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La Paz (Bolivia), nueva
etapa, 14 de julio de 2012 Año I No. 75
Afiliado a la Federación Latinoamericana de
Periodistas, Felap
Editor: Remberto
Cárdenas Morales
http://www.semanarioaqui.com
Edición de homenaje a Pedro Moye Noza, niño
fallecido accidentalmente el 21 de agosto de 2011 durante la VIII Marcha
Indígena en defensa del TIPNIS.
Índice
editorial
Otra
etapa de “una larga marcha” recorren los indígenas
De sábado a sábado (203)
En
Mallcu Q’ota se pelean intereses de empresa canadiense
Remberto Cárdenas
Morales
Tras el escándalo en el proyecto de
industrialización del gas
¿Qué hacía el gerente de las Separadoras de Santa
Cruz
y Tarija comprando terrenos para la Planta de
Urea en el Chapare?
Mallku Khota:
un proceso al revés o yerros de la gestión gubernamental
Arturo D. Villanueva Imaña
El pueblo descubre a los impostores
Manuel Gonzáles
Callaú
Es necesario investigar toda la gestión de Carlos
Villegas al frente de YPFB
Los dos extremos de la cuerda del poder
El que cree que es rico y el que cree que es pobre
tipnis
Alejandro Almaraz.
Respuesta de Bartolomé Clavero
lucha
de nuestros pueblos
Estados Unidos, Venezuela y Paraguay
La política externa
norteamericana en América del Sur sufrió las consecuencias totalmente
inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con
tamaña voracidad que no podían aguardar hasta abril de 2013, cuando serán
realizadas las elecciones, y ahora articula todos sus aliados para hacer
revertir la decisión del ingreso de Venezuela [al Mercosur]. La cuestión de
Paraguay es la cuestión de Venezuela, de la disputa por la influencia económica
y política en América del Sur.
Por Samuel Pinheiro
Guimarães*
Caso
Assange: Una prueba para Ecuador
Por Yurién Portelles
Lecturas
—Manifiesto de los
indígenas de la IX marcha (PDF)
—Carta de Cajamarca
(PDF)
editorial
Otra etapa de
“una larga marcha” recorren los indígenas
Creemos que
especialmente los indígena del TIPNIS han ganado en otra etapa de “una larga
marcha”, a pesar de que retornaron a su “casa grande” sin hablar con el
Presidente boliviano con el que esperaban llegar a un acuerdo destinado,
básicamente, a conseguir que se construya un camino entre Villa Tunari y San
Ignacio de Moxos sin que parta en dos el corazón de la reserva natural y del
territorio indígena.
Los dirigentes de la
IX marcha afirman que han conseguido que se anule el contrato para la
construcción de esa vía con la empresa brasilera OAS, que se suspenda el
financiamiento de un banco de Brasil para tal obra, que el Tribunal
Constitucional Plurinacional apruebe una resolución que dispone que no debe
realizarse la consulta sobre la carretera si acaso no hay consenso entre los
pueblos que serían afectados por ella y que se une cada vez más el pueblo
boliviano en defensa del TIPNIS. Esos, entre otras, son los alcances del avance
indígena, aunque a costa de enormes sacrificios, entre éstos, de cinco vidas:
tres marchistas, un enfermero y una niña de seis meses.
Los gobernantes
tienen apreciaciones dispares sin ser antagónicas sobre la última caminata de
los indígenas. La más representativa es la del Ministro de Gobierno: según él
la IX marcha indígena pudo provocar una crisis de Estado pero que no alcanzó a
configurarse porque esa acción fracasó con lo que fueron derrotados los
derechistas que trataron de cabalgar en la caminata. Otros políticos del bloque
oficialista, entre los que unos se alegran y otros posan moderados, aseguran
que su gobierno aplicó acertadas medidas políticas para contrarrestar la
caminata que fue también una medida política.
Asimismo, una
coincidencia difunden los inquilinos del Palacio Quemado: destacan que los
derrotados son los derechistas que trataron de montar y/o consiguieron sumarse
a la marcha que, ahora, algunos de ellos no niegan que fue pacífica. Sólo
después de la marcha dicen que fue pacífica, y luego de propagar con furia que
había un “Plan TIPNIS” para el golpe de Estado o que trataba de tumbar al
Presidente. Éste en más de una ocasión aseguró que el principal dirigente de la
CIDOB (desconocido por operadores del gobierno) pretendía golpear y suplantar a
Evo en la presidencia del país.
Analistas señalan
que, con la IX marcha y el retorno de los marchistas sin soluciones, el que más
perdió, sobre todo porque no quiso dialogar con los indígenas, es el presidente
Morales, cuyos efectos —agregan— llegarían en las próximas elecciones para las
que ya ha sido proclamado candidato y cuya campaña la desarrollan desde hace
tiempo.
Para este semanario
virtual, en esta última etapa de la prologada marcha de los indígenas de las
tierras bajas y altas, esos pueblos son los que más han acumulado fuerzas,
realidad que quizá consideren los gobernantes por eso las medidas políticas
tomadas por éstos en contra de los marchistas, aunque también es cierto que las
acciones represivas, en La Paz, ordenadas por los gobernantes, causaron
indignación entre los habitantes de La Paz (y por extensión en el país) lo que
ocasiona un doble efecto: desacredita a los que ejercen el poder político y
amplía el respaldo a los defensores del TIPNIS. (Si los gobernantes sacan otras
cuentas, allá ellos; sus apreciaciones mentirosas les dañan a ellos y a los
cambios: las reformas que cada día dejan de ser avanzadas como se proyectaban).
En un inventario de
las medidas de los gobernantes contra la IX marcha indígena tienen que
anotarse, entre otras: campaña destinada a impedir que empiece la marcha; hostigamiento,
como en San Ignacio de Moxos; intento de bloqueo, como en Caranavi;
desprestigio de los líderes de la caminata; prebendas, como los regalos
gubernamentales de motores fuera de borda, entre otros tantos que siguen;
acción cívica de militares en el TIPNIS, para ganar la mente y el corazón de
los comunarios, en pos de una causa contraria a esos pueblos; represión con
agua un día de intenso frío del invierno paceño, incluidas dos gasificaciones;
mentiras de diferente calibre difundidas por los gobernantes respecto del
TIPNIS y de sus habitantes originarios; negativa de los gobernantes al diálogo
o aceptación de éste con interlocutores que desde el Palacio de Gobierno
pretendieron elegir entre quiénes se hablaría y con quiénes no; firma de
acuerdos entre gobernantes y delegados de pueblos indígenas, incluidos algunos
que lo hicieron a pesar de que integraron la columna de los marchistas;
convenio para promover la consulta (que no es ni previa, ni informada, ni de
buena fe) con muy pocas autoridades originarias y con otros dirigentes
cocaleros del Consejo Indígena del Sur (Conisur) los que, de acuerdo a las
normas vigentes, no son sujetos del derecho a la consulta, y aunque ciertos
operadores políticos del gobierno, a la consulta posterior, la denominen “democracia
de alta intensidad”.
Para nosotros, son
batallas de los pueblos originarios y de las clases y grupos sociales las que
se libran en este tiempo. Fuerzas motrices que determinan en cada momento y
determinarán en condiciones concretas el curso y el desenlace del accionar que
sea igualmente decisivo respecto del TIPNIS, que es el que une a la mayoría de
los bolivianos y nos separa de los gobernantes y de sus corifeos, los que no
crecerán ni en número ni en sus convicciones porque las mentiras que asumen
como verdades jamás sirvirán de argumento sostenible en ninguna parte de la
tierra.
Esa larga marcha por
la defensa del TIPNIS continúa y tendrá su epicentro en esa tierra de promisión
que la apetecen los cocaleros para plantar más coca, aunque sea a costa de
acabar con las riquezas que allí existen.
Resistencia de la
mayoría de los indígenas a la consulta amañada es la consigna. Así buscan
preservar su hábitat natural, es decir, la vida de esos pueblos. Es pues ese
supremo derecho humano el que defienden los originarios de tierra bajas y
altas, por eso están dispuestos a morir por ese territorio que es suyo y por la
reserva natural que es de todos los bolivianos, incluso de los que muestran,
con su comportamiento, que apuestan por la destrucción del bosque mejor
conservado, en su núcleo vital, así lo nieguen los que hacen de la mentira lo
principal de su discurso sobre el TIPNIS.
La lucha principal
en defensa del TIPNIS y de la vida humana, animal y vegetal la sostendrán los
marchistas indígenas en su hábitat, en el que se mueven como los peces en las
aguas del Isiboro y del Sécure, probados en nueve caminatas; asimismo, esa
misma batalla se librará, en las ciudades bolivianas, como extensión de lo que
se haga allí, incluidas demandas ante la justicia ordinaria, como la anunciada
“acción popular” debido a la amenaza de violación, por los gobernantes, de los
derechos individuales y colectivos de los indígenas al medio ambiente, aunque
se sabe que en ese ámbito aquéllos son más fuertes.
En la resistencia de
los indígenas en el TIPNIS, a la consulta tramposa y a la construcción del
camino de discordia, son invencibles y lo serán más con el apoyo del pueblo
boliviano que asume como suya esa causa plurinacional y universal por su
contenido y por su forma.
De sábado a sábado (203)
En Mallcu
Q’ota se pelean intereses de empresa canadiense
Remberto
Cárdenas Morales*
Testimonios
entregados por marchistas de Mallku Q’ota a La Paz convencen de que de esa
acción participaron, además de los indígenas y campesinos que plantearon que
sea la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) la que explote las riquezas de
esa región, también lo hicieron cooperativistas movilizados por los gobernantes
para demandar que sean otros afiliados suyos los que extraigan esas riquezas,
así como también caminaron (a pie menos y en vehículos mayores distancias) los
que, “pagados” por los empresarios canadienses, siguen esperando que sea esa
transnacional la que siga explorando y luego se beneficie con oro, plata, indio
y galio, y pague lo menos posible en regalías e impuestos para la región
productora y para el país.
Se sabe, asimismo,
que el Presidente instruyó a su Ministro de Minería que, desde esa cartera
gubernamental, ayude a la South American Silver (SAS) a que despliegue sus
actividades sin limitaciones. Es decir, de hecho los gobernantes dieron su
apoyo a la exploración que hacía la empresa canadiense dentro de las
concesiones de la que sigue siendo titular porque el decreto supremo de
reversión de esas concesiones al Estado boliviano no llega todavía, a pesar del
reclamo de los comunarios que firmaron un acuerdo con Evo Morales para esa
recuperación.
También está a la
vista que los gobernantes, el Presidente en primer lugar, se juegan por los
cooperativistas mineros, entre los que funciona una alianza cuyos beneficios
económicos y políticos están cada vez más a la vista de los que ven y leen la
realidad de manera atenta. Cooperativistas que suman entre 100 a 130 mil —un
potencial electoral envidiable para cualquier político— entre los que, sin
embargo, existen cada vez menos la cooperación mutua, la propiedad de todos los
integrantes de una unidad productiva de ese tipo, el trabajo igualitario de sus
integrantes; principios escritos en los papeles pero que sólo se practican por
excepción. En lugares como Potosí, se estima que los nuevos ricos acumulan sus
fortunas en esas cooperativas en las que rigen sobre todo relaciones de tipo
capitalista (dependientes y atrasadas), es decir, de explotación y opresión.
Muchos de los integrantes de esas unidades productivas, que siguen creciendo en
Bolivia, son asalariados y quizá otro tanto son los que trabajan a destajo, por
cuenta propia, a los que ganan según lo que producen cada día. En esta forma de
producir campea, además, la inestabilidad en el trabajo y la variación de los
ingresos. Sin embargo, los grupos predominantes entre los cooperativistas
mineros (incluidos los auríferos del norte paceño) gozan de privilegios que
concede el Presidente boliviano: créditos blandos, más y más parajes mineros,
liberación de impuestos, así como palanca política para la nominación de
ministros, asambleístas, otros funcionarios del gobierno y candidatos a otras
instancias estatales y municipales.
Concretamente,
respecto de los minerales de Mallku Q’ota vale mucho decir, además, que es
vigorosa la tendencia que allí pretende explotar las riquezas señaladas. Allí
se busca ampliar las operaciones de los cooperativistas mineros, en las que la
producción de minerales es de tipo social (muchos extraen los minerales), pero
la apropiación es de carácter individual, aunque las relaciones son de
explotación y opresión, valga la reiteración para que se comprenda mejor que
esa forma de producir, de tipo capitalista, es menos avanzada que la otra en la
que la propiedad es del Estado y donde son asalariados los que extraen el
material. Más avanzada sería, sin duda, una empresa de propiedad social, en la
que los verdaderos dueños sean los trabajadores y la sociedad boliviana.
La nueva
Constitución Política del Estado boliviano dispone un modelo de economía plural
en la que las formas de propiedad son: comunitaria, estatal, privada, mixta y
social cooperativa, pero la empresa de propiedad social que proponemos está a
distancia de la social cooperativa actual en nuestro país. En la Ley
Fundamental no hay nada que, por ejemplo, anuncie la posibilidad real del
tránsito de aquellas formas de propiedad a la de tipo socialista. Sin un nuevo
Estado de veras plurinacional (el actual, entre nosotros, tiene tal definición
pero carece del contenido de una maquinaria estatal para la liberación),
creemos, imposible contar con una forma de propiedad social. Empero, ese tema
merece otras notas, en un espacio como éste.
La norma
constitucional citada quizá sirve de apoyo para que el Presidente, por ejemplo
en Colquiri, pretenda la coexistencia entre la forma estatal de producir
minerales por la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y las cooperativas
mineras, a las que se les distribuyó, según convenio, los parajes para la
extracción de esas riquezas. La salida de allí, de la empresa Sinchi Wayra, que
deja deudas millonarias por impuestos, regalías y otros, podría ser un alivio
para esos empresarios transnacionales que, según se conoce, estaban preparados
para salir del centro minero paceño, pero antes de ese abandono obligado
llevaron consigo toda la información respecto de sus actividades empresariales
en Colquiri, de acuerdo a una denuncia publicada en medios de difusión
bolivianos.
En Mallku Q’ota son,
pues, los intereses privados, plurinacionales y transnacionales, los que
disputan el derecho de explotación de esas riquezas, consideradas hasta este
momento como especialmente cuantiosas. Para esos intereses egoístas no cuentan
los verdaderos derechos de extracción de las regiones, del pueblo y de la
patria.
Es cierto que se
tramita, con alargues sospechosos, el decreto supremo que ordene la
restitución, para el Estado boliviano, de las concesiones que todavía detenta
la SAS. Se espera la materialización de esa reversión, pero todavía no se ha
prohibido y dudamos que se prohíba que en Mallku Q’ota, además de Comibol,
operen cooperativistas mineros, los que más bien son empresarios privados con
un contingente de asalariados que es el que más crece en la economía minera del
país.
La indemnización
para la SAS, por las inversiones que tienen que calcularse y por los perjuicios
posibles, está asegurada, como declaró algún funcionario gubernamental cuya
puntería nunca les falla para proteger los intereses de los empresarios
transnacionales.
La reversión de esas concesiones de la SAS
para el Estado boliviano tampoco asegura la recuperación, por el actual
gobierno, de las riquezas naturales explotadas por empresas transnacionales,
por lo que advertimos que, por ahora, tendrían que estar tranquilos los propietarios
de San Cristóbal, la más moderna de las industrias mineras, entre
nosotros.
Tampoco debemos
perder de vista que la reversión de las concesiones a la SAS y la probable
coexistencia de cooperativas mineras en Mallku Q’ota, obedece a estimaciones electorales
del Presidente que pretende su segunda reelección: son quizá 130.000 votos
potenciales de los cooperativistas mineros (a los que se podrían sumar los de
sus familiares), electores a los que los gobernantes tratarán se asegurar, para
una tercera elección en favor del Presidente-candidato.
Para nosotros, las
riquezas de Mallku Q’ota tendrían que servir para que en Bolivia vivamos mejor
porque todavía no es posible vivir bien. Riquezas que jamás deberían ser
utilizadas para “comprar” elecciones en el país, como se dice que hizo Peña
Nieto en México.
La Paz, 14 de julio
de 2012.
*Periodista
Tras el
escándalo en el proyecto de industrialización del gas
¿Qué hacía el gerente de las Separadoras de Santa
Cruz
y Tarija comprando terrenos para la Planta de Urea en el Chapare?
Dos días antes que el Gerente gestionaba la adquisición, el presidente
Morales llamó la atención en Chimoré sobre el alza de la hectárea de tierra y
la necesidad de 400 hectáreas para la planta de úrea y amoniaco.
El día en que el ex gerente nacional de Plantas
Separadoras de YPFB, Gerson Rojas, chocó una vagoneta oficial en el km 94 del
tramo Chimoré-Yapacaní, gestionaba la compra, a unos sindicatos
cocaleros, de un terreno para la planta de amoniaco y úrea que la petrolera
estatal instalará en Bulo Bulo, según sus declaraciones iniciales, antes que
las autoridades blindaran de hermetismo las investigaciones.
“Siento que están exagerando al hacer subir a
3.500 o 4.500 dólares. No sé si ha subido tanto o tal vez algunos quieran
aprovecharse frente a este tema”, decía el presidente Evo Morales el 15 de
junio en Chimoré, ante la especulación de precios, que afecta a la instalación
de una planta de Urea en la región, por parte de la estatal YPFB.
Dos días después, el domingo 17, y más al este,
cerca de Ichilo, el ingeniero Gerson Richard Rojas, todavía Gerente de Plantas
de Separación de Líquidos-YPFB chocaba una vagoneta oficial contra dos camiones
y una camioneta, desatando la madeja de un escándalo que derivó en su posterior
detención y la de su presunto cómplice, Javier Ugarte, miembro de la comisión
calificadora del proyecto.
En medio de las pesquisas, al Gerente se le
descubrió el alquiler de cajas de seguridad en el Banco Mercantil Santa Cruz de
Cochabamba, y el manejo de hasta 390.000 dólares, que originaron un proceso
contra ambos por enriquecimiento ilícito.
EL PRESIDENTE
Tras ser detenido luego que se dio a la fuga por
el accidente, Rojas afirmó que la vagoneta estaba en función oficial pues
gestionaba la compra de un terreno, tarea coordinada con el presidente de YPFB,
Carlos Villegas.
“Ese día estaba en una comisión de Bulo Bulo,
sobre la compra del terreno para poner tubos para la planta de amoniaco y urea
(...) Mi persona coordina toda compra de terrenos directamente con el
Lic. Villegas y él mismo con el Presidente de la Nación”, dijo.
“El anterior sábado, en una comisión similar se
realizó un acta de compromiso con un lugareño sobre la compra de 90 hectáreas a
una federación de sindicatos cocaleros, en ese mismo entendido fue esta
comisión”, agregó Rojas.
“Lamentablemente algunos hermanos están haciendo
subir el precio del terreno, me dicen que está costando hasta 4.500 dólares la
hectárea, necesitamos como 400 hectáreas para este proyecto”, había dicho Evo
Morales en Chimoré, el viernes 15 de junio, luego de inaugurar la ampliación de
la subestación de energía eléctrica local.
“Asuman su responsabilidad para garantizar las
400 hectáreas para la industria de urea, he explicado la importancia y es
responsabilidad del Alcalde y dirigentes sindicales conseguir este terreno”,
agregó.
En otra parte de sus declaraciones, el ingeniero
Rojas enfatizó que desde que inició sus funciones tuvo trato directo con
Villegas, incluso por encima del vicepresidente nacional de Operaciones, Mario
Salazar. La declaración está firmada por Gerson Richard Rojas Terán, el abogado
Líder Guzmán Cabrera, el sumariante Sgto. Gustavo Osinaga y el fiscal de
Materia Jaime David Canedo Encinas, según la versión de El Deber.
LIQUIDOS ANTES, UREA Y AMONIACO DESPUES
El escándalo, con implicaciones de
corrupción recordó el caso “Catler”, hace tres años, cuando en enero del
2009 delincuentes asesinaron al presunto empresario sobornador, Jorge
O’Conor Darlach en una calle de La Paz para robarle 435.000 dólares con los que
iba a pagar favores de distintos funcionarios, entre ellos, el entonces
presidente de YPFB, Santos Ramírez, condenado por ello a 12 años de cárcel.
El proyecto de las plantas separadoras de
líquidos en Río Grande, Santa Cruz y Gran Chaco, Tarija, roza una inversión
de 600 millones de dólares para separar los líquidos del gas que
Bolivia exporta al Brasil y Argentina.
También YPFB informó a principios de julio que
cinco empresas estaban interesadas en instalar las plantas de urea y amoniaco
en el municipio de Entre Ríos, provincia Carrasco de Cochabamba, en otra
inversión estimada en 1.000 millones de dólares: el grupo coreano Hyundai y
Samsung, la española Duro Felguera, los consorcios ítalo-argentino Saipen/AESA
y el ítalo-español Técnicas Reunidas /Technip.
De acuerdo a cronograma, entre el 9 de julio y el
3 de agosto debía realizarse la calificación de las propuestas para su
adjudicación el 21 de agosto y firma de contratos en septiembre.
La estrategia de producción del complejo de
industrialización del gas natural en Bulo Bulo tiene por objetivo producir
fertilizantes nitrogenados no solo para atender la demanda total del mercado
interno y sino exportar los excedentes a mercados externos de gran demanda,
razón por la que se pretende producir aproximadamente 650.000 toneladas anuales
de urea, a partir del año 2014, reportó a fines del año pasado la agencia
AN-YPFB.
“La Planta de Amoniaco Urea va a funcionar en la
región de Bulo Bulo, y su producción cubrirá la demanda inicial del 20%
mercado interno, demanda creciente y el 80% a la exportación y contribuirá a
elevar la productividad del sector agrícola en Bolivia y generara divisas
importantes para el país”, mencionó el entonces gerente Gerson Rojas al afirmar
que este proyecto es intensivo en mano de obra.
Por su parte, el presidente ejecutivo de YPFB
estimaba firmar el contrato para que se construya la planta en abril del 2012,
“de tal manera que ésta sea entregada a fines de 2014, o primeros meses
de 2015”.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su
libertad para publicarlo en otras fuentes.
Mallku
Khota: un proceso al revés o yerros de la gestión gubernamental
Arturo
D. Villanueva Imaña *
El conflicto de Mallku Khota, lamentablemente,
tiene la virtud de desnudar varias aristas perversas y totalmente contrarias a
elementales reglas de buen gobierno (que es lo menos que se puede esperar) y,
ni qué decir, respecto de los principios y orientaciones estratégicas de un
proceso de cambio y transformación. Veamos algunos ejemplos:
· La
increíble y desesperante lentitud y lenidad gubernamental para atender y
resolver oportunamente el conflicto, no solamente ha importado sufrir una vez
más el enfrentamiento, la violencia y muerte de otro ciudadano boliviano (que
se suma a la larga lista de muchos otros decesos que el gobierno debe asumir
como resultado de conflictos sociales que pudieron haberse evitado); sino del
enorme costo político y desgaste de un proceso de cambio que merecería destinar
estos mismos esfuerzos en otras causas más caras e importantes para nuestra
sociedad.
· El incomprensible y sorprendente silencio del
Ministerio y su titular de Justicia, que no han expresado absolutamente nada
respecto de la “justicia comunitaria” ejercida y, mucho menos sobre los
acontecimientos de violencia, enfrentamiento y muerte que se han sucedido,
vulnerando flagrantemente innumerables derechos humanos.
· La increíble soltura del Ministro de Trabajo. que
atribuyéndose competencias que no le corresponden para juzgar y absolver (sin
siquiera abrir la oportunidad de realizar investigaciones), no sólo se permite
liberar de toda culpa a los comunarios que secuestraron, ejercieron violencia y
maltrato, torturaron, privaron de libertad, amenazaron, chantajearon, etc.,
etc.; sino que firma un acuerdo por el cual compromete nada menos que la fe del
Estado para levantar las denuncias, dar garantías para que no se procese a los
comunarios y evitar cualquier persecución (¿?!!). Es decir, legitima y
garantiza la impunidad para los comunarios de dicha región, con lo cual el
Estado de derecho es completamente anulado, para dar lugar a la total
impunidad.
· La convalidación presidencial y gubernamental de
semejantes actos reñidos con toda legalidad, sentido de justicia y
administración de las más elementales reglas de convivencia, seguridad
ciudadana, buen gobierno y justicia que el Estado está obligado y comprometido
a garantizar en apego a la Constitución Política del Estado y las leyes
vigentes, cuando nada menos que en el Palacio de Gobierno, el Presidente Evo
Morales firma el acuerdo, conjuntamente las autoridades originarias, dirigentes
y líderes que provocaron y protagonizaron semejantes actos en contra de la
institucionalidad legal y la sociedad nacional.
· La completa distorsión y envilecimiento del
principio de “gobernar obedeciendo”, a fin de mantener lealtades sobre algunos
sectores sociales, cuando se decide ceder ante la presión, el chantaje y la
violencia ejercida por pequeños sectores en disputa que representan intereses
sectarios, minoritarios y extractivistas del bien común; lo cual genera un
funesto y nuevo precedente de sometimiento que el Gobierno asume frente al
capricho y la imposición de un sector social, al que además se libera de toda
culpa sobre los graves hechos y delitos cometidos en la región de Mallku Khota.
De esta manera, por otra parte, se refuerza el criterio por el cual la presión
social, la violencia y la fuerza de las movilizaciones en contra del gobierno,
sustituyen cualquier tipo de razonamiento y la justeza de las causas sociales,
para imponerse y lograr su cometido. Pero, además, cuánta más violencia y
fuerza se utilice, mayores son las probabilidades de imponer y ganar.
· La pérdida total de autoridad para someterla a la
imposición caprichosa, violenta e ilegal de un grupo de comunidades que,
independientemente de la eventual justeza de sus demandas, comete actos
ilegales, ejercita violencia, conculca y viola derechos humanos e impone un
chantaje al gobierno que, a su turno, convalida la impunidad y los actos
ilegales cometidos.
Todos estos hechos sumados a decisiones anteriores
como la de legalizar lo ilegal, cuando se decide nacionalizar el contrabando de
autos chutos; otorgar un trato preferente, discriminatorio y privilegiado a los
sectores cooperativistas mineros, que se los libera de la obligación de todo
ciudadano boliviano de tributar y pagar impuestos (cuando adicionalmente todos
sabemos que se está viviendo una coyuntura por demás favorable de ingresos y
beneficios que los mineros cooperativistas reciben por los elevados precios
internacionales de las materias primas, siendo que además se trata de uno de
los sectores sociales más depredatorios, contaminantes y extractivos de los
recursos naturales del país) y, finalmente, “meterle nomás” asumiendo que los
abogados del Estado tienen la obligación de enmendar y corregir actos
eventualmente incorrectos o ilegales, nos permiten un panorama que ciertamente
dista mucho de constituir un ejemplo o modelo de cambio y transformación a
seguir.
A su turno, cuando adicionalmente el gobierno
atribuye este conjunto de despropósitos a la acción de una derecha que el mismo
Vicepresidente del Estado Plurinacional dijo que había sido vencida y anulada
electoral, ideológica y materialmente; entonces sólo queda preguntarse
qué argumento se esgrimirá en los próximos meses cuando, muy previsiblemente en
reacción y respuesta a todos estos actos que se suman y acumulan como parte de
la memoria, pero también de las iniciativas y acciones que se pueden emprender
para alcanzar exigencias o conquistas sectoriales, sea la sociedad que busque
imponer sus propias exigencias, muy por encima del ideario y los propósitos de
transformación que paulatinamente se van distorsionando y envileciendo, ante
una cada vez más acorralada gestión gubernamental que parece haber perdido la
iniciativa, para dar lugar a reacciones instintivas, irreflexivas, generalmente
tardías y violentas, pero sobre todo improvisadas que provocan exactamente todo
lo contrario de lo que debería esperarse.
El gobierno no parece darse cuenta de que cada vez
más entra en la lógica de “apagar conflictos y firmar acuerdos” (que terminaron
siendo el despeñadero de los gobiernos derechistas y neoliberales del pasado),
y al mismo tiempo pretende inducir en el imaginario social y recrear
artificialmente, a una derecha inexistente, derrotada, sin propuestas y sin
liderazgo; como si la referencia a un “fantasma” (a todas luces inexistente),
pudiera espantar al mismo tiempo, a aquellos supuestos enemigos, pero sobre
todo a su propia incompetencia e incapacidad para mantener el liderazgo y la
iniciativa en el proceso que el pueblo espera.
*Sociólogo, boliviano. Cochabamba – Bolivia, julio 12 de 2012.
El pueblo descubre a los impostores
Manuel Gonzáles Callaú
“Hemos ganado nuestra dignidad y no nos hemos
dejado billetear”, dijo David Crispín, dirigente del CONAMAQ, luego de que la
columna de la IX Marcha en defensa del TIPNIS decidiera retirarse a sus
parajes. (Erbol, miércoles 11/07/201).
Resulta difícil entender cómo el presidente Juan
Evo Morales Ayma pudo utilizar y sigue utilizando los mismos métodos de los
llamados anteriores gobiernos dictatoriales y neoliberales donde el matonaje, la
prebenda, el chantaje, la cooptación de dirigentes eran procedimentos normales
en la vida política del país.
Si hacemos un recuento del pasado para fundamentar
la anterior premisa podemos remontarnos al gobierno de Bautista Saavedra
(1920-1924), mal llamado el redentor de las clases populares, el que tenía
ascendencia entre algunos sectores indígenas (de tierras altas) por su
condición de terrateniente. Su influencia en Omasuyos y específicamente en
Achacachi, era canalizada a través de los terratenientes del sector, los Imaña,
quienes garantizaban el traslado a La Paz de indígenas a las concentraciones
partidarias del partido de gobierno (Partido Republicano), remitiendo mensajes
vía telegráfica que decían: “Enviamos 500 ovejas”.
Ahora el gobierno del Movimiento al Socialismo
(MAS) traslada contingentes de “hermanos” de los llamados movimientos sociales,
algunos autodenominados “ponchos rojos”, a las concentraciones de apoyo al
régimen, los que apenas llegan tratan de firmar los libros de control o recibir
la ficha de asistencia para regresar lo más pronto posible a sus lugares de
origen. En ambos casos los precios de esas movilizaciones quedan en el
misterio: ¿De dónde sale el dinero para el transporte, alimentación y
alojamiento?
Las permanentes sublevaciones indígenas contra los
patrones que generalmente eran aplacadas con la represión de fuerzas policiales
y militares, fueron durante el período llamado Sexenio (1946-1952), acciones de
masas que contribuyeron al desencadenamiento de la revolución de 1952. Sin
embargo, tras el triunfo del 12 de abril, las sublevaciones continuaron tanto
en el altiplano como en el valle cochabambino.
La alianza entre mineros, fabriles y campesinos que
tomaron las minas para que sean expropiadas por el Estado con los peones
indígenas de las haciendas agrícolas que propugnaban “la tierra para quien la
trabaja” quedó fracturada tras la nacionalización de las minas, el 31 de
octubre de 1952; sin embargo, la ocupación de fincas (haciendas) continuó, sobre
todo en Cochabamba se formaron regiones autónomas con liderazgos de indígenas
locales. Pero, después de la ley de Reforma Agraria, el 2 de agosto de 1953,
varios dirigentes de los sindicatos agrarios que tenían militancia en el
Partido Obrero Revolucionario (POR) fueron “ablandados” bajo métodos represivos
o mediante prebendas, de modo que en los siguientes meses todos ellos militaban
“voluntariamente” u obligados en el partido de gobierno, el Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR).
El MAS, ahora, utiliza el mismo método, de acuerdo
a denuncias de dirigentes que no se han dejado “billetear”, los que aseguran
que algunos indígenas que se prestaron a crear organizaciones paralelas
recibieron dinero u otros beneficios por su adhesión al gobierno.
Paralelismo y usurpación
El Gobierno no va a lograr consolidar el
paralelismo en organizaciones sociales impulsado y financiado por Evo Morales y
su gobierno, dijeron varios dirigentes del TIPNIS; pero lo paradójico es que la
suplantación de roles, el paralelismo, está en el mismo gobierno, donde
ministros y Presidente usurpan funciones, acción penada por ley. Veamos: el
Ministro de Gobierno firmó un acuerdo con los salubristas, en lugar de que lo
haga el Ministro de Salud; el Ministro de Trabajo suscribió acuerdo con los
comunarios de Mallku Khota, en lugar del Ministro de Minería; el Ministro de la
Presidencia presenta a Jerjes Justiniano como nuevo embajador de Bolivia en
Brasil, en lugar de que lo haga el ministro de Relaciones Exteriores; el
Presidente anuncia que una obra citadina de transporte vial, un teleférico, se
hará desde el gobierno central, en lugar de que lo haga la Alcaldía paceña y al
disputarle esa obra quizá crea que así recuperará el apoyo paceño. Y, para
colmo, los detalles de esa obra son explicados por la Ministra de Desarrollo
Productivo y el Ministro de Defensa, en lugar de que lo haga el Ministro de
Obras Públicas; el Canciller hace predicciones anunciando el fin de la Coca
Cola y su reemplazo por el mokochinchi, en lugar que lo haga algún adivino y
astrólogo.
No podemos entender (como repite continuamente el
Presidente), por qué los gobernantes no leyeron y/o no comprendieron el Decreto
Supremo de la Organización del Órgano Ejecutivo en el que están definidas las
atribuciones de los gobernantes, ¿o se habrá aprobado un secreto supremo
reservado que les autoriza usurpar funciones?
Dinero nuestro utilizan para dividir
Algunos dirigentes, afines al gobierno, de la
Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPECS) dirigidos por Rosendo
Alpire, para convocar a un Consejo Consultivo de la CIDOB en el que se
generaron las condiciones para desconocer a los dirigentes elegidos por las
bases, presupuestaron 34 mil bolivianos, los que fueron financiados por alguna
dependencia del Estado, con dinero nuestro. Luego se convocó una Asamblea la
GAMPI para crear la CIDOB paralela.
Similar situación sucedió en el CONAMAQ, según
denuncias de Félix Becerra y otros legítimos dirigentes: Renán Paco Granier,
Plácido Suntura, Gregorio Choque, Félix Lira Condori y otros allegados del gobierno
recibieron dinero para reunir un organismo similar al Consejo Consultivo de la
CIDOB, allí resultó elegido Carmelo Titirico, funcionario de YPFB, que fue
posesionado por Álvaro García Linera como nuevo dirigente de la CONAMAQ, el que
con su gente intentó tomar dos veces la sede, la primera cuando la IX marcha
del TIPNIS estaba en Pongo y, la segunda, cuando estaban en la vigilia.
Las maniobras divisionistas del gobierno como otras
acciones tienen un solo fin: controlar a los dirigentes con prebendas con la
perspectiva de que sus bases se constituyan en voto favorable al MAS el 2014.
Descalificaciones
Ya no sorprenden mucho las declaraciones de los
jerarcas que descalifican a cualquier dirigente que se atreve a criticar las
incongruencias gubernamentales, como ha sucedida hace días en Tarija, lugar en
el que el presidente Juan Evo Morales compartía un acto oficial con Jaime Paz
Zamora (MIR), mientras el Vicepresidente, el mismo día, calificaba al MIR y a
Paz Zamora de pandilleros: “Una pandilla de ladrones la entregaron a las
empresas extranjeras. Una pandilla que tiene nombre y apellido (como Gonzalo)
Sánchez de Lozada, (Samuel) Doria Medina, Jaime Paz Zamora, Víctor Paz
Estensoro y Manfred Reyes Villa”, dijo García Linera.
De igual forma los gobernantes echan en cara el
tremendo error del máximo dirigente de la CIDOB de haber hecho pacto con el
Gobernador de Santa Cruz, pero creen que nosotros hemos olvidado que en las
filas gubernamentales están cobijados prominentes pandilleros que apalearon a
los indígenas entre el 2006 al 2009, hasta meses antes de que se iniciara la
campaña para la reelección de Morales. Parece también que olvidaron que el
Gobernador de Pando fue militante del MIR y la alcaldesa de Cobija del MNR.
Los sucesos referidos ayudan a que el pueblo se dé
cuenta de que los gobernantes son impostores, de que los discursos de éstos no
iban a ser cumplidos y de que lo que dicen ahora raya en la incongruencia.
Posiblemente algún psiquiatra nos ayude a entender el comportamiento que
tienen. Lo cierto es que sus acciones obedecen a la defensa de intereses
ligados especialmente a la mediana propiedad, con importantes alianzas con
empresarios grandes. Y, por otro lado, la utilización de cualquier recurso para
que Morales Ayma sea reelegido por segunda vez consecutiva.
Es necesario investigar toda la gestión de Carlos Villegas al frente
de YPFB
Cochabamba, 13 de julio de 2012
Acaba de salir a la luz un nuevo hecho de
corrupción en YPFB Corporación. Los primeros indicios dan a entender que las
empresas que se adjudicaron la construcción de las plantas de separación de
líquidos en Río Grande y el Chaco, corrompieron y sobornaron a los responsables
del proceso de contratación, o fueron extorsionadas y se vieron obligadas a
pagar una “comisión” a dichos responsables con el fin de adjudicarse los
contratos de construcción. Los indicios también permiten conjeturar que las
personas implicadas no son las únicas que tramaron y/o participaron en esta
corruptela, por el contrario, para que la misma se haya efectivizado con
seguridad se requirió del concurso de más personeros de YPFB, posiblemente del
nivel superior a los actualmente implicados.
El grado de inmundicia se evidencia cuando se
comprueba que los que fueran altos ejecutivos de YPFB Corporación respetan
fielmente los códigos del hampa, no otra cosa significa que Gerson Richard Rojas
Terán, ex Gerente Nacional de Plantas Separadoras de Líquidos y principal
involucrado hasta ahora, se acoja al derecho de guardar silencio; al igual que
Enrique Aruquipa, Director Nacional Administrativo de YPFB, que no está
imputado aún, pero prefiere callar. La inmundicia también se hace patente
cuando se ve que, al mejor estilo de las mafias, se amenaza de muerte a Agustín
Javier Ugarte Méndez y su familia, quien fuera miembro de la Comisión
Calificadora para adjudicar los contratos y, al parecer, el único de los
implicados dispuesto a confesar.
Si enmarcamos este hecho de corrupción en la
gestión global de YPFB Corporación y las principales decisiones asumidas por
sus ejecutivos, surgen algunas interrogantes que me permito compartir con usted
amiga lectora y amigo lector.
El pasado mes de mayo, en un artículo publicado
en este mismo medio de comunicación, hacía notar que el Decreto Supremo 1202
que otorga un incentivo de 30 dólares a cada barril de petróleo producido en el
país, adolecía de al menos dos errores: El primero, que se otorga el
“incentivo” al petróleo que actualmente se produce sin necesidad de pago extra,
y no, como se hace en la Argentina, a la producción efectivamente nueva; error
que va a significar un gasto estatal de más de 50 millones de dólares por año,
que irán a parar a las arcas de las empresas petroleras, sin que éstas hayan
aumentado un solo barril a su actual producción de petróleo en el país. El
segundo, que en dicho decreto se reconocía como petróleo al hidrocarburo líquido
que tiene hasta 55° API de densidad, cuando internacionalmente se reconoce como
petróleo sólo a los líquidos que están por debajo de los 50° API; al mismo
tiempo cuestionaba por qué no se otorgó el incentivo sólo al petróleo de mejor
calidad, es decir, al que está por debajo de los 42° API.
En ese artículo también decía: “me resisto a
creer que los desaciertos enumerados sean circunstanciales o puedan ser
atribuidos a la supuesta incompetencia de los actuales ejecutivos de YPFB
Corporación, lo acontecido no tiene nada que ver con fatales casualidades o
falta de capacidades, por el contrario, es una decisión consciente,
“estudiada”, que señala otro de los elementos de la completa abdicación de la
ya tímida nacionalización de hidrocarburos ante el capital transnacional”. Pero
ahora, a la luz del nuevo caso de corrupción y la forma de actuar de los
implicados, me pregunto si para esa abdicación no habrá mediado alguna
“comisión”.
En abril de 2011 una vez que se confirmó la
reducción de las reservas de gas y Carlos Villegas había atribuido el hecho,
entre otros factores, a la manipulación financiera que efectuaron las empresas,
sostenía que “La novedad de toda esta situación no está en confirmar, una vez
más, que los datos en el sector petrolero transnacional son manipulados…
Tampoco es novedoso que el sujeto pasivo de esta manipulación, la víctima, sea
un Estado como el boliviano, no, la novedad está en que la víctima y las
autoridades llamada a defenderla no asuman ninguna medida legal, ni económica a
fin de resarcir los daños que la inflación de reservas y la manipulación
financiera ha ocasionado”. Y luego acotaba: “Pienso que el Estado boliviano no
está exento de instrumentos que le permitan esclarecer lo sucedido, identificar
claramente a los responsables y establecer responsabilidades; mas lo que le
está faltando es la decisión política para hacerlo.” Ahora, visto que no hay
ninguna investigación ni responsable del dolo cometido contra el Estado, me
pregunto si esa falta de decisión política fue gratuita.
La ministra Amanda Dávila, en un claro respaldo a
Carlos Villegas y su gestión al frente de YPFB Corporación, ha dicho que “el
presidente de YPFB es una persona absolutamente honesta que tiene toda la
confianza del Presidente Evo Morales”. Personalmente no tengo ninguna evidencia
para cuestionar la honestidad de Carlos Villegas y tampoco la del personal
ejecutivo que lo acompaña; pero, que esta corruptela ocurriera, como
popularmente se dice, “debajo de sus narices” me da base para dudar, al menos,
de su idoneidad para la gestión y el control administrativo que ejecutan en
YPFB.
Por este motivo y a pesar de las certezas de la
ministra Dávila, creo que es necesario investigar, revisar y auditar toda la
gestión de Carlos Villegas. Aunque no sería nada extraño encontrar más grupos
criminales medrando de la institución sin que su presidente sospeche siquiera
de la existencia de los mismos, no es mi intención criminalizar a los actuales
gestores de YPFB, por el contrario, pienso que la relevancia de una
investigación a profundidad y de amplio alcance sentaría las bases para que
sean los mecanismos de gestión y control, y no la voluntad de las personas, los
que garanticen la construcción de una empresa estatal del petróleo realmente
honesta y transparente.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su
libertad para publicarlo en otras fuentes.
Los dos extremos
de la cuerda del poder
El que cree que es rico y
el que cree que es pobre
En Bolivia las luchas que hace 12 años parecían
conducir a una transformación estructural y llenaban una sola agenda donde
todos los sectores registraban sus propósitos explícitos o abstractos, hoy
dividen a los luchadores. Nadie negará que esa agenda boliviana se fue
volviendo internacional y hubo más de una organización social o persona de
otros países que también escribió sus propias esperanzas o fijó sus
expectativas cuando el panorama global es de profundas crisis de liderazgos,
ideas y paradigmas.
Acabamos de salir de un Río + 20 infértil que
solamente consolidó nuevos productos para el mercado como los servicios
ambientales de la naturaleza, comprendiendo una vez más que ella está al
servicio de la economía capitalista y los gobiernos de los países pobres reafirmaron
al mismo tiempo tanto su título de pobreza como su condición de propietarios de
gigantes porciones de esa naturaleza servicial, de la cual ni siquiera
controlan los precios en un mercado libreofertero, sino que dejan que se los
impongan desde la demanda primermundista y seguramente continuarán haciendo el
nuevo negocio con las viejas deudas públicas, es decir, sin recibir nada a
cambio.
La versión No. 20 de las discusiones sobre
desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, recibió a una Bolivia apagada y
sin la revolución prometida. El documento final fue firmado por consenso y a
ningún gobierno le preocupará si entiende o no los conceptos de soberanía
alimentaria, prohibición de la venta de bonos del carbono o transferencia de
tecnología1,
porque estas cosas las decide el empresariado transnacional, del cual los
gobiernos más poderosos apenas llegan a simples accionistas.
Por su parte la división del mundo hace tiempo dejó
de ser izquierda y derecha (términos que han pasado a ser piezas
políticomercantiles nada más) para convertirse en urbana y rural o también
empresario e indígena o poseedor del capital y poseedor de la naturaleza2. En
cualquiera de los casos los gobiernos resultan ser simples intermediarios
desprovistos de política propia, improvisando y adaptando mecanismos que anoten
puntos a su favor para calificar a veces ante la sociedad y siempre ante el
primer mundo.
En este contexto la pobreza como tal solamente es
un paquete de elementos que se van convirtiendo en bonos comercializables en
una economía ficticia cuya ganancia son las cuotas de poder que después se
juegan más allá en las guerras.
Así un país no puede ser pobre cuando posee tierra,
agua, selva, fósiles y minerales; sin embargo todos estamos convencidos de que
lo es. El Presidente Evo Morales tuvo muchos momentos de lucidez cuando
discursaba reclamando compensación para los países del tercer mundo porque son
los que poseen vida para el planeta y sufren saqueo permanente por los
distintos tipos de colonización. Sin embargo él mismo continúa aplicando en el
país formas de colonización que solamente pueden ser comprendidas como fruto de
fuertes presiones económicas que tienen como base la intervención en zonas
estratégicas con carreteras para hacer posible la minería, la perforación
petrolera, la hidroelectricidad o el control de la biodiversidad.
Mientras tanto en la ciudad de La Paz3, los
citadinos que no sabemos nada de relacionarnos con la tierra o el árbol y
seguimos creyendo que solo el desarrollo de libre mercado nos hará felices, nos
ahogamos en falsos debates sobre si debe hacerse una carretera o no por el
Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), cuando en
realidad es un tiempo perdido que deberíamos estar utilizando para entender por
qué el gobierno insiste en construir una carretera en el corazón de Bolivia que
es el corazón del continente y cuya existencia perjudica la expansión económica
del Brasil mediante sus exportaciones, importaciones y otras relaciones con el
Asia.
En este falso debate estamos ejecutando
obedientemente el papel de ejército defensor del capitalismo que nos ha
despojado de nuestra condición de personas para convertirnos en consumidores o
clientes más firmes que soldaditos. Por su parte los indígenas del TIPNIS
intentan hacernos entender con su lenguaje de caminar por meses subiendo desde
los 200 hasta los 3800 metros sobre el nivel del mar y llegar a ocupar la
ciudad con un campamento de familias en plena puerta de la Vicepresidencia y el
Banco Central, que si destruimos su espacio de vida con una carretera4,
destruimos también nuestra vida, porque ellos ya lo han experimentado y ahora
quieren remediarlo porque están a tiempo todavía.
Por su parte el gobierno también ha conformado su
propio ejército cuyos integrantes son campesinos originarios y migrantes, unos
defienden al gobierno porque lleva su sangre en la silla presidencial por
primera vez y otros lo hacen porque asumen que les garantiza la ampliación de
sus cultivos de coca en la selva del TIPNIS, una actividad que les conviene a
tal punto económicamente, que hasta ahora ningún programa agropecuario
alternativo gubernamental en los últimos 30 años (financiado por Estados Unidos
o Europa), ha logrado sustituir.
Este ejército ha demostrado estar dispuesto a salir
a las calles a pelear por el gobierno, enfrentándose a la misma población que
antes lo apoyaba y también a las familias indígenas tipnisianas. Pero hasta
ahora no han comprendido que la verdadera batalla es contra intereses privados
de transnacionales que los aplastarán si así lo deciden por más que defiendan a
poncho y chicote la consigna de carretera desarrollera por el medio del TIPNIS.
Así la división interna en Bolivia está entre campesinos versus indígenas y
también citadinos que apoyan a los marchistas del TIPNIS y los que apoyan la
construcción de la carretera.
Este mapa social de contradicciones e intercambios
de frentes de batalla ya tiene a sus ganadores que son los indígenas del
TIPNIS, porque Brasil ha suspendido el financiamiento para construir la
carretera hasta que el gobierno boliviano haga cumplir la ley a través de una
consulta, como lo indica el convenio 169 de la OIT. Pero el gobierno no desea
declararse perdedor si bien es claro que ha perdido en la evaluación final en
todas las movilizaciones sociales que se le han enfrentado. Al final el mensaje
central de la marcha de los indígenas del TIPNIS resulta siendo quién es
pobre aquí, el que se rinde al mejor postor transnacional o el que
consolida su calidad de propietario de un territorio para vivir como decida.
Así, mientras las Naciones Unidas remercantilizan
el planeta con un desarrollo sostenible inmaterial, débiles pueblos indígenas
están delimitando poderes en las zonas de recursos estratégicos con la bandera
de la vida que, aunque para muchos sea un pobre símbolo discursivo, está
derrotando de manera clara, objetiva y sin armas de fuego, construyendo un
nuevo poder que surge desde esa supuesta pobreza.
Muchos intentan explicar lo que está pasando con
fragmentos de revoluciones pasadas, pero lo cierto es que una buena parte de la
historia está estrenando escribientes y también páginas.
Notas:
2 Hay varias formas para distinguir
la actual división del mundo que podrían tratarse en otro momento como
consumidores y proveedores, etc.
3 Así como en muchas otras
del continente que están recibiendo marchas de indígenas y campesinos que
reclaman por sus espacios de vida, sus derechos humanos, el agua, el árbol y la
tierra que como lo dicen ellos mismos, son para todos no solo para ellos.
4 Ellos también pensaban
que una carretera les conduciría al desarrollo, pero las carreteras que tienen
hasta ahora solo les han conducido al tráfico y a la invasión y el hecho de
haber sido ellos mismos parte del tráfico y la ampliación de frontera agrícola
en la selva, les ha convencido de que la carretera no es desarrollo sino
destrucción.
Katherine Fernández. Asociación Inti Illimani,
energía solar para la alimentación. La Paz-Bolivia
Rebelión
ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia
de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en
otras fuentes.
tipnis
Cejis, 16 de julio,
2012.- Compartimos la correspondencia entre Alejandro Almaraz, abogado y ex
viceministro de Tierras, con Bartolomé Clavero, jurista e historiador español y
actual Catedrático de la Universidad de Sevilla, acerca de la Sentencia
Constitucional de las últimas leyes relativas al Territorio Indígena Parque
Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Ley Nº 180 de protección al TIPNIS, Ley Nº
222 de consulta, y respecto al sujeto colectivo titular de los derechos a la autonomía
y a la consulta en dicho territorio.
Carta de Alejandro Almaraz
Estimado Bartolomé:
Durante los últimos
meses, he seguido con mucha atención e interés tus opiniones respecto a la
controvertida consulta a las comunidades indígenas del TIPNIS, particularmente
las que has expresado en tus artículos, pues, como muchos por aquí, valoro en
alto grado tu capacidad como jurista ocupado de los derechos indígenas.
Quiero comentarte
primero, que considero, en general, muy razonables y enriquecedores los análisis
y valoraciones que has expresado sobre la sentencia emitida por el Tribunal
Constitucional en relación a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos
contra las leyes 180 y 222. Coincido contigo en que la sentencia, y más aún el
respectivo voto disidente, no constitucionalizan ni brindan respaldo al
procedimiento fraudulento con que el Gobierno de Evo Morales pretende ejecutar
la consulta. Es cierto que en alguna medida, difícil de precisar a la luz del
convulso contexto social, la sentencia favorece el encausamiento del conflicto
en el marco constitucional y, consiguientemente, respalda algunos de los
derechos constitucionales que han venido siendo implacablemente avasallados por
los actos del Gobierno.
Todo lo anterior, no
obstante, queda oscurecido y debilitado, en importante grado, por las
incoherencias, inconsistencias y omisiones de la misma sentencia que tú también
mencionas. Es este el caso, central en el razonamiento de la sentencia, de la
forzada, extraña e infundada declaratoria de constitucionalidad condicional de
la Ley 222, con la que se ha querido, como bien lo haces notar, evitarle
contrariedades al Gobierno. Son estas mismas debilidades las que dificultan su
necesaria aceptación social y su sana aplicación en la perspectiva de resolver
el conflicto sobre la base del respeto a los derechos constitucionales
indígenas. Así, al ser aprovechadas por el Gobierno para continuar eludiendo
sus obligaciones y violando la Constitución, motivan el rechazo de la
movilización indígena.
La más sensible de las
omisiones en las que incurre la sentencia es no precisar cuál es exactamente la
población y organización indígena titular del derecho a la consulta en el
específico caso presente. A partir de ello, el Gobierno se ha sentido
autorizado para continuar consumando su proyecto fraudulento, dando por
cumplida la concertación exigida, con los oscuros e ilegítimos acuerdos que
viene celebrando con personas y grupos que carecen de la representatividad
necesaria, como las organizaciones paralelas creadas por su propia acción
divisionista y prebendal, o, peor aún, con organizaciones cuyos integrantes
carecen de cualquier derecho al interior del territorio indígena afectado, como
los miembros de CONISUR. Es precisamente en este delicado tema que he advertido
con gran preocupación, dada la apreciada referencia que para muchos suponen tus
opiniones, que, en tu artículo titulado “Quién es indígena del TIPNIS”, caes en
un importante error: el de considerar que los indígenas asentados en el
Polígono 7 y agrupados en CONISUR podrían o deberían ser incluidos en la
consulta. Tengo la impresión de que tu equívoco obedece al desconocimiento de
ciertos datos fundamentales del proceso agrario que produjo la titulación del
territorio indígena TIPNIS, con la consiguiente formalización legal definitiva
del derecho de propiedad comunitaria sobre el mismo. Por eso, con el más
respetuoso ánimo constructivo, me permito transmitirte algunos comentarios
respecto a esos datos y sus efectos en la actual controversia sobre la consulta.
La base del fraude
montado por el Gobierno, para imponer sobre las comunidades indígenas del
TIPNIS la construcción de la mentada carretera, es la manipulación jurídica y
política de la doble condición de territorio indígena y área protegida. Es de
esta manera que, en el objeto de la Ley 222, se mezcla arbitraria y
malintencionadamente asuntos muy diferentes que bajo el mínimo rigor jurídico y
el más elemental sentido común no podrían ser objeto de la misma consulta; como
el régimen protectivo de manejo que supone la intangibilidad, que afectaría a
la totalidad del área protegida; las expectativas generales de desarrollo, que
no ameritan el procedimiento específico de la consulta; y la construcción de la
carretera, que afecta solamente al territorio indígena titulado como TCO, en
tanto el Polígono 7, que es el área del parque que no compone el territorio
indígena ni está comprendido en la TCO, tiene amplios caminos empedrados y
ninguna oposición a que se mejoren.
Desembozando el fraude
expresado en el objeto de la consulta, en el protocolo, liberándose ya de todo
disimulo, se establece, en síntesis, que la consulta definirá como será la
“carretera ecológica”. Es también así que la imprecisa definición de los
destinatarios de la consulta, contenida en la misma ley, es resuelta por el
respectivo protocolo, estableciendo la suplantación y el fraude, al pretender
que sean consultados y decidan quiénes no tienen derecho alguno sobre el
territorio indígena TIPNIS y, por lo tanto, no sufrirían pérdida alguna en el caso
en que la carretera, o cualquier otra causa, afecten o destruyan ese patrimonio
que les es absolutamente ajeno, pero que, en cambio, son los potenciales
usufructuarios de los graves impactos socioambientales de la carretera.
El territorio indígena
TIPNIS, de acuerdo con el sentido que le otorgan sus habitantes y propietarios,
las disposiciones de la CPE y las leyes bolivianas, y el concreto acto legal de
su titulación como TCO por parte de las autoridades competentes y en
cumplimiento estricto de los procedimientos legales respectivos, es el
patrimonio comunitario del conjunto de comunidades indígenas que lo demandaron
y que se consignan con precisión en el respectivo proceso agrario en calidad de
titulares de la TCO titulada. La ley agraria boliviana, en plena sujeción al
régimen agrario e indígena de la CPE, define las TCO en correspondencia
conceptual con el territorio indígena preceptuado en el Convenio 169 de la OIT.
Sobre esa base
conceptual, las caracteriza como la propiedad colectiva que los pueblos y
comunidades indígenas ejercen sobre los espacios geográficos que constituyen su
hábitat, a los cuales han tenido tradicionalmente acceso y donde mantienen y
desarrollan sus propias formas de organización social y cultural. Con el
propósito de brindar la especial protección jurídica que amerita su función
legalmente establecida, de asegurar la supervivencia y desarrollo de los
pueblos indígenas, la misma ley establece su carácter colectivo, indivisible,
inembargable e imprescriptible. Como todo bien inmueble objeto de un derecho
patrimonial, las TCO tienen una materialidad determinada y una precisa posición
y extensión geográfica, así como una singular persona jurídica, compuesta por
personas naturales con nombre y apellido, titular del respectivo derecho de
propiedad comunitaria.
En el caso que nos
ocupa, ese bien inmueble objeto del derecho de propiedad comunitaria perfecta y
definitivamente otorgado por el Estado boliviano, es la TCO TIPNIS con sus
1.000.090.000 has. situadas entre los ríos Isiboro, Sécure y la cordillera de
Mosetenes, y la persona jurídica titular de ese derecho propietario perfecto y
definitivo es el conjunto de comunidades indígenas identificadas con absoluta
precisión en los actuados pertinentes del proceso agrario respectivo, y que están
legalmente representadas, según se acredita en el mismo proceso y en el título
ejecutorial, por la Subcentral del TIPNIS.
La carretera Villa
Tunari-San Ignacio de Moxos que el Gobierno se empeña en construir, y que
pretende viabilizar legalmente con la consulta fraudulenta prevista en la Ley
222, afectará, probablemente con la mayor gravedad, a ese territorio indígena
TIPNIS que, como acabo de mostrarte, es el patrimonio colectivo de determinadas
comunidades legalmente representadas por la Subcentral TIPNIS. Si los impactos
socio-ambientales negativos de la carretera se producen, serán esas
comunidades, y no otras personas por muy vecinas o indígenas que sean, las que
sufran el daño o la destrucción de su patrimonio. Es esta, en substancia, la
clara y legítima razón para restringir la posible consulta, si se la quiere
ceñir al marco constitucional, a las comunidades propietarias de la TCO y
excluir de ella a las comunidades ajenas agrupadas en CONISUR.
Leyendo tu mencionado
artículo, se podría tener la equivocada idea de que en el mismo y “entero”
territorio indígena TIPNIS, existen unas comunidades tradicionales que
mantienen su sistema territorial comunitario, y otras que habrían “abandonado
su régimen de comunidad territorial por el de propiedad privada”, y que siendo
unas y otras igualmente parte del territorio, se quisiera excluir injustamente
a las segundas. Esto no es así. Las comunidades de CONISUR que, en efecto, han
abandonado la apropiación comunitaria de la tierra, como formal consecuencia de
ello, han hecho legal y expresa renuncia, durante el respectivo proceso agrario
de saneamiento y titulación, a ser parte del territorio indígena TIPNIS
titulado como TCO. No son parte de la persona jurídica titular del respectivo
derecho de propiedad comunitaria, y sus tierras, que también les han sido
tituladas en el mismo proceso, de modo individual en casi todos los casos, han
quedado fuera del perímetro de la TCO. Están dentro del área protegida, solo
formalmente, pero real, formal y absolutamente fuera del territorio. Por eso es
más preciso considerarlos como colindantes que como terceros de la TCO. Y esta
incuestionable realidad geográfica, social y jurídica, es producto, no como
dices en tu artículo, de que “el INRA tiene dictaminado que solo las (comunidades)
que mantienen el régimen comunitario son titulares de la TCO”. No es así, no se
trata de ningún “dictamen” del INRA, sino de un título ejecutorial perfecto y
definitivo que causa estado de acuerdo a la constitución y las leyes, y que ha
sido otorgado, según el procedimiento de ley, por el Presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia en su calidad de Presidente del Servicio Nacional de
Reforma Agraria. La única forma legal de alterar la propiedad comunitaria
reconocida con dicho título ejecutorial sería un proceso de nulidad tramitado
ante el Tribunal Agroambiental, cosa impensable en términos reales por que,
hasta ahora, nadie la ha deseado; los unos están conformes con ser dueños del
territorio, y los otros con serlo individualmente de sus tierras colindantes
con el territorio.
En tu artículo, dices
que este argumento, tomado de un artículo que publiqué en Página Siete, sería
indiscutible “si se hubiera ya formalizado la autonomía constitucional del
TIPNIS mediante la vía de conversión de la TCO en Territorio Indígena
Originario Campesino, excluyéndose el polígono siete”. En esto estás también
absolutamente equivocado. En ningún caso la conversión de TCO a TIOC puede
modificar la superficie de la TCO ni a sus titulares, pues, como te lo he
mencionado, tanto el objeto como el sujeto de la propiedad agraria comunitaria
e indígena se determinan en un específico, insustituible e irreversible proceso
legal cuyo resultado final, expresado en el respectivo título ejecutorial, es
definitivo y no admite acción ulterior alguna. Salvo la también mencionada
acción de nulidad fundamentada en el fraude en la tramitación del título, lo
que es absolutamente impertinente en el presente caso. Si las comunidades
indígenas del TIPNIS quisieran convertir su TCO en TIOC para constituir su
autonomía indígena, el TIOC TIPNIS no tendría ni un metro más ni menos que la
actual TCO, y no se sumaría ni restaría ni una sola persona a la titularidad
del derecho de propiedad comunitaria persistente sobre él. Así también, aquella
autonomía indígena tendría como únicos sujetos a las solas comunidades de la
actual TCO y el convertido TIOC. Si el propósito de las comunidades del TIPNIS
fuera el de constituir una autonomía indígena con una jurisdicción territorial
mayor a su TCO, o con una población adicional a la de la misma, tendrían que
emplear otro de los procedimientos constitucionalmente previstos, como el de la
constitución de regiones indígenas, y, en este caso, la autonomía
territorialmente mayor a la TCO no afectaría, ni en lo más mínimo, los derechos
patrimoniales expresados en la propiedad comunitaria de la TCO. En virtud a
ellos, si esa propiedad comunitaria fuera afectada, como ahora, con la
construcción de una carretera o con cualquier otro proyecto, seguiría
correspondiendo realizar la consulta previa, informada, libre y de buena fe a
las comunidades dueñas de la misma, y no a otras personas, así sean indígenas y
así estén incluidas en el ámbito de la misma autonomía indígena. Es básicamente
lo que ocurre si el Estado ejecuta una obra que destruye una vivienda
particular. Debe negociar con el propietario y, eventualmente, con el
usufructuario de la vivienda, y no con los vecinos que no son afectados o con
otras personas por el solo hecho de tener la misma identidad étnica del afectado
o vivir en el mismo municipio, región o departamento. Creo que tienes mucha
razón al sostener, como lo hiciste con muchísima claridad en tu exposición en
Trinidad, que el derecho a la consulta expresa parcialmente el derecho a la
autodeterminación negado en su plenitud por los estados. Pero eso no supone que
esa consulta deba necesariamente derivar o enmarcarse en las entidades
políticas autonómicas, o que tenga en ellas su mejor conducto. En casos como el
del TIPNIS, la consulta debe basarse en los derechos territoriales
patrimoniales constituidos, pues es son ellos los afectados por el proyecto en
cuestión y es a ellos que debe reconocerse y protegerse.
Por otra parte, es
también necesario mencionarte que la conversión de TCO en TIOC es un procedimiento
voluntario, previsto en la CPE, con dudosa pertinencia, para la constitución de
autonomías indígenas de base territorial. Al margen de ello, puede tener el
interés simbólico de llamar a las TCO con el nombre con el que fueron
reivindicadas y que en justicia les corresponde, pero que los gobiernos del
pasado se negaron a aceptar: territorio. Dado este carácter voluntario y
absolutamente carente de efectos en el ámbito de los derechos patrimoniales, es
altamente probable que, en muchísimo tiempo (o nunca jamás), muchas de las más
de 250 TCO tituladas y en proceso de titularse no se conviertan a TIOC, pues en
muchos de estos casos, el empleo de las otras vías constitucionalmente
señaladas para constituir las autonomías indígenas puede resultar más adecuado
a sus estrategias político-territoriales. No por eso tendrían que sufrir algún
tipo de merma, suspensión, provisionalidad o cosa parecida en los derechos
comunitarios que expresan esas TCO. En otros términos, salvo el referido
procedimiento de constitución autonómica, las TCO no tienen necesidad alguna de
“constitucionalizarse”. Ya la anterior CPE reconocía los derechos territoriales
indígenas que expresan, y la actual ha ampliado y profundizado ese
reconocimiento, sin establecer la necesidad de procedimiento alguno de
“constitucionalización” y, menos aún, sin sugerir siquiera, de modo alguno, que
los derechos comunitarios de propiedad de la tierra y aprovechamiento de los
recursos naturales contenidos en las TCO queden en algún tipo de
provisionalidad, o puedan sufrir alguna modificación posterior a su definitiva
formalización con el respectivo título ejecutorial. Pero, además, comprenderás
que no podría haber nada más nefasto que eso para los pueblos indígenas de
Bolivia y para el país todo. Que las TCO que son el resultado de varias décadas
de las más intensas luchas indígenas y campesinas, con su costo de sangre,
muerte y otros muchos sacrificios, ahora resulte que son provisionales o puedan
modificarse, o tengan que seguir algún nuevo trámite de “constitucionalización”
para tener pleno y definitivo valor legal, es lo último que aceptarían los
pueblos indígenas y una buena parte de la sociedad boliviana. Respondiendo a
una duda tuya que acabo de leer en tu blog, te diré que las TCO no son iguales
a pueblos indígenas, sino a territorios indígenas que, como tu bien sabes,
significan pueblos indígenas determinados, o parte de ellos, en interacción
integral y vital con la naturaleza que compone su hábitat.
Por último, debo también
expresarte mi desacuerdo con tu afirmación de que “los derechos de los pueblos
indígenas son derechos de los pueblos indígenas, de todos y en su integridad,
no tan solo de algunos o de alguna parte de los mismos”, contextualizada, como
lo está, en argüir la pertinencia de extender la consulta a los indígenas del
CONISUR. Está muy claro que todos los pueblos indígenas del mundo tienen o
deben tener los mismos derechos abstractos. Pero lo está igualmente que la
expresión concreta de esos derechos será diferente en cada uno de esos pueblos.
Es decir, no se trata de promover el idioma aimara entre los mapuches, o
titular el territorio Araona de la Amazonía boliviana en favor de los chorotes
del chaco argentino, o elegir diputados wambisas para la Asamblea Legislativa
boliviana, o consultarles a los qom paraguayos sobre las operaciones mineras en
Puno.
Cada pueblo indígena
tiene una población, una cultura, una estructura social, unos bienes, unas
expectativas y un territorio propios, singulares y únicos, que los estados y
las sociedades deben respetar y proteger mediante la vigencia concreta de los
derechos indígenas preceptuados en sentido abstracto, como lo están en los
instrumentos legales. Por eso mismo es inaceptable que la posible destrucción
del territorio indígena TIPNIS se les consulte por igual a las comunidades que
son sus legales y definitivas propietarias, y a los indígenas asentados en la
colindancia, que no tienen ni tendrán, porque no quisieron, absolutamente
ningún derecho patrimonial sobre el mismo. Si la preocupación, plenamente
comprensible y respetable, es el derecho a la consulta de los indígenas del
CONISUR, en teoría correspondería consultarles por separado, como están
claramente separadas sus tierras respecto del territorio TIPNIS, si quieren que
la carretera atraviese por ellas. Pero dicha consulta carecería de todo sentido
práctico, porque, como lo he mencionado, en el Polígono siete ya existen
amplios caminos empedrados, y nadie se opone a que los pavimenten y mejoren.
Pero para el Gobierno no se trata de eso, ni de conocer efectivamente la
voluntad indígena del TIPNIS sobre el proyecto carretero, ni de honrar los
derechos constitucionales indígenas. Se trata simplemente de contraponer las
comunidades del CONISUR, con cuyo apoyo a la carretera se cuenta de antemano dados
los intereses compartidos con la colonización cocalera, a las comunidades del
territorio indígena, para así aparentar un consentimiento indígena que no
existe ni existirá en la realidad y en el territorio. Es decir, se trata de la
más pérfida y concentrada mala fe.
Estimado Bartolomé,
espero no haberte importunado con estos largos comentarios y desacuerdos. Si
así fuera, te pido disculpas de antemano. Como te he dicho, si me he permitido
escribirte esta larga carta, es por el aprecio que me merecen tu trayectoria y
tu opinión. Por eso mismo, tendré mucho interés en conocer tu reacción a la
presente.
Te saludo
fraternalmente.
Alejandro Almaraz.
Respuesta de Bartolomé Clavero
Estimadísimo Alejandro,
el aprecio es mutuo y también desequilibrado por ser el mío más debido. Sobre
estos asuntos tu legitimidad, tu compromiso y tu experiencia son superiores,
por lo que ante todo te agradezco el tiempo y el trabajo dedicados a discutir
mis posiciones en términos además que ayudan indudablemente al esclarecimiento de
extremos claves sobre los que tenemos desacuerdos. No interesan ahora las
opiniones, sino las constataciones o, dicho mejor, éstas han de importar más
que aquellas en esta correspondencia. Sobre una base de acuerdo sustancial
tanto en cuanto a posiciones como a constataciones, estamos debatiendo respecto
al valor de la sentencia constitucional sobre las últimas leyes relativas al
TIPNIS, la ley de intangibilidad, Ley 180, y la ley de consulta, Ley 222, y
respecto al sujeto colectivo titular de los derechos a la autonomía y, en su
caso, a la consulta en dicho territorio. Empezaré por esto.
Hay un equívoco de
entrada. Hay quienes defienden que las comunidades agrupadas en CONISUR y
ubicadas en el Polígono 7 han de ser consultadas respecto al TIPNIS, pero no es
mi caso. De las comunidades indígenas no originarias del TIPNIS y colonizadoras
de tierras escindidas del mismo, comunidades por ejemplo aymaras, no hay
cuestión. No forman parte de los pueblos indígenas del TIPNIS que la sentencia
constitucional identifica como sujetos de la eventual consulta. El problema es
el de las comunidades indígenas originarias del TIPNIS y agrupadas ahora en
CONISUR, comunidades que justamente, tras abandonar el régimen comunitario, han
sido excluidas del título colectivo a la Tierra Comunitaria de Origen o
Territorio Indígena Originario Campesino. Aquí se produce el desacuerdo.
Entiendo que la exclusión no debe extenderse al ejercicio de autonomía y
consulta por los pueblos del TIPNIS mientras que esto no se formalice en términos
constitucionales o sólo en el caso de que tal cosa se haga por los propios
pueblos en el momento de su libre determinación para el establecimiento de una
autonomía conforme a algunas de las alternativas contempladas por la
Constitución. Tú en cambio entiendes que nada de esto es necesario porque el
problema ya está resuelto. No habría razón para distinguir entre titulación
comunitaria e identificación del sujeto político. Todas las comunidades del
CONISUR quedarían irrevocablemente excluidas. La Subcentral TIPNIS, como
titular de la propiedad comunitaria, sería la entidad representativa en
exclusiva de los pueblos indígenas del TIPNIS a todos los efectos, esto es
también a los efectos de ejercicio de derechos políticos que transcienden en
mucho al derecho dominical. En estos términos está la discusión no sólo entre
nosotros, lo que importa menos, sino en el conflicto actual de cara al
planteamiento de consulta en el TIPNIS.
Tu razonamiento,
Alejandro, aprieta la tuerca de la asimilación entre derecho político de
autonomía y derecho dominical sobre el territorio. Permite que te cite: “Es
básicamente lo que ocurre si el Estado ejecuta una obra que destruye una
vivienda particular. Debe negociar con el propietario y, eventualmente, con el
usufructuario de la vivienda, y no con los vecinos que no son afectados o con
otras personas por el solo hecho de tener la misma identidad étnica del
afectado o vivir en el mismo municipio, región o departamento (…). En casos
como el del TIPNIS, la consulta debe basarse en los derechos territoriales
patrimoniales constituidos, pues es son ellos los afectados por el proyecto en
cuestión y es a ellos que debe reconocerse y protegerse”. Con este paso mi
desacuerdo es completo. Se corre el riesgo de que el Estado pueda asumirlo pretendiendo
que, si de garantía de propiedad se trata, cabría aplicar procedimientos de
expropiación forzosa por interés social a tierras indígenas. En todo caso, el
alcance del conflicto se está así reduciendo a afectación de derecho de
propiedad como si no se produjera atentado contra derechos de pueblos
indígenas. ¿Sobre qué base pueden entonces recuperarse los fundamentos
constitucionales e internacionales de la posición indígena? La precipitación de
dar por resuelta la identificación de los pueblos titulares de derechos
haciéndoles equivaler con la asociación de comunidades titulares de propiedad
sobre el territorio puede sumar problemas más que despejarlos. En términos
institucionales, la decisión queda en manos del Instituto Nacional de Reforma
Agraria (gracias por tus precisiones en este punto), lo que me sigue pareciendo
constitucionalmente improcedente. Con todo, la posición indígena, en vez de
fortalecerse, me temo que se debilita al menos en el campo del derecho.
El debilitamiento sigo
entendiendo que básicamente se debe al estancamiento de las previsiones
constitucionales sobre autonomía indígena. El problema no es sólo del TIPNIS
por supuesto. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización, ley de un
espíritu dudosamente plurinacional, no facilita las cosas. Interpone
condicionamientos e incluso impedimentos sensibles al establecimiento de
autonomías indígenas por cualquiera de sus vías. Se comprenden, Alejandro, tus
reservas frente a cualquier forma de “constitucionalización” de la autonomía
del TIPNIS, comenzándose por la autoidentificación de sus pueblos que tú no
crees necesaria. Me constan que son reservas procedentes de medios indígenas,
pero una cosa es comprender y otra justificar. Los pueblos indígenas parece que
se fortalecerían de empoderarse por vías constitucionales pugnando, si es
preciso, con desarrollos sesgados como el de la referida ley de autonomías. Y
hay vías también constitucionales para este pulso, como, precisamente, la de
acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional
o también de acciones constitucionales de amparo ante jurisdicciones más
cercanas, comprendida la propia jurisdicción indígena pese a que esta
posibilidad perfectamente constitucional no se contemple hasta el momento por
la legislación de desarrollo de la Constitución. En lo que tienes razón,
Alejandro, es en que ese término de constitucionalización se presta a
equívocos, como si la misma autonomía indígena, inclusive la jurisdicción,
dependiese de la Constitución, lo que no es por supuesto el caso. Tendríamos
que encontrar otro término o acuñar alguna perífrasis para este reto,
reconociendo siempre que indígena y no nuestra, tampoco de la ciudadanía no
indígena de Bolivia, es la decisión, una decisión que incluye la opción de no
adaptar la autonomía a la Constitución, asumiéndose con ello los riesgos que
están acusándose en el caso TIPNIS.
Llegamos a la sentencia,
sobre la cual estamos bastante de acuerdo, pero no tanto respecto a sus
posibilidades en el contexto presente. La importancia de la sentencia también
se debe a esto, al contexto. Si el desarrollo normativo y político de la
Constitución estuviera respondiendo a su carácter plurinacional, la sentencia
no tendría mayor transcendencia. Si la tiene, y mucha a mi entender, es por el contexto
de una ofensiva contra el Estado Plurinacional por parte del sector político
dominante en la Asamblea y el Gobierno. Lo que en otro caso sería una tímida
confirmación de la plurinacionalidad en la que se sitúan los derechos de los
pueblos indígenas, en ese contexto resulta una firme reivindicación, firme
incluso aunque no declare la inconstitucionalidad de la Ley 222, sino tan sólo
su constitucionalidad condicionada al respeto de los derechos de los pueblos
indígenas, pues los efectos prácticos pueden ser los mismos. A propósito,
Alejandro, eso de la condicionalidad no es algo tan extraño. Las cortes,
tribunales o salas constitucionales a veces recurren a lo que llaman sentencias
interpretativas de leyes, esto es a no declararlas inconstitucionales si se
interpretan y aplican de un modo determinado y no de otro, así
condicionándolas. Es una práctica que responde a determinadas razones y
conductas que están aún por ver si se dan plenamente en el caso del joven
Estado Plurinacional de Bolivia.
La razón principal no se
da en Bolivia. Es la de deferencia de la justicia con la ley por el motivo de
que la segunda y no la primera cuenta con una legitimidad democrática de origen
a través de la elección del órgano legislativo por sufragio universal. El Tribunal
Constitucional Plurinacional resulta que también tiene dicha legitimidad, por
lo que en principio no tendría que mostrar esa deferencia. La razón es
importante, pero no decisiva. En esta fase de rodaje en Bolivia, no es mala
práctica en principio la de que la jurisdicción constitucional se muestre
deferente con la función legislativa. Pero hay más. La práctica jurisdiccional
de la deferencia se basa en la expectativa de la reciprocidad, esto es en el
entendimiento de que las instancias políticas van a guardarla también con la
sentencia, esto es que van a asumirla y cumplirla con diligencia, buena fe y
lealtad constitucional. Es lo que en el caso supondría que los efectos de la
declaración de inconstitucionalidad equivaliesen en la práctica a la estimación
de constitucionalidad condicionada evitándose así la desautorización
jurisdiccional de la función legislativa, lo que vuelvo a decir que no está
fuera de lugar. En el caso, el problema de la buena práctica de la deferencia
interinstitucional comienza aquí en la medida en la que la mayoría de la
Asamblea y el Gobierno no han mostrado ninguna, pretendiendo que la sentencia
les avala. Como está también poniéndose de manifiesto por el desarrollo hasta
el momento de la Constitución, no es el fuerte de Asamblea y de Gobierno la
lealtad constitucional. Conviene añadir que la movilización indígena ha
contribuido de momento al ninguneo de la sentencia al rechazarla de plano. En
este punto, el problema radica en que está dejándose en manos del Gobierno su
interpretación y aplicación, esto es entonces su tergiversación e inaplicación.
Por su parte, el Tribunal Constitucional Plurinacional tendrá que decidir si
hay bases hoy por hoy en Bolivia para el ejercicio de la deferencia. Nuevas
acciones constitucionales habrán de ponerle ante el dilema. La deferencia ha de
merecerse y la actual mayoría de la Asamblea y del actual Gobierno no puede
decirse que se la estén mereciendo. Lo peor que podrá ocurrir es que la
sentencia quede abandonada definitivamente en sus manos.
“Son estas mismas
debilidades [de la sentencia] las que dificultan su necesaria aceptación social
y su sana aplicación en la perspectiva de resolver el conflicto sobre la base
del respeto a los derechos constitucionales indígenas. Así, al ser aprovechadas
por el Gobierno para continuar eludiendo sus obligaciones y violando la
Constitución, motivan el rechazo de la movilización indígena”, dices,
Alejandro. Estoy de acuerdo. He ahí una constatación indiscutible si el
sectarismo no ciega. La constancia es evidente, valgan todas las redundancias.
Pero me inquieta que sigamos confundiendo comprensión con justificación. El
Gobierno continúa eludiendo sus obligaciones y violando la Constitución sin
mayores problemas porque estamos dejando la sentencia en sus manos, porque han
faltado reflejos para enarbolarla como lo que puede ser, como instrumento
reivindicativo de las garantías de los derechos de los pueblos indígenas y de
la integridad de la Constitución del Estado Plurinacional. No dejemos el Estado
en manos del Gobierno.
Muchas gracias de nuevo,
Alejandro, por ofrecerme esta oportunidad de reflexionar. Mis inquietudes son
más que mis certezas. Y soy siempre consciente de que, ni indígena ni
boliviano, mi voz es la última a la hora de la verdad. Valor práctico sólo tiene
el que vuestra interlocución le conceda. Con mis votos más solidarios y mi
abrazo más cordial, Bartolomé.
Desde la emergencia del conflicto
del TIPNIS la Fundación UNIR Bolivia ha publicado una serie de documentos de
análisis con el objetivo de aportar a su gestión para evitar que genere
violencia, profundice los factores que le dieron origen y deteriore aún más las
relaciones entre las partes.
Actualmente, cuando la IX marcha
indígena se encuentra en la ciudad de La Paz esperando la atención de sus demandas,
UNIR reitera que la violencia no es un recurso éticamente aceptable ni es
sostenible para la gestión constructiva de conflictos, por lo que manifiesta su
profunda preocupación ante los hechos ocurridos el 5 de julio, cuando a los
intentos violentos de un grupo de personas de romper el cerco policial para
ingresar a la plaza Murillo se respondió con una desproporcionada acción
policial, que hizo víctimas a mujeres y niños, lo que se suma a la serie de
agresiones que han sufrido las y los indígenas a lo largo de este conflicto. Si
no se ofrece una salida pronta y adecuada a esta situación estos hechos de
violencia podrían repetirse y agravarse, como se observó el 6 de julio,
produciendo mayores distanciamientos y rencores de difícil superación. Si eventualmente
las y los marchistas decidieran volver a su territorio sin respuesta a sus
demandas y la situación quedara irresuelta podría generarse un nuevo escenario
de conflicto y trasladarse la violencia hacia el propio TIPNIS.
Por otra parte, la Fundación plantea
la necesidad de cumplir la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional
que establece que la consulta debe ser libre, previa, informada y de buena fe,
garantizando a las naciones y pueblos indígenas su libre determinación, el
reconocimiento de sus instituciones propias y la consolidación de sus entidades
territoriales, a fin de que adquiera carácter constitucional.
En este marco UNIR señala, una vez
más, la urgencia de instalar un proceso de diálogo en el que participen los
actores directamente involucrados, empezando por un encuentro entre los
indígenas integrantes de la IX marcha y el gobierno central. Considerando la
situación actual en que se encuentra el conflicto, caracterizada por la
existencia de altos niveles de desconfianza mutua, propone la participación de
un equipo de facilitación y/o mediación integrado por especialistas nacionales
e internacionales que sea aceptado por ambas partes, a fin de que el diálogo
pueda concretarse en un marco de respeto a las normas nacionales y a los convenios
internacionales vigentes y avanzar hacia el logro de acuerdos sostenibles.
Bolivia, julio 10 de 2012
lucha de nuestros pueblos
Estados Unidos, Venezuela y Paraguay
La
política externa norteamericana en América del Sur sufrió las consecuencias totalmente
inesperadas de la prisa de los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con
tamaña voracidad que no podían aguardar hasta abril de 2013, cuando serán
realizadas las elecciones, y ahora articula todos sus aliados para hacer
revertir la decisión del ingreso de Venezuela [al Mercosur]. La cuestión de
Paraguay es la cuestión de Venezuela, de la disputa por la influencia económica
y política en América del Sur.
Por Samuel Pinheiro Guimarães*
Los medios conservadores salieron a socorrer a
los neogolpistas.
1. No se pueden entender las peripecias de la
política sudamericana sin llevar en cuenta la política de los Estados Unidos
para América del Sur. Los Estados Unidos todavía son el principal actor
político en América del Sur y debemos comenzar por la descripción de sus
objetivos.
2. En América del Sur, el objetivo estratégico
central de los Estados Unidos, que, a pesar de su debilitamiento, continúa
siendo la mayor potencia política, militar, económica y cultural del mundo, es
incorporar todos los países de la región a su economía. Esta incorporación
económica lleva, necesariamente, a un alineamiento político de los países más
débiles con los estados Unidos en las negociaciones y en las crisis
internacionales.
3. El instrumento táctico norteamericano para
alcanzar este objetivo consiste en promover la adopción legal, por los países
de América del Sur, de normas de liberalización más amplia del comercio, de las
finanzas y de las inversiones, de los servicios y de “protección” a la
propiedad intelectual a través de la negociación de acuerdos en nivel regional
y bilateral.
4. Éste es un objetivo estratégico histórico y
permanente. Una de sus primeras manifestaciones ocurrió en 1889 en la 1ª
Conferencia Internacional Americana, que se realizó en Washington, cuando
Estados Unidos, que ya era la primera potencia industrial del mundo, propuso la
negociación de un acuerdo de libre comercio en las Américas y la adopción, por
todos los países de la región, de una misma moneda: el dólar.
5. Otros momentos de esta estrategia fueron el
acuerdo de libre comercio Estados Unidos-Canadá; el NAFTA (Área de Libre
Comercio de América del Norte, incluyendo, además de Canadá, México); la
propuesta de creación de un Área de Libre Comercio de las Américas –ALCA; y,
finalmente, los acuerdos bilaterales con Chile, Perú, Colombia y con los países
de América Central.
6. En este contexto hemisférico, el principal
objetivo norteamericano es incorporar Brasil y Argentina, que son las dos
principales economías industriales de América del Sur, a este gran “conjunto”
de áreas de libre comercio bilaterales, donde las reglas relativas al
movimiento de capitales, a las inversiones extranjeras, a la defensa comercial,
a las relaciones entre inversores extranjeros y Estados serían no sólo las mismas,
sino que permitirían la plena libertad de acción para las megaempresas
multinacionales y reducirían al mínimo la capacidad de los Estados nacionales
para promover el desarrollo, aunque sea desarrollo capitalista, de sus
sociedades y de proteger y desarrollar sus empresas (y capitales nacionales) y
su fuerza de trabajo.
7. La existencia del Mercosur, cuya premisa es la
preferencia en sus mercados por las empresas (nacionales o extranjeras)
instaladas en los territorios de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay
com relación a las empresas que se encuentran fuera de ese territorio y que
pretende expandirse en el intento de construir un área económica común, es
incompatible con el objetivo norteamericano de liberalización general del
comercio de bienes, de servicios, de capitales, etc., que beneficia sus
megaempresas, naturalmente mucho más poderosas que las empresas sudamericanas.
8. Por otro lado, un objetivo (político y
económico) vital para Estados Unidos es asegurar el suministro de energía para
su economía, pues importa 11 millones de barriles diarios de petróleo, 20% de
ellos provenientes del Golfo Pérsico, área de extraordinaria inestabilidad,
turbulencia y conflicto.
9. Las empresas norteamericanas fueron
responsables por el desarrollo del sector petrolífero en Venezuela a partir de
la década de 1920. Por un lado, Venezuela tradicionalmente suministraba
petróleo a Estados Unidos y, por otro lado, importaba equipamiento para la
industria de petróleo y los bienes de consumo para su población, inclusive
alimentos.
10. Con la elección de Hugo Chávez, en 1998, sus
decisiones de reorientar la política externa (económica y política) de
Venezuela en dirección a América del Sur (principal, pero no exclusivamente, en
dirección a Brasil), así como de construir la infraestructura y diversificar la
economía agrícola industrial del país romperían la profunda dependencia de
Venezuela con relación a Estados Unidos.
11. Esta decisión venezolana, que afectó
frontalmente el objetivo estratégico de la política exterior norteamericana
de garantizar el acceso a fuentes de energía próximas y seguras, se tornó aun
más importante en el momento en que Venezuela se tornó el país com mayores
reservas de petróleo y en el momento en que la situación en el Oriente Próximo
es cada vez más volátil.
12. Desde entonces se desencadenó una campaña
mundial y regional de los medios contra el Presidente Chávez y Venezuela,
buscando demonizarlo y caracterizarlo como dictador, autoritario, enemigo de la
libertad de prensa, populista, demagogo, etc. Venezuela, según los medios, no
sería una democracia. Y crearon una “teoría” según la cual, aunque un
presidente haya sido electo democráticamente, él, al no “gobernar
democráticamente”, sería un dictador y, por lo tanto, podría ser derribado. Es
más, ya hubo un intento de golpe en 2002 y los primeros líderes que
reconocieron el “gobierno” que emergió de ese golpe en Venezuela fueron George
Walker Bush y José María Aznar.
13. A medida que el Presidente Chávez comenzó a
diversificar sus exportaciones de petróleo, notadamente para China, sustituyó
Rusia en el suministro energético de Cuba y comenzó a apoyar a los gobiernos
progresistas electos democráticamente, como los de Bolivia y Ecuador, empeñados
en enfrentar las oligarquías de la riqueza y del poder, los ataques duplicaron
orquestados en todos los medios de la región (y del mundo).
14. Esto ocurrió a pesar de no haber dudas sobre
la legitimidad democrática del Presidente Chávez, que desde 1998 disputó doce
elecciones que fueron consideradas, todas ellas, libres y legítimas por
observadores internacionales, incluyendo el Centro Carter, la ONU y la OEA.
15. En 2001, Venezuela presentó, por primera vez,
su candidatura al Mercosur. En 2006, después del término de las negociaciones
técnicas, el Protocolo de adhesión de Venezuela fue firmado por los Presidentes
Chávez, Lula, Kirchner, Tabaré y Nicanor Duarte, de Paraguay, miembro del
Partido Colorado. Comenzó entonces el proceso de aprobación del ingreso de
Venezuela por los Congresos de los cuatro países, bajo una cerrada campaña de
la prensa conservadora, entonces preocupada con el “futuro” del Mercosur que,
bajo influencia de Chávez, podría, según ella, “perjudicar” las negociaciones
internacionales del bloque, etc. Aquella misma prensa que habitualmente
criticaba al Mercosur y que abogaba por la celebración de acuerdos de libre
comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, etc., en lo posible de forma
bilateral, y que consideraba la existencia del Mercosur una traba para la plena
inserción de los países del bloque en la economía mundial, empezó a preocuparse
con la “sobrevivencia” del bloque.
16. Aprobado por los Congresos de Argentina, de
Brasil, de Uruguay y de Venezuela, el ingreso de Venezuela empezó a depender
del Senado paraguayo, dominado por los partidos conservadores representantes de
las oligarquías rurales y del “comercio informal”, que comenzó a ejercer un
poder de veto, influenciado en parte por su oposición permanente al Presidente
Fernando Lugo, contra quien intentó abrir 23 procesos de “impeachment” desde su
asunción en 2008.
17. El ingreso de Venezuela en el Mercosur
tendría cuatro consecuencias: dificultar la “remoción” del Presidente Chávez a
través de un golpe de Estado; impedir la eventual reincorporación de Venezuela
y de su enorme potencial económico y energético a la economía norteamericana;
fortalecer el Mercosur y tornarlo aun más atractivo para la adhesión de los
demás países de América del Sur; dificultar el proyecto permanente de Estados
Unidos, de creación de un área de libre comercio en América Latina, ahora por
la eventual “fusión” de los acuerdos bilaterales de comercio, de la cual el
acuerdo de la Alianza del Pacífico es un ejemplo.
18. Así, el rechazo del Senado paraguayo a la
aprobación del ingreso de Venezuela al Mercosur se tornó una cuestión
estratégica fundamental para la política norteamericana en América del Sur.
19. Los líderes políticos del Partido Colorado,
que estuvo en el poder en Paraguay durante sesenta años, hasta la elección de
Lugo, y los del Partido Liberal, que participaba del gobierno de Lugo,
seguramente evaluaron que las sanciones contra Paraguay en consecuencia del
“impeachment” de Lugo serían principalmente económicas, y no económicas,
limitándose a que Paraguay no podrían participar de reuniones de Presidentes y
de Ministros del bloque.
Después de esta evaluación, dieron el golpe.
Primero, el Partido Liberal dejó el gobierno y se alió a los Colorados y a la
Unión Nacional de los Ciudadanos Éticos – UNACE y aprobaron, en una sesión, una
resolución que consagró un rito supersumario de “impeachment”.
Así, ignoraron el Artículo 17 de la Constitución
paraguaya, que determina que “en el proceso penal, o en cualquier otro del cual
pueda derivar pena o sanción, toda persona tiene derecho a disponer de las
copias, medios y plazos indispensables para presentación de su defensa, y a
poder ofrecer, practicar, controlar e impugnar pruebas”, y el Artículo 16, que
afirma que el derecho de defensa de las personas es inviolable.
20. En 2003, el proceso de “impeachment” contra
el Presidente Macchi, que no fue aprobado, llevó cerca de 3 meses, mientras el
proceso contra Fernando Lugo fue iniciado y terminado en cerca de 36 horas. El
pedido de revisión de constitucionalidad presentado por el Presidente Lugo ante
la Corte Suprema de Justicia de Paraguay ni siquiera fue examinado, y fue
rechazado in limine.
21. El proceso de “impeachment” del Presidente
Fernando Lugo fue considerado golpe por todos los Estados de América del Sur y,
de acuerdo con el Compromiso Democrático del Mercosur, Paraguay fue
suspendido de la Unasur y del Mercosur, sin que los neogolpistas manifestasen
ninguna consideración por las gestiones de los Cancilleres de la Unasur, a
quienes recibieron inclusive con arrogancia.
22. En consecuencia de la suspensión paraguaya,
fue posible y legal para los gobiernos de Argentina, de Brasil y de Uruguay la
aprobación del ingreso de Venezuela en el Mercosur a partir del 31 de julio
próximo. Acontecimiento que ni los neogolpistas, ni sus admiradores más fervorosos
– Estados Unidos, España, el Vaticano, Alemania, los primeros que reconocieron
al gobierno ilegal de Franco – parecen haber previsto.
23. Frente a esta evolución inesperada, toda la
prensa conservadora de los tres países, y la de Paraguay, y los líderes y
partidos conservadores de la región, partieron en socorro de los neogolpistas
con todo tipo de argumentos, proclamando la ilegalidad de la suspensión de
Paraguay (y, por lo tanto, afirmando la legalidad del golpe) y la inclusión de
Venezuela, ya que la suspensión de Paraguay habría sido ilegal.
24. Ahora, Paraguay pretende obtener una decisión
del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur sobre la legalidad de su
suspensión del Mercosur, mientras, en Brasil, el líder del PSDB
anuncia que recurrirá a la justicia brasileña sobre la legalidad de la
suspensión de Paraguay y del ingreso de Venezuela.
25. La política externa norteamericana para
América del Sur sufrió las consecuencias totalmente inesperadas de la prisa de
los neogolpistas paraguayos en asumir el poder, con tamaña voracidad que no
podían aguardar hasta abril de 2013, cuando serán realizadas las elecciones, y
ahora articula todos sus aliados para hacer revertir la decisión de ingreso de
Venezuela.
26. En realidad, la cuestión de Paraguay es la
cuestión de Venezuela, de la disputa por influencia económica y política en
América del Sur y de su futuro como región soberana y desarrollada.
*Samuel Pinheiro Guimarães es diplomático brasileño y profesor del
Instituto Rio Branco. Ex- coordinador del Bloco del Mercosur.
Ante la crisis
Con la escalada de la crisis mundial, los problemas
globales alcanzan a todos los niveles, a los países del norte desarrollado,
Europa y Estados Unidos, los golpea con inusual dureza, pero también las
economías llamadas emergentes sufren los embates de manera creciente, además de
la ofensiva hegemónica del imperio en su carrera de dominación, ya que la
crisis está lejos de ser superada. Pero en la región se instrumentan medidas
para paliar los efectos de la economía mundial maltrecha, basadas en las
solidaridades regionales, tal como lo demuestran el Mercosur y Unasur, mal que
les pese a los agoreros mediáticos.
Y lo que no puede obviarse es la crisis política
que se genera a partir de los movimientos telúricos de la economía que afecta a
todos los planos de la vida social. Los cómplices del imperialismo han actuado
en Paraguay, intentan hacerlo en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador y lo han
hecho duramente en Honduras, dispuestos a usar cualquier medio en defensa de
sus intereses.
En nuestro país, encabezan el pelotón de
provocaciones los medios concentrados y dominantes, con campañas de descrédito
a las políticas que favorecen el crecimiento y la distribución, para crecer con
igualdad y equidad, como señalara la Presidenta el 9 de julio pasado.
Pintan como dictatorial la reforma a la Carta
Orgánica del Banco Central, que permite que los bancos destinen a la inversión
para grandes, pequeñas y medianas empresas, señalando que la Argentina va a una
chavización de su economía y de sus instituciones, y agregan que son políticas
que deterioran la confianza y ahuyentan la inversión, y el colmo, sostienen que
hay que revisar completamente la política oficial, dirigista e intervencionista
del Estado, para aprovechar una oportunidad que nos brinda el mundo. ¿Se
refieren a otro mundo o al que se menciona más arriba?
Por cierto, lo que es necesario acentuar, es
precisamente la intervención del Estado, para lograr soberanía y deshacerse de
la dependencia que intentan imponernos descaradamente tal como lo hacen en
Grecia, España o Italia.
De esto se puede deducir que es necesario fijar
prioridades político-programáticas, que consideramos deben ir en el sentido de
fortalecer aun más, y cabe, la integración latinoamericana, la distribución de
la riqueza, con instrumentos estatales para orientar y controlar que el
comercio exterior, la renta de la tierra y el subsuelo no sean objeto de la
especulación financiera, el desarrollo económico popular, con cooperativas,
pymes, empresas recuperadas, microemprendimientos, empresas públicas y la
imprescindible democratización de la sociedad. Para tomar solo un caso, y es
justo plantearlo ahora, tras el golpe en Paraguay, aquella ilusa idea de que
nunca sería aplicada la ley llamada antiterrorista, a la luz de la experiencia,
exige su inmediata derogación.
A partir de una frontera claramente establecida
respecto de la derecha, de los intereses imperialistas, de la gran burguesía
depredadora, la unidad de las fuerzas populares constituye un pilar decisivo, fundado
en el respeto de las identidades, con debates estimulantes, ya que el tema de
la unidad no es instrumental sino estratégico y requiere de nuestro
protagonismo.
*Del
boletín exterior del Partido Comunista de Argentina.
Por Yurién Portelles*
Quito (PL) La solicitud de asilo político de Julian
Assange ha vuelto la mirada del mundo sobre Ecuador, no sólo por el interés que
despierta el hombre que desafió a Estados Unidos, al revelar sus secretos de
guerra y el doble rasero en su relación con los demás países.
Ver Hipermedia: Julian Assange, creador de
Wikileaks, vuelve a la mira internacional La pregunta repetida es cómo este
país pequeño resolverá por la vía diplomática y política el caso tras el
ingreso a la Embajada en Londres del fundador de Wikileaks, en un intento por
salvarse de ser extraditado desde Suecia a Estados Unidos y condenado a la pena
capital.
Assange habría tomado la decisión de refugiarse en
el recinto perteneciente a territorio ecuatoriano cuando consideró que no tenía
otra herramienta, al negarse la reapertura de su proceso judicial en Reino
Unido.
Desde allí podía evadir ser llevado a Suecia y las
presiones a Estocolmo para su entrega a Washington, además de poner fin a un
cautiverio que cumplió durante más de 500 días sin otro requerimiento que no
fuera el sueco, por presuntos delitos sexuales.
Además de sus temores de ser enjuiciado por delitos
políticos en Estados Unidos, Assange expresó que las autoridades británicas
aprovecharían los Juegos Olímpicos como cortina de humo para enviarlo a Suecia
y que el caso no trascendiera el contexto noticioso de la cita mundial.
DESTINO ECUADOR
Si bien no era previsible esa determinación del
periodista australiano, desde este país suramericano se habían tendido diversos
puentes de manera directa o indirecta, que
probablemente influyeron en que él recurriera a sus autoridades para
proteger su existencia.
Los abogados explicaron sus motivos alegando la
certeza de su defendido de que el gobierno de Ecuador no negociaría su caso con
Estados Unidos, donde ya la presidenta del Comité de Inteligencia del Senado
estadounidense, Dianne Feinstein, demandó que sea enjuiciado por espionaje.
El fundador de Wikileaks dijo que precisaba de un
sitio donde pudiera continuar su labor y, de hecho, desde la Embajada
ecuatoriana en Londres él mismo dio el visto bueno a la difusión reciente de
cables sobre Siria que, dijo, ayudarían a comprender el conflicto.
Entre los antecedentes de su solicitud a Ecuador,
en 2011 varios medios nacionales publicaron aquí informes obtenidos por esa red
digital y que condujeron a la expulsión de la entonces embajadora de Estados
Unidos, al negarse a dar explicaciones al respecto.
También hubo otro acercamiento al tema luego de que
a fines de 2010 el entonces vicecanciller Kintto Lucas se pronunció a favor de
una visita de Assange al país y declaró la posibilidad de concederle la
residencia, si éste la hubiera requerido.
Más recientemente el diario El Telégrafo realizó
una entrevista exclusiva con Assange, además de publicar todos los cables
relativos a Ecuador.
Por otra parte, Assange en su programa El mundo del
mañana, transmitido por Rusia Today, escogió a Correa entre sus invitados, a
quien preguntó por qué su gobierno aceptó publicar los cables de Wikileaks.
El que nada debe, nada teme, respondió el
mandatario al hablar de su relación con la prensa privada opositora a la que ha
tenido que enfrentar en estos cinco años de gobierno, y la cual se habría
puesto de acuerdo para no publicar más cables filtrados para no hacerse daño
ellos mismos.
COMPÁS DE ESPERA
Ecuador se toma su tiempo buscando no errar en su
decisión, tras evaluar las implicaciones legales y jurídicas para el país, por
demás en un año preelectoral.
El Canciller Ricardo Patiño señaló que se tomarán
todo el tiempo necesario en analizar la situación del australiano, ya que en
este caso los tiempos no son perentorios, por lo que una respuesta podría
demorar incluso años.
Correa, por su parte, afirmó que se analiza
seriamente la solicitud de asilo y que cualquier decisión sería soberana,
acorde con la tradición de proteger los derechos humanos de aquellas personas
que lo requieran. El mandatario consideró extraña la naturaleza de los cargos
imputados a éste y dijo que su país le dará protección mientras se realizan
conversaciones al más alto nivel.
"Todo el mundo sabe que él es un luchador por
la libertad de expresión sin límites", aseveró en unas de sus
intervenciones, en las que puso en duda que Assange sea requerido en Suecia por
delitos que éste niega al alegar fueron relaciones consensuadas.
Dijo además que Ecuador rechaza la pena de muerte,
por lo que no podría arriesgar a una persona que ha solicitado asilo, más aún
por delitos políticos, a que enfrente esa posibilidad.
"No podemos aceptar que haya una persecución
política por las ideas expresadas por Assange y, si ha cometido una infracción
legal en cuanto a los Wikileaks, que se presenten esos cargos", enfatizó.
A juzgar por las declaraciones de Patiño y Correa
no sería difícil advertir que el gobierno de Ecuador aceptará la petición de
asilo; sin embargo, el laberinto diplomático pareciera demorar la decisión
final.
LABERINTO DIPLOMÁTICO
En cualquier momento, según el derecho
internacional, Ecuador tendría la potestad de emitir su respuesta sobre el
pedido de asilo, decisión que, según Patiño, sería argumentada suficientemente,
incluso con varios cientos de páginas si fuera necesario.
Entre las disyuntivas para esta demora podría estar
el hecho de que se trata de un ciudadano australiano, retenido en el Reino
Unido con prisión domiciliaria, requerido en Suecia por delitos sexuales y
anhelado por Washington.
Los expertos en diplomacia señalan que, aunque se
conceda el deseo de Assange, faltaría que Londres extienda un salvoconducto para
permitir el traslado del periodista hasta este país.
Se asegura que la Policía Metropolitana de Londres
permanece apostada en las afueras del recinto diplomático en espera de que el
refugiado ponga un pie fuera para arrestarlo con el argumento de que ha violado
las condiciones de su arresto domiciliario en el Reino Unido.
Las autoridades ecuatorianas han sostenido diálogos
con la contraparte británica sin que hasta ahora se tenga una seña de por dónde
va la negociación, dada la hermeticidad con que las partes han mantenido el
asunto.
Orlando Pérez, director de El Telégrafo, señala que
se abre una gama de posibilidades jurídicas y políticas, todas ellas bajo un
signo de fondo: Estados Unidos, "país que tendrá un rol no público y sí
muy indirecto en cualquiera de las salidas que se le dé al caso".
También, dice, cuenta mucho hasta dónde la
comunidad internacional y los líderes de opinión puedan contribuir, y de hecho
importantes personalidades y organizaciones del mundo han expresado su apoyo,
entre ellos el Foro de Sao Paulo y el cineasta estadounidense Michael Moore.
Como quiera que sea, este caso es una prueba de
fuego para el gobierno de Ecuador en la arena internacional, mientras Assange
protege su vida, tras haber revelado al mundo verdaderas pretensiones de
Estados Unidos.
* Corresponsal de Prensa Latina en Ecuador.
Lecturas
—Manifiesto de los indígenas de la IX marcha (PDF)
—Carta de Cajamarca (PDF)
Redactores:
La Paz: Marco Antonio
Fernández Alanoca, Sulma Echaverría García, Isabel Pomier, Wilfredo Pomier
Miranda y José Julián Sirpatico. Cochabamba:
Alonso Contreras Baspineiro, Fernando Méndez Terrazas y Claudia Zegarra Rivero.
Santa Cruz: Alejandro Dausá. Sucre:
Roberto Valdiviezo Luna. Potosí: Héctor
Hinojosa Rodríguez y Rosa Laime Muñoz. Trinidad:
Fanthy Velarde. Madrid (España):
Carlos M. Caravantes García.
Sobre el Comandante
de Nuestra América: www.chebolivia.org
De la Redacción:
Las notas firmadas expresan los criterios de los
autores.
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