Isla Pérez, Marcos Martí Rodríguez, Carmelo Noa Gil, Manuel Rojo, Gerardo Antonio Álvarez, José Labrador e Ismael Ricondo; todos de origen campesino u obreros agrícolas.
José Luis Tasende de las Muñecas y Vicente Vázquez, mecánicos de refrigeración; Juan Manuel Ameijeiras, Mario Martínez Ararás, choferes; Francisco Costa Velásquez, ayudante de chofer o "machacante"; Jacinto García Espinosa y Antonio Betancourt Flores, braceros de los muelles; Virginio y Manuel Gómez, cocineros, que trabajaban en el Colegio Belén; Antonio Ñico López, cargador y casillero del Mercado Único; José Ramón Martínez, curtidor de pieles; José de Jesús Madera, obrero sin especialidad; Félix Rivero Vasallo, cantinero; Pablo Cartas Rodríguez, gastronómico; Andrés Valdés Fuentes, panadero; Ángel Guerra García, chapista; Pedro Marrero, empleado de cervecería; Víctor Escalona, zapatero.
Abel Santamaría Cuadrado, empleado de una importante oficina comercial y estudiante al igual que Boris Luis Santa Coloma, quien era además dirigente sindical; Mario Muñoz, médico; Julio Reyes, empleado de un banco; Oscar Alcalde, dueño de un laboratorio de fármacos; Ramón Méndez Capote, viajante de comercio al igual que Elpidio Sosa; Miguel Oramas, empleado y fotógrafo al igual que Fernando Chenart Piña; Raúl de Aguiar, estudiante, Raúl Gómez García, maestro, poeta, dirigente sindical; Renato Guitart Rosell, comisionista de buques en la empresa de su padre; Julio Trigo, estudiante y viajante de Medicina; Oscar Alberto Ortega, dependiente de comercio; Gildo Fleitas estudiante y profesor a la vez, además oficinista; Guillermo Granados, empleado de comercio; Rigoberto Cocho, trabajador del sector eléctrico; Gregorio Careaga, empleado en una funeraria; Roberto Mederos Rodríguez, trabajador del comercio; Ciro Redondo, empleado, viajante de comercio, Ramiro Valdés, empleado, como Pepe (José) Suárez. Salvo algunas excepciones todos militaban en el Partido o la Juventud Ortodoxa en su lugar de residencia.
Este cuadro, sintético pero elocuente, da una idea contundente de la composición social. Pero habría que agregar a los desempleados en aquel momento, como Osvaldo Socarrás y Humberto Valdés Casañas, que se ganaban el sustento diario, apenas para comer, como parqueadores de autos, o Gerardo Córdoba Cardín, que se estrenaba como boxeador; a Rolando San Román, eventual vendedor de ostiones o José Testa Zaragoza, vendedor de flores.
Otros, son de imprescindible mención para completar la concepción de pueblo, si de lucha se trata, ofrecida por Fidel: Pedro Miret, estudiante de ingeniería en la Universidad, Raúl Castro, estudiante, Haydée Santamaría, estudiante autodidacta y ama de casa; Melba Hernández Rodríguez del Rey, abogada en funciones, al igual que Fidel Castro Ruz, y otros que serán recordados en próximos artículos. 
Ninguno de los más humildes —mencionados o no—, era analfabeto. Estaban imbuidos, además, en el conocimiento de la historia, desde los próceres independentistas hasta los más contemporáneos. Conocían y se demostró en el proceso judicial, por ejemplo, la valía de Jesús Menéndez, a quien, por cierto, Abel admiraba extraordinariamente y conocía, pues trabajó en el antiguo Central Constancia donde vivían los Santamaría.
Podrían ser considerados mambises del siglo XX, en su composición social, si bien la esclavitud había sido abolida, como sistema, y no podrían estar entre ellos hombres como aquellos a los que Céspedes les desató las cadenas.
« SMT
17 - 07 - 2012
05:14 a.m.
RRR / cgs
EDITOR

Treinta y tres años de la Revolución Sandinista
La Paz, 17 de julio de 2012.
Compañero
Elías Chevez
Encargado de Negocios de la República De Nicaragua
Presente.-
Estimado compañero Chévez:
Al cumplirse 33 años del triunfo de la Revolución Sandinista, en la hermana República de Nicaragua, nos es profundamente grato expresar nuestras más sinceras felicitaciones y solicitarle tenga la amabilidad de trasmitirlas a la Dirección Nacional del FSLN y al compañero Presidente Daniel Orterga.
Año que pasa aumenta el significado del triunfo de la Revolución Sandinista, como una de las pioneras en América Latina, en haber derrotado a la prolongada dictadura del clan Somoza, que representó a lo más retrógrada de los terratenientes y ricos de Nicaragua, todo ellos prohijados y con sus intereses entrelazados a los del imperialismo estadounidense. Este nunca aceptó su derrota y la de sus sirvientes y sometió al pueblo sandinista, a las Fuerzas Armadas Sandinistas a una devastadora guerra civil, que desgastó al gobierno sandinista.
Sin embargo, el pueblo nicaragüense supo reponerse del transitorio alejamiento del poder del FSLN y hoy cumple una nueva gestión de gobierno que esta reafirmando los cambios progresistas y avanzados, tanto en el aspecto democrático como en la obra que transforma las bases económicas y sociales de la sociedad nicaragüense y las torna más favorables a su pueblo.
Nicaragua y Bolivia, con sus gobiernos populares, comparten varios nuevos espacios de integración, producto de los cambios progresistas en América Latina. Hay que destacar que nuestros países pertenecen a la ALBA-TCP y avanzan hacia un desarrollo cada vez más favorable a nuestros pueblos. Esa posibilidad se afianza con la reciente fundación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAG).
Nuestro Partido a tiempo de reiterarles nuestra disposición para la cooperación entre nuestras organizaciones y países los saludan fraternalmente y les expresan su deseo de renovados éxitos.
Ignacio Mendoza Pizarro                              Marcos Domich
Primer Secretario del Comité Central                       Secretario de RR II del PCB
   
derechos humanos
Carta abierta al presidente de Colombia
Referencia: Indignación y rechazo frente a amenazas
de muerteen contra de defensores de derechos humanos
12 de julio de 2012
Sr. Juan Manuel Santos
Presidente de la República de Colombia
Señor Presidente,
Nosotros, representantes de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de sus organizaciones miembro abajo firmantes, expresamos nuestra indignación y rechazo ante las amenazas de muerte en contra de trece defensores de derechos humanos y figuras públicas en Colombia, recibidas vía correo electrónico por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) en fecha del 4 de julio de 2012.
Esta amenaza declara ”objetivo militar” a Soraya Gutiérrez, integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) y Vice Presidenta de la FIDH, Yessica Hoyos, integrante del CCAJAR, Diego Martínez, Secretario Ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), Jeison Paba, integrante del CPDH y del MOVICE, Iván Cepeda, fundador del MOVICE, Franklin Castañeda, Presidente de la Fundación del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (FCSPP) y vocero del MOVICE, José Humberto Torres, abogado del FCSPP, Juan Díaz Chamorro y Pedro Geney, integrantes del MOVICE, Gloria Cuartas, integrante de Colombianos y Colombianas por la Paz, Ayda Quilcué, Consejera Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Lilia Solano, Presidenta del Proyecto Justicia y Vida, así como a la ex-Senadora Piedad Córdoba.
La amenaza va acompañada de la fotografía de cada una de estas personas, atribuyéndoles un número del 1 al 13,  y dice lo siguiente: “13 guerrilleros camuflados en los papeles de defensores de derechos humanos, 13 objetivos militares. Nuestro ejercito tiene instrucciones claras para dar de baja a estos malparidos que quiere quitarle la tierra los ciudadanos de bien para darsela a guerrilleros igual que ellos. Quedan advertidos y en conocimiento pues te tenemos plenamente identificado sus esquemas y a los que no tambien hijueputas guerrilleros de mierda que con la excusa de ser defensor de derechos humanos pretenden mediante toda clase de arbitrariedades despojar de sus terrenos a los verdaderos propietarios para que terminen en manos de un puñado de guerrilleros malparidos hijos de perra”.
Condenamos vehementemente esta amenaza de muerte, que por su carácter personalizado y selectivo, además de causar un impacto muy negativo en el trabajo de los defensores de derechos humanos debido al terror psicológico que acarrea, reviste una particular gravedad en la medida en que, tal y como lo destacó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Informe Anual 2011, “algunos de los asesinatos de defensoras y defensores ocurridos en 2011 fueron precedidos por notas de amenazas e intimidación que determinan a defensores y defensoras de derechos humanos o a sus organizaciones como objetivos de grupos paramilitares”1. Como es de su conocimiento, en el transcurso del año 2011, 49 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia, y siete han sido víctimas de desaparición forzada. En lo que va del año 2012, 16 han sido asesinados, la mayoría vinculados a la reinvindación por la restitución de tierras.
Recordando que varias de las personas arriba señaladas benefician de medidas cautelares de la CIDH, le instamos, Señor Presidente, a que se tomen medidas urgentes de protección a favor de las trece personas amenazadas, así como a que se mejoren de manera estructural los programas de protección de defensores y defensoras en riesgo, garantizando su independencia y asignando los recursos financieros y humanos suficientes. Asimismo, urgimos a que se lleve a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a las amenazas denunciadas, con el fin de identificar y sancionar a los responsables.
Si bien saludamos su reconocimiento de la existencia de grupos armados “anti-restitución”, la cual evidencia la persistencia de las estructuras paramilitares en Colombia, y su anunciada determinación en capturar a ciertos responsables del hostigamiento en contra de los campesinos reclamantes de tierras, nos preocupa gravemente que frente a las amenazas y ataques precedentes perpetrados en contra de defensores de derechos humanos, no avancen las investigaciones penales correspondientes. Ante esta situación, resulta de vital importancia que tanto el gobierno como la Fiscalía emprendan acciones contundentes de manera a poner fin a estos crímenes, y urgimos a que Usted, en su calidad de Presidente de la República, convoque una reunión de emergencia con los defensores de derechos humanos señalados y sus respectivas organizaciones.
Señor Presidente, confiamos en que Usted, al igual que se comprometió a “desarmar la palabra” hacia los defensores de derechos humanos, sepa actuar acorde con este principio, tomando las iniciativas apropiadas para que los defensores puedan ejercer libremente su legítima labor de promoción y defensa de los derechos humanos sin enfrentarse a perpetuos ataques, agresiones, amenazas, hostigamiento y judicializaciones infundadas.
Agradeciendo su atención a la presente y esperando que Usted tomará las decisiones adecuadas, nos suscribimos de Usted respetuosamente.
Organizaciones firmantes:
Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Comité de Acción Jurídica (CAJ) - Argentina
Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH) - Argentina
Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) - Bolivia
Observatorio Ciudadano (OC) - Chile
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR) - Colombia
Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) - Colombia
Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA) - Colombia
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) - Ecuador
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) - Ecuador
Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) - El Salvador
Center for Constitutional Rights (CCR) - Estados Unidos
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG) - Guatemala
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) - México
Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) - México
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) - Nicaragua
Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) - Perú
Contacto de prensa: Arthur Manet (español, francés, inglés) Tel: +33 6 72 28 42 94 (París)

La causa de los derechos humanos en Bolivia
Mi testimonio sobre la fundación de la asamblea de derechos humanos de Bolivia
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) surge en la clandestinidad más absoluta en tiempos de la dictadura del Gral. Bánzer en noviembre de 1976. En el más absoluto secreto, en una Parroquia de La Paz nace esta institución llamada a tener gran importancia en el futuro de la vida sociopolítica del país.
Tuve que aceptar el trabajo de redactar el borrador que debería ser aprobado en la próxima reunión. Había que definir qué tipo de organización se precisaba, así como algunos aspectos relacionados con la seguridad de todos sus miembros sin que ello afectase a la actividad en favor de las personas perseguidas, detenidas y exiliadas. Estas personas eran, sobre todo, dirigentes sindicales y de otras organizaciones populares, así como los miembros activos de los partidos políticos defensores del sistema democrático.
Las características de la nueva organización para la defensa de los derechos humanos eran las siguientes:
Debería ser una Asamblea. En primer lugar, la nueva organización se autodefine como "Asamblea" ya que las decisiones se deben tomar con la participación y el consenso de la mayoría del grupo, lejos de una directiva dirigista o elitista.
Los miembros con mayor representatividad fueron los dirigentes sindicales y de organizaciones populares como mineros, fabriles, campesinos, magisterio, juntas vecinales... La participación de los partidos políticos fue mínima pero muy importante en todo lo relacionado con la información de personas perseguidas o detenidas.
La Asamblea debía organizarse en cada ciudad y pueblo importante del país, ya que se buscaba, no solamente ayudar a las personas perseguidas y encarceladas, sino también crear un movimiento nacional que, ante la eliminación de los partidos políticos por el régimen dictatorial, luchasen por un cambio real.
Era necesario ir poniendo las bases para, derrocando a las dictaduras, dar vida a un auténtico sistema democrático. Desde un principio todo el movimiento de defensa de los derechos humanos en Bolivia se organizó como un trabajo totalmente voluntario, sin retribución alguna. En las frecuentes reuniones clandestinas se pasaba una bolsa donde cada uno de los participantes iba poniendo libremente su aportación voluntaria.
Desde un primer momento participaron, junto con grupos de la Iglesia Católica, miembros importantes de la Iglesia Metodista y de la Iglesia Luterana-Boliviana.
El Consejo Consultivo
Para darle a ta Asamblea cierta seguridad.- unida a su visibilidad, se pensó desde el principio en la organización de un Consejo Consultivo paralelo a la Asamblea. Era la parte visible y la que tenía la misión de firmar los documentos que se iban elaborando en base a las continuas denuncias contra el régimen dictatorial.
Pertenecían a este Consejo algunos miembros connotados de la sociedad y de las distintas confesiones religiosas. Hay que destacar la labor valiente y abnegada que realizaron a través de este Consejo el expresidente de la República Dr. Luis Adolfo Siles Salinas y el sacerdote boliviano P. Julio Tumiri Javier.
Contactos Internacionales
Fueron numerosos y muy importantes los contactos con instituciones de Derechos Humanos a nivel internacional por su apoyo moral y económico.
Los diferentes gobiernos «de facto» de Bolivia estaban dispuestos a dar la libertad a muchos de los presos ya que las cárceles y otros lugares tenebrosos de prisión estaban saturados, pero exigían que los pasajes al exterior fueran pagados por sus respectivas familias. La gran mayoría de esas familias eran pobres, sin capacidad alguna para correr con los altos costos de los pasajes. La Asamblea, a través de su «secretaría de hacienda», corría con esos gastos.
Fue muy eficaz la labor que en esta delicada función desempeñó, durante largos años, la Ha, Amparo Carvajal. También corría a cargo de ella el gestionar ante las Embajadas de distintos países para que aceptasen a esas personas desterradas en calidad de exilados políticos.
Los países que se mostraron más solidarios y acogedores fueron Suecia, Holanda, Francia, México y Noruega. Las instituciones internacionales que colaboraron más eficazmente fueron la Cruz Roja Internacional, el Consejo Mundial de Iglesias con sede en Ginebra, la Iglesia Luterana Sueca, Pan para el Mundo, Misereor de Alemania, y otras.
La Asamblea colaboró en forma muy eficiente al éxito de la Huelga de Hambre, iniciada por cinco mujeres del Distrito Minero de Catavi-SigIoXX, que logró el derrocamiento del régimen de Bánzer.
El holocausto de los mejores
Bolivia perdió, a largo de 20 años de dictaduras, sus mejores cuadros políticos: Marcelo Quiroga, los mártires de la Calle Harrington, Teoponte, Espinal... y tantos otros.         '
Personalmente, tuve que lamentar con profundo dolor la pérdida de mis mejores amigos en aras de la justicia y la libertad: Mauricio Lefevbre, Federico Escobar, Luis Espinal, Marcelo Quiroga Santa Cruz...
Marcelo era, sin lugar a duda, el hombre más temido por las dictaduras de entonces: modelo de político, analista, orador, periodista, escritor... pero, sobre todo, un hombre de la más profunda honestidad, tanto en su comportamiento personal como en lo político.
Manteníamos una estrecha amistad basada. El Gobierno del General Luis García Mesa y su colaborador Cnl. Arce Gómez, temían y odiaban a Marcelo, mientras esperaban la ocasión propicia para eliminarlo.
Al leer en la prensa claras amenazas contra Marcelo me decidí ir a su domicilio para expresarle mi solidaridad. Vivía en el edificio Apolo en uno de los pisos superiores. La dije con toda franqueza que en ese lugar no tenía ninguna opción para liberarse de la persecución que el régimen iba a desencadenar contra él.
- Sí, me contestó, pero por el momento, no tengo otra opción. No voy a huir. - Aquí no tienes escapatoria. Te ofrezco mi casa.
- Marcelo, le dijo su mujer, debes aceptar el ofrecimiento que te hace el Padre Gregorio. Yo te apoyaré desde aquí. - Bueno. Voy a aceptar, respondió.
En mi casa ya funcionaban algunas elementales normas de seguridad. La primera era lograr un perfecto camuflaje de la identidad del alojado frente al personal de la casa y ante las visitas. Era como un nuevo bautismo. Había que ponerle un nuevo nombre, así como una nueva la profesión y nacionalidad. También había que «inventar» los motivos para vivir en la casa parroquial.
Con Marcelo todo eso fue muy sencillo y hasta un poco cómico. Marcelo pasó a ser, desde ese momento, un sacerdote argentino amigo mío, que se llamaba P. Juan y que había venido a Bolivia a seguir unos cursos de pastoral (!). Marcelo aceptó con mucho humor su nueva identidad, así como algunas medidas de seguridad: no debía salir de su habitación cuando llegaban personas extrañas; si necesitaba hablar por teléfono, no debía hacerlo personalmente, etc. Todo fue muy bien; a lo largo de los dos meses que vivió en mi casa, el camuflaje era perfecto y no hubo ningún problema.
La fatídica reunión en la COB
Pero un nuevo golpe militar se estaba gestando. Llegaban informaciones preocupantes desde Trinidad. La Comisión por la Defensa de la Democracia convocó a una reunión urgente en el edificio de la COB. Marcelo me dijo que él debía ir a esa reunión. Yo se lo desaconsejé, encarecidamente. Marcelo me insistió en que él sentía la obligación moral de participar en la reunión.
El desenlace trágico de esa reunión es historia sabida. Los paramilitares del Coronel Arce Gómez, camuflados en varias ambulancias, llegaron hasta el edificio de la COB y lo asaltaron, tomando presos a los principales dirigentes. A Marcelo, que era el objetivo principal, uno de los paramilitares le disparó a bocajarro.
Aunque nunca el Gobierno dio una información veraz de este horrible hecho, se sabe que, gravemente herido, Marcelo llegó con vida hasta el Cuartel General del Ejército, donde fue torturado salvajemente hasta acabar con su vida.
Por más que, tanto sus familiares como la opinión pública, hayan exigido, en forma constante, el recuperar sus restos mortales, nunca se ha logrado el obtener una información seria y cabal.
Marcelo, eso sí, ha pasado a la historia de Bolivia como modelo de dirigente político, no solo por sus cualidades intelectuales y de estadista, sino por en toda su trayectoria humana y política ya que, guiada por una línea de conducta basada siempre en los grandes principios de la ética.
Gregorio Iriarte
Cochabamba, Bolivia

lecturas
Juicio a la dictadura: un buen pedazo de justicia
Testimonios del golpe de García Meza
La Razón / La Paz
00:00 / 15 de julio de 2012
Juan del Granado
El derrocamiento de la dictadura y la recuperación democrática en 1982 aparejaban el enorme desafío de construir un mejor país, pero de inicio supuso también el desafío de no permitir la impunidad de los principales responsables de esos 14 meses de terrorismo de Estado. No existió nunca un sentimiento de revancha en quienes —instituciones y personas—impulsamos el juicio de responsabilidades a la dictadura. Cuando dijimos que la venganza era propia de los violentos y que el olvido era de los cobardes, puntualizamos que nuestra búsqueda era la justicia y, por ello, nos embarcamos en un largo y difícil trámite, primero en el Congreso Nacional y luego en la Corte Suprema de Justicia.
Yo había cumplido 31 años y tenía casi diez de abogado. Mi experiencia como asesor de la Central Obrera Boliviana (COB) era pobre en derecho penal, pero tenía una deuda que saldar con ocho de mis compañeros asesinados por Luis García Meza en la calle Harrington, el 15 de enero de 1981, y especialmente con Artemio Camargo, que cuando vivíamos en Siglo XX, entre 1975 y 1976, me levantaba a las cinco de la mañana con la sirena de la “primera punta”, ese ulular madrugador de los mineros, para que estudiara y venciera mi examen de grado en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).
Artemio no podía no tener un abogado, hubiera sido una paradoja imperdonable que mis compañeros no tuvieran un impulsor del juicio a sus verdugos. Ése fue el razonamiento básico que me impulsó, junto a Miguel Ángel Virrueta, a redactar el pliego acusatorio en contra de la dictadura que en febrero de 1984 fue leído por Antonio Araníbar, a nombre del MIR (Movimiento de la Izquierda Revolucionaria), en el Congreso iniciando así el juicio de responsabilidades.
Dos años demoró el “sumario”, como primera etapa del juicio ante el Congreso, y no los 15 días que preveían las vetustas leyes de 1884 y 1944 para juicios de responsabilidades, porque la recuperación democrática prematuramente cambió de rumbo. UDP (Unidad Democrática y Popular)  y Hernán Siles Zuazo, precisamente en 1984, estaban arrinconados por la crisis y la rearticulación conservadora empresarial que lograría al año siguiente el acortamiento de mandato y nuevas elecciones. Aún así, en un ambiente político poco favorable, pero ante la vigilancia de las organizaciones democráticas, el Congreso decretó la acusación formal contra García Meza, Luis Arce Gómez y 54 de sus colaboradores por 45 figuras delictivas ordenadas en ocho grupos de delitos, sobre los cuales, después de algunas dilaciones, recaería meses después el “plenario” de la causa en la ciudad de Sucre ante el Tribunal Supremo.
Estrategia de la chicana, amnesia y terror. García Meza comandó de manera personal durante los primeros años su “defensa” y la de sus principales allegados, en la certeza de que el juicio no tendría otro destino que la rutina, la chicana, la apatía, la impunidad y el olvido, en medio de una radical reorientación conservadora del país a la cabeza de Víctor Paz Estenssoro y Hugo Banzer, cuyas cuotas de responsabilidad en la dictadura pretendía cobrarles en el juicio. Por ello, la “estrategia” estuvo centrada en la negación de los hechos, la dilación y en el terror; lo primero para desnaturalizar el juicio y eternizar los procedimientos y lo segundo para atemorizar a las instituciones impulsoras, los familiares de las víctimas y los abogados.
Todavía está fresco el recuerdo de la “amnesia” que padecieron los acusados que no sólo negaron los hechos delictivos, sino que intentaron trasladar la responsabilidad a las víctimas. Durante los dos años que García Meza estuvo en Sucre, impune ante el inofensivo arraigo que decretó una Corte Suprema incapaz de detenerlo, tuvo carta blanca para amenazar y amedrentar cada día a los acusadores.
Como la chicana y la amnesia aparecieron tempranamente inútiles, se pensó, con ese reflejo primario que parece persistir en quienes ejercen el poder dictatorial y autoritario, que una enfermiza y permanente agresividad iba a desanimar nuestra voluntad de acusación.
No es que no tuvimos temor, sino razones suficientes para superar el miedo, para convivir con él y hasta en algún momento casi no sentirlo. Tampoco estuvimos solos; la causa fue impulsada por la COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), las universidades, los familiares, las viudas, los periodistas y, de manera no siempre silenciosa, por la gente que nos siguió meses y años en un esfuerzo que lo consideró valioso y lo hizo suyo.
Cuando se agotaron las chicanas, cuando la amnesia apareció insultante y cuando el terror no nos dispersó; en fin, cuando se iniciaron “los debates” y la fase probatoria, el exdictador huyó de Sucre protegido por los militares eludiendo un mandamiento de detención que el Congreso emitió con motivo de un segundo juicio por la venta de los diarios del Che. Durante los siguientes tres años nos dedicamos a la ardua tarea de la prueba, a la reconstrucción casi diaria de 14 meses en los que no sólo se asesinó a insustituibles dirigentes; no sólo se apresó, torturó y exilió a miles, sino que se robó en pequeño y en grande; desde el cheque por $us 280 mil de una indemnización internacional para YPFB, que se endosó y embolsilló García Meza, hasta las piedras semipreciosas de La Gaiba sobre las que el exdictador y sus compinches establecieron un contrato privado de explotación por “un año forzoso y otro voluntario”.
No hubiera sido posible la sentencia que se dictó la tarde memorable del miércoles 21 de abril de 1993 sin ese riguroso trabajo probatorio.
Miguel Ángel Virrueta, Freddy Padilla, Julio César Sandóval, José Luis Gutiérrez y yo fuimos los abogados que desplegamos ese plan jurídico que alcanzó una dimensión mucho mayor a nuestros esfuerzos. Detrás de cada testimonio, como el de Gladys Solón, Gloria Ardaya, Lidia Gueiler, Wálter Vásquez, Juan Lechín, Genaro Flores, Julio Tumiri, Eduardo Pérez, del general Emilio Lanza, de las viudas de la calle Harrington y de otros 30 más, estaba el dolor y el valor, esa combinación que siempre le permitió avanzar al país incluso en sus noches más oscuras.
Se logró reconstruir los hechos dolorosos de la historia y con ello resurgió con enorme fuerza el valor democrático de los bolivianos. Es que junto a los abogados estuvieron hombres y mujeres de talla mayor. Estuvo Cristina Quiroga, Olga Flores, Iván Paz, Loyola Guzmán, Waldo Albarracín, Aldo Michel, Iván Iporre, nuestro “Comité Impulsor”, nuestra “parte civil”.Un pedazo de justicia para la democracia. Cuatro horas duró la lectura de esa sentencia histórica, esa tarde tranquila de abril de 1993 en Sucre.Junto a García Meza y Arce Gómez, 43 acusados fueron declarados culpables de los delitos cometidos; los más graves, los asesinatos infames, se sancionaron con 30 años de presidio sin indulto; con 20 años el paramilitarismo y las masacres sangrientas, y con menos rigor los delitos económicos.
A las siete de la noche, saliendo del salón de debates, nos unimos a una enorme multitud que se había congregado en torno a la Corte Suprema y nos confundimos en esa marea de gente que repletó luego la plaza 25 de Mayo, a unos pasos de donde naciera la República. Para ella y para su democracia habíamos arrancado un buen pedazo de justicia. Como lo he dicho varias veces, sólo un sentimiento de paz me inundó el espíritu esa noche de abril en Sucre. Habían pasado y no en vano nueve años.

Golpe ‘narco- fascista’
Remberto Cárdenas Morales
Del riesgo del golpe de Estado en 1980, cuyos cabecillas fueron Luis García Meza y Luis Arce Gómez, se hablaba todos los días en el mundo político y sindical boliviano. Entonces ejercía la presidencia interina del país Lydia Gueiler Tejada, prima del principal golpista, cuyo gobierno interino se   debilitó mucho debido a las medidas económicas que tomó y que afectaron al pueblo, al que la presidenta denominó “maravilloso”, sobre todo por el heroísmo demostrado en la resistencia y en la derrota del golpe de Estado fallido de Todos los Santos de 1979. Éste fue derrotado por ”la fuerza de la masa”, como escribe René Zavaleta.
Al líder social y diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz, en la puerta del Palacio Legislativo, le escuchamos decir, una de esas tardes nubladas paceñas previas al golpe, que parecía “entre pisquera y golpista”, lo que fue un anuncio de cuanto se hablaba con insistencia, porque esos días sí que había lo que de manera tal vez imprecisa se denominaba “clima golpista” (como no advertimos los días del último motín policial y menos a la llegada de la IX marcha indígena a La Paz).
Los que integrábamos grupos modestos que en ese tiempo nos ocupábamos de la política a tiempo completo confiábamos en que “la fuerza de la masa”, o de la “plebe”, derrotaría cualquier intento golpista de jefes militares, de quienes se conocía sus inclinaciones autoritarias y sus vínculos con actividades ilegales: con el contrabando y con el narcotráfico.
‘Arcesino’. En marzo de 1980 fue secuestrado, torturado “salvajemente” y ultimado el cura mártir Luis Espinal Camps, como cuentan cronistas de esa muerte dolorosa. En su entierro, acompañado por mucha gente (del pueblo y capas medias, en especial), compatriotas portaban pancartas que denunciaban a uno de los probables autores intelectuales de ese crimen espantoso con la palabra “Arcesino”.
El clima golpista, además, era configurado con acciones terroristas, de factura inequívoca, es decir, estallidos de bombas destinados a intimidar (como el dinamitazo en la oficina del semanario Aquí) y a desarticular al pueblo. Rumores de las más diversas procedencias y a cual más truculentos sobre el accionar golpista.
Entre las ideas de los militares, de las poquísimas que difundían, Luis García Meza amenazó con una “democracia inédita” para Bolivia. Entre las capas medias incluso se esperaba que alguien ponga orden ante la “anarquía y el caos” imperantes aquí.
El líder de los golpistas (se dijo por ellos narco-fascistas) hizo lo que se vio como una demostración de fuerza y ensayo golpista: dio la orden y encabezó algo así como un desfile militar informal y fuera de fechas cívicas: tanques y tropa en carros castrenses recorrieron La Paz desde una de las unidades militares de El Alto hasta el Estado Mayor de Miraflores. García Meza, ese momento, era jefe       del Ejército y Arce Gómez, jefe de la Sección Segunda del Ejército (Inteligencia).
Quizá sepa a marginal, pero es pertinente rememorar que el jefe militar de la Casa Presidencial, alcoholizado, se introdujo en la recámara de la Presidenta, lo que fue un escándalo, con un mensaje po lítico que luego se leyó más críticamente: como parte de la organización golpista se buscaba restar autoridad a la primera mandataria.
Los militantes de izquierda, y los que decían defender la democracia (limitada en rigor), creíamos que no avanzábamos más allá de la denuncia del golpe que sabíamos efectivamente que se tramaba. Esa labor de simple denuncia (que no dejó de ser positiva, pero insuficiente) fue la del Consejo Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), en el que se agruparon los partidos “populares y de izquierda”, así como el MNR “como frontera hacia la derecha”, se dijo de manera comedida esos días en los que crecía la tensión o la “estrategia de tensión”.Vivíamos los días preparatorios de los festejos de la revolución paceña. Pocos reparamos que los golpistas habían elegido el 17 de este mes (1980) para perpetrar el golpe.
En mi caso, pregunté qué había del bullado golpe de Estado. El principal dirigente del Partido Comunista Boliviano (PCB), en el que militaba en ese periodo, me respondió que no había evidencias de que el golpe llegue esos días de las glorias independentistas paceñas. Por tanto, viajé a Santa Cruz a visitar a mi madre y a mi familia.
Había empezado el golpe de Estado bajo la jefatura de García Meza y Arce Gómez, y con el alzamiento de la guarnición militar de Trinidad, acción que fue secundada en Santa Cruz. En la capital cruceña, la ocupación por carros de asalto y efectivos militares de las principales calles del centro citadino fue rápida. Allí no hubo nada que se parezca siquiera a la resistencia heroica que libraron los trabajadores mineros.
A media mañana de ese luctuoso 17 de julio de 1980, encerrado “en casa” con mi madre y una hermana menor, nos enteramos por radio del apresamiento de la primera mujer que había llegado al más alto cargo político, la Presidencia de la República, previa renuncia impuesta, la que no fue tal, como se supo después. Los golpistas hablaron de que doña Lydia, así la nombrábamos, había firmado una carta en la que “resignó” el cargo.
Supimos de las muertes, por disparos de los que tomaron por asalto la sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, en El Prado de La Paz, de Marcelo Quiroga Santa Cruz, máximo dirigente del PS-1; de Carlos Flores Bedregal, secretario General del POR-Posadas y de Gualberto Vega, dirigente sindical minero.
También por radio nos enteramos del apresamiento de otros de los miembros del Conare y en particular de nuestros camaradas y amigos Carlos Soria Galvarro Terán, periodista; de Luis Pozzo Íñiguez, entonces miembro de la Confederación Universitaria Boliviana (CUB); de   delegados del PCB.
Resistencia. El dolor que nos ocasionaban los caídos y la derrota de esa democracia aunque mezquina, necesaria, al menos se mitigaba ante la resistencia al golpe que sostuvieron los trabajadores del subsuelo en todos los centros de la minería nacionalizada, especialmente en Caracoles (La Paz).
A pocos días del golpe nos informaron detalles del ametrallamiento aéreo, ordenado por los militares, a la “población civil” y a los campamentos mineros en Caracoles que, luego se supo, soportaron la más cruel de las ofensivas debido a que allí la resistencia fue combativa y costó vidas de trabajadores mineros y de sus familiares.
La COB decretó una huelga general política, la que fue acatada (como no es ahora), pero resultó ineficaz por lo que no se pudo impedir que los golpistas se instalen en el Palacio Quemado, en el que García Meza dijo que se quedaría 20 años. Y, ante un débil bloqueo internacional a su régimen de terror, agregó que en Bolivia se iba a sobrevivir con “chuño y charque”. El dictador, que ahora purga sus culpas en el penal de máxima seguridad boliviano, duró menos de 20 meses en el poder.

Un testimonio del golpe, 25 años después
(La Paz - La Razón)

El cruento golpe de Estado del 17 de julio de 1980 ha dejado una marca en el boliviano. Uno de ellos recuerda ese día fatídico, que la democracia condenó con cárcel después.


Eduardo Ascarrunz R.

Para La Razón


Al amanecer del 17, el invierno paceño mostraba una faz apacible. La quietud de las calles era apenas quebrada por algunos borrachines que aún vivían el festejo del 16 de julio. Nada presagiaba tormenta. Sin embargo, al rayar el alba la actividad era febril en otros espacios distantes del sueño de la población. 


"Pachi, Pachi, hay un levantamiento militar en Trinidad". La voz angustiada de mi hermano Carlos me sacó de mis cavilaciones. Eran poco más de las 7.30 cuando la radio anunciaba la inminencia de un golpe de Estado.


"No puede ser", me dije, como tantos otros se habrán dicho al conocer la noticia, pese a que la posibilidad de una arremetida militar, descabellada o no, era un secreto a voces en las calles.


Me vestí y salí deprisa hacia TV Boliviana, donde desempeñaba funciones ejecutivas. Desde Canal 7 intenté comunicarme con algunos miembros del gabinete de la presidenta Lidia Gueiler Tejada, pero ellos ya estaban camino al Palacio de Gobierno. 


Un par de contactos con colegas periodistas sirvieron para establecer el cuadro de situación alrededor de las 9 de la mañana: el alzamiento estaba comandado por el general Luis García Meza y el coronel Luis Arce Gómez e involucraba a todas las guarniciones. En el Cuartel General de Miraflores todo estaba en orden para que el terror se instale en la sede de gobierno. A las 9.30, Víctor Hugo Sandóval, director de Noticias, organizaba la cobertura periodística y recibía informes de los corresponsales del interior: Trinidad estaba ocupada por tropas militares, Santa Cruz y Cochabamba vivían horas inciertas. Cristina Achá, directora de Programación, fue al Palacio en procura del ministro de Informaciones, Óscar Peña Franco. Félix Espinoza, secretario ejecutivo del Sindicato de TV Boliviana, se reunía a esa hora con don Juan Lechín, Genaro Flores, Edgardo Vásquez y otros dirigentes políticos y sindicales en el edificio de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB) en El Prado, circunstancial sede de la Central Obrera Boliviana. 


Aproximadamente a las 10, la presidenta Gueiler analizaba con su gabinete la dramática situación. Varias llamadas telefónicas, una de ellas desde el propio Cuartel General, atirantaron aún más la angustia. No obstante, la dignataria no perdía la serenidad. "La situación es realmente grave —dijo a sus ministros—, en cualquier momento van a tomar el Palacio, pueden retirarse si desean". 


Todos los ministros permanecieron a su lado, menos el de Defensa, contralmirante Néstor Núñez. De manera simultánea, convocados por Lechín empezaron a llegar a la COB los miembros del CONADE, mecanismo político-sindical creado para la defensa de la democracia; Marcelo Quiroga Santa Cruz del PS-1, Óscar Eid del MIR, Simón Reyes de la FSTMB, Óscar Sanjinés de la COB, el padre José Tumiri de la Asamblea de Derechos Humanos, entre otras entidades.


Alrededor de las 10.30, los periodistas repartían sus tareas en dos vertientes: unos abarrotaban el hall del Palacio de Gobierno, otros aguardaban las medidas acordadas en el CONADE. Unos y otros comprobaron finalmente que el propósito de interrumpir el proceso democrático, expresado públicamente por García Meza desde el cargo de Comandante de Ejército, se consumaba e incitaba a escribir una crónica de un golpe anunciado.


Frente a la gravedad de los hechos, me reuní en la gerencia del canal estatal con personal de confianza: un ingeniero, dos técnicos y los periodistas Félix Espinoza y Julio Barragán. Consulté a los tres primeros:"¿Se puede desactivar el transmisor de la planta de El Alto?". "Podemos volarlo en minutos", dijo el más joven. "No, no —aclaré—, inutilizarlo sin causar destrozos". El ingeniero precisó: "Es cuestión de sacarle dos piezas claves e irremplazables, o sea, desactivarlo científicamente se podría decir". "¿Se animan? —pregunté—, por lo menos dejémoslos sin televisión por un buen tiempo". Los tres asintieron y se aprestaron a subir a la planta no sin antes acordar un lugar seguro para reunirnos más tarde.


La reunión político-sindical concluyó minutos antes del mediodía y se leyó el documento que en su parte esencial condenaba el alzamiento militar, instruía el bloqueo de caminos y declaraba la huelga general e indefinida en todo el país.


Mientras esto sucedía en la COB, en el Palacio de Gobierno el doctor Hernán Siles Zuazo, ganador de las elecciones del 29 de junio, acompañado por Antonio Araníbar, alto dirigente del MIR, y el general Samuel Gallardo Lozada, expresaba a la Presidenta el apoyo pleno del CONADE.


A esa misma hora, al menos tres columnas de paramilitares con armas automáticas en las manos, y aguardiente en las venas, ganaban las calles a bordo de ambulancias de la CNSS, aproximándose velozmente a dos de los tres objetivos determinados: 1. Asalto a la COB y apresamiento de dirigentes, y 2. Toma del Palacio de Gobierno, desalojo de la Presidenta constitucional y captura de sus ministros. Una vez cumplidas ambas misiones, con escasos minutos de diferencia entre una y otra, los paramilitares iban a cumplir el tercer objetivo: la ocupación de las radios Panamericana y Fides además del matutino Presencia.


De esta manera se ejecutó el plan concebido por Arce Gómez, sus colaboradores militares y civiles, y los oficiales argentinos fogueados en la tenebrosa Escuela Mecánica de la Armada Argentina (enviados meses antes por el presidente Rafael Videla), cuya pericia criminal había sido demostrada en el secuestro, tortura y asesinato del sacerdote jesuita y periodista Luis Espinal.


La toma de la COB fue facilitada, en parte, por un hecho infortunado: cuando los dirigentes se aprestaban a salir, la llegada tardía del personal de TV Boliviana determinó que se lea nuevamente el comunicado del CONADE, lo que permitió a los paramilitares poner a punto el asalto al edificio sin la menor resistencia, lo que se produjo unos 10 minutos después de concluida la segunda lectura.


Las campanas del reloj del Congreso terminaban de dar las 12, cuando la Presidenta, el doctor Siles y sus acompañantes daban por terminada la reunión. Los visitantes salieron del Palacio, seguidos a unos pasos por Félix Espinoza, Julio Barragán y quien escribe esta crónica. Ellos siguieron con rumbo desconocido, nosotros nos dirigimos a la COB. Transcurrieron unos cinco minutos antes de que otro grupo paramilitar, al mando de Mosca Monroy, ingresara al Palacio. En el trayecto hacia la FSTMB se confirmaba en la radio la cruenta ocupación de la sede sindical en El Prado. 


Informada de la presencia de paramilitares, la Presidenta instruyó a los ministros Óscar Peña (de Informaciones) y Carlos Antonio Carrasco (de Educación) verificar el alcance de las acciones. Peña Franco fue golpeado brutalmente y rodó por las escalinatas. Mosca Monroy puso el caño de la metralleta en el vientre de Carrasco, pero al hacerlo sintió en su sien el revólver del capitán Agustín García, edecán presidencial, quien con la voz firme le dijo: "Si dispara, yo también disparo, ¡carajo!". El temible Mosca Monroy bajó el arma; él y sus secuaces –envalentonados hasta ese momento frente a un enemigo indefenso— frenaron sus ímpetus ante la actitud decidida del único militar leal que defendía su plaza. La fugaz tregua fue aprovechada por la presidenta Gueiler, Carrasco, el Canciller y los ministros Salvador Romero Pítari (de la Presidencia) y Jaime Ponce (de Planeamiento) para subir al tercer piso, ingresar a un pasadizo secreto, trepar al techo del Palacio y alcanzar el tejado de la Catedral para poder salir. 

"¡Sálvese quien pueda!", fue la muda consigna del mediodía en la casa de Gobierno y en la sede del movimiento obrero organizado. Los dos poderes civiles y sustentos de la frágil democracia boliviana devenían impotentes frente al poderío de la bestialidad armada. 

Mientras por los techos del Palacio Quemado la única Presidente mujer de la historia boliviana y cuatro de sus colaboradores se movían a rastras, nerviosamente, evitando ser alcanzados por las balas disparadas por francotiradores apostados en las terrazas de edificios cercanos; el líder minero Juan Lechín Oquendo, protagonista de fugas espectaculares, caía preso al intentar un escape por las oficinas del fondo de la casa.


Cuando la fila de detenidos descendía por las escaleras del edificio de la FSTMB, un paramilitar reconoció a Marcelo Quiroga Santa Cruz en un descanso entre las gradas. El líder socialista no ofreció resistencia, según recuerdan 30 años después Wálter Vásquez y Cayetano Llobet (del PS-1), Óscar Eid (del MIR) y otros compañeros que vieron de cerca cómo un paramilitar descargó una ráfaga de su arma automática sobre el cuerpo de Quiroga Santa Cruz, alcanzando a herir de muerte, también, al joven intelectual Carlos Flores Bedregal. Allí y entonces, de una manera cobarde y artera, se consumaba el ajuste de cuentas anunciado por García Meza semanas antes y cobraba visos criminales el odio visceral de Arce Gómez hacia un líder irrepetible de la historia política boliviana de las últimas décadas.


Entre las 12 y la una menos cuarto se sintieron los peores rigores de la arremetida golpista del 17 de julio de 1980. En ese lapso se verificaron actos insospechados, seguidos de hechos no menos sorprendentes: si bien la demora del personal de Canal 7 hizo que se leyera nuevamente el comunicado, nadie se apresuró a salir. Todavía se abrigaba la esperanza de que las cosas no fuesen tan extremas. El propio líder del movimiento obrero iba a declarar años después a Última Hora: "Terminada la lectura nos quedamos a tomar sol en la ventana de mi oficina que daba al Prado. A mi izquierda se paró Marcelo Quiroga y a la derecha Simón Reyes". Al escuchar los primeros disparos y sentir las balas rozando sus cabezas, entonces hicieron carne de la gravedad de la situación que afrontaban.


Los irregulares de civil no repararon en la huida de la señora Gueiler y sus colaboradores, o declinaron ir tras ellos, concretándose a apresar a quienes estaban a su alcance en el segundo piso de la casa de Gobierno. El Palacio fue desocupado cerca de las 13.30, según informó un oficial a la Presidenta y al Canciller. De inmediato, ambos dejaron su escondite del techo palaciego. Presas de miedo, promediando la hora 14, los otros fugitivos bajaron del entretecho y al pasar por el comedor vieron al jefe de la Casa Militar, coronel José Cueto, almorzando sin asomo de nervios junto a edecanes y a otros militares. A bordo de un jeep que les facilitó Cueto, recorrieron la periferie y vieron a los paramilitares de retorno al Palacio.


Al filo de las 12.30, a unos pasos del edificio asaltado, Julio Barragán frenó el vehículo y dio marcha atrás, evitando que asomáramos hacia las ambulancias repletas de presos y prestas a partir rumbo a Miraflores. Una hora antes, los tres técnicos del canal estatal ya habían desactivado la planta transmisora de El Alto. En medio del horror, la misión cumplida con maestría y coraje nos alegró el alma en una jornada en la que la suerte estuvo de nuestro lado, puntualmente: nos salvamos de caer en manos de los paramilitares a la salida del Palacio, primero; a unos metros de la COB estuvimos a punto de ponernos frente a frente con las ambulancias, después, y por último, casi en las narices del Mosca Monroy y sus cómplices nos refugiamos en una salteñería cuando el grupo irregular pasaba raudamente por la puerta del Teatro Municipal rumbo a la sede de la radio Fides.


En el asalto a Fides, el Mosca Monroy no reconoció al sacerdote y periodista Eduardo Pérez Iribarne o, más bien, lo confundió con un jesuita ligeramente parecido apresado junto a otros radialistas poco antes. 


Después llegó el toque de queda y, tras él, comenzaron las noches y los días de terror. No en vano, Luis Arce Gómez advirtió a los bolivianos que caminaran con el testamento bajo el brazo. La vida pendía de un hilo.


“Por los techos del Palacio Quemado la única mujer Presidente de la historia boliviana se movía a rastras evitando las balas”


“Terminada la lectura del comunicado nos quedamos a tomar el sol en la ventana de mi oficina" (Juan Lechín Oquendo)


Perfil

Eduardo Ascarrunz R.

Periodista • Exiliado en Lima (1972/76) y en Caracas (80/82). Trabajó en Reuters e Interpress Service, en la OEA y como gestor cultural de Unesco. Fue nominado al premio Pulitzer en 1974 por denunciar los horrores cometidos en Mozambique; ganó en 1997 el Premio de Periodismo por la historia de las manos del Che. Recibió el premio Reina Sofía de España por la campaña de educación antidroga y movilización social "Seamos".


Gerente • Ocupó el cargo en el gobierno de Lidia Gueiler y vivió de cerca el golpe del 17 de julio. "Santa Juana de América" fue una de las mayores producciones de la TV Boliviana que causó mucho malestar entre los militares que conspiraban entonces.

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